En Estados Unidos operan cientos de grupos armados con miles de afiliados. Todos se alimentan de una ideología de odio que atenta contra la seguridad de sus propios conciudadanos y de los extranjeros. Tras la aprobación de la Ley SB1070 en Arizona, que para algunos constituye una amenaza racista contra los inmigrantes, está la violencia de esas organizaciones extremistas y el fracaso de un sistema económico
La sombra del extremismo y el odio se proyecta sobre todo el territorio estadunidense. Vigilantes fronterizos, supremacistas blancos, afroamericanos separatistas, neonazis, neoconfederados –a favor de la esclavitud y el separatismo del sur– homófobos y católicos radicales enfilan su encono contra quienes son diferentes a ellos. Los militantes de esos grupos ya no se limitan a participar en marchas, discursos y volanteos, sino que amenazan y atacan a sus víctimas abiertamente, queman banderas mexicanas y atizan el odio racial en todo el país, advierte el Informe de inteligencia 2010, del Centro de Leyes para la Pobreza en el Sur (SPLC, por sus siglas en inglés).
Sólo en 2009, el número de los llamados “grupos de odio” en Estados Unidos aumentó 54 por ciento respecto de 2000-2008; y oscilan entre las tendencias de violencia contra los negros y la inmigración no blanca. En 2009, operaron ese país no menos de 932 grupos de odio, siendo los principales el Movimiento Nacional Socialista (NSM, por sus siglas en inglés), el Imperial Klans de América (IKA), el Vinlander Social Club (que agrupa a neonazis) y el Consejo de Ciudadanos Conservadores (CCC).
Para Mark Potok, responsable del Informe de inteligencia 2010, esto se atribuye a los efectos en la población por la crisis económica y la llegada del primer afroamericano a la presidencia de Estados Unidos. Detrás de ese “enojo” que prevalece en el escenario político estadunidense, Potok señala los cambios raciales entre la población, el aumento en la deuda pública y la “terrible” situación económica por los apoyos que el gobierno destinó a “los banqueros y otras elites”.
Esas medidas se consideran “socialistas” e incluso “fascistas” por la derecha radical que se nutre de las teorías de la conspiración y el racismo. Por esa razón, el periodista y experto en el movimiento de la derecha radical, John Foster, Chip, Berlet ha expresado: “Estamos en medio de una de las rebeliones de la derecha más significativas en la historia de Estados Unidos”.
Chip Berlet, también analista de Asociados de Investigación Política, advierte cómo se mezclan los movimientos populares, sociales y políticos con personas “enojadas” contra el sistema de la burocracia federal. Los llama “resentidos”, por los programas y políticas sobre la inmigración, el trabajo, el aborto y los matrimonios homosexuales.
Tal escenario sirve de fermento para que se fortalezcan grupos como el NSM, originado en Minnesota y que mantiene una red de 81 organizaciones en 36 estados. Esa fortaleza territorial lo mantuvo en 2009 como el grupo más numeroso del escenario neonazi. Por su parte, entre los principales grupos supremacistas figuran: IKA, con base en Kentucky, y el CCC.
El Informe de inteligencia 2010 muestra que sólo Washington alberga a 15 organizaciones extremistas. Ahí militan la neonazi Nación Aria, activa en la ciudad de Tacoma; la Hermandad de Klanes de los Caballeros del Ku Klux Klan, y la organización de cabezas rapadas racistas Volksfront de Seattle.
En el “Mapa del odio” (donde se muestra la actividad de los grupos extremistas) del SPLC se observa que los estados de Estados Unidos que lindan con México albergan numerosas organizaciones extremistas. Se trata de 66 en Texas, 60 en California, 16 en Arizona y 51 en Florida. En la costa Este se aprecia que Louisiana tiene 28, Missouri, 31; Alabama, 32; Georgia, 37; Carolina del Sur, 36, y Carolina del Norte, 29.
Otras 24 operan en Arkansas, 27 en Ohio, 28 en Pennsylvania, 44 en New Jersey, 22 en Virginia, 28 en Illinois, 17 en Iowa, 13 en Virginia Este, 31 en Nueva York y 16 en Massachusetts. También actúan 25 en Mississippi, 32 en Alabama. Dakota del Norte y Vermont figuran con una organización de odio cada una; Nuevo México, el vecino occidental de Arizona, apenas presenta la acción de dos grupos extremistas; Utah tiene seis y Nevada, 15.
Entre los grupos de odio con mayor actividad en Arizona, están: la Patrulla Fronteriza Americana, que actúa en Sierra Vista, al igual que los Hooligans Cabezas Muertas. En Tempe opera la organización homófoba Iglesia Bautista de la Palabra de la Fe; en Tucson, el grupo de nacionalistas blancos América Libre; en Colorado, la organización de odio generalizado Santos Fundamentalistas de los Últimos Días, y en Mesa, la agrupación racista Tripulación de Mesa.
En Phoenix, la capital de ese estado, tienen gran actividad la agrupación separatista negra Nación del Islam, la racista Hermandad de Klanes de los Caballeros del Ku Klux Klan, el neonazi Movimiento Nacional Socialista; las antiinmigrantes Unidos por una América Soberana, Los Chicos de Botas de Phoenix y la Volksfront.
Las expresiones del odio
Armados con fusiles, pistolas, radios, binoculares, incluso con varias avionetas de las que disponen a su arbitrio, grupos de civiles son la nueva expresión de la xenofobia y el racismo estadunidense. Por esa tendencia a la alza, en 2008 la Oficina Federal de Investigaciones admitió que los crímenes de odio contra los latinos subieron 40 por ciento de 2003 a 2007.
En medio de ese clima de desprecio, antipatía y rencor, los inmigrantes construyen casas, edificios gubernamentales y escuelas, cocinan en los restaurantes, sirven en las casas, entregan mercancías, barren las calles de las ciudades, podan los jardines públicos y cultivan los alimentos que consumen millones de estadunidenses. Constituyen la mano de obra más barata que criminalizan los gobiernos estatales y el blanco del odio racista; son imprescindibles para la economía y víctimas de la intolerancia.
Para los inmigrantes mexicanos, el recuento de las acciones de los militantes de la agrupación Minutemen American Defense (MAS) es penoso. Este grupo, fundado en 2005, busca “proteger la frontera sur de la contaminación a su cultura por parte de los inmigrantes” que “roban” sus empleos a los estadunidenses.
Su directora ejecutiva, Shawna Forde, fue arrestada, junto con Jason Eugene Bush y Albert Robert Gaxiola, luego de asesinar en mayo de 2009 a Raúl Flores –quien guardaba droga y dinero en su casa, presuntamente para contribuir a las actividades del MAS?. Su hija de nueve años, Brisenia Flores, murió por los disparos en esa incursión de los Minutemen en Arivaca, Arizona.
Entretanto, los miembros de la agrupación xenófoba Proyecto Minutemen relanzaron en mayo pasado su campaña antimexicana. En voz de Raymond Herrera, de ascendencia mexicana, y uno de los representantes más aguerridos de ese grupo, el grupo expresó ante los medios de Arizona: “Los mexicanos que se vienen para acá son ilegales, son criminales. La gente de México trae droga, trae muerte para Estados Unidos”.
Otra activa antiinmigrante es Susan Tully, directora regional de la Federación para la Reforma Migratoria de Estados Unidos. En 2004, Tully afirmó que los inmigrantes que cruzan la frontera con Estados Unidos “no vienen a convertirse en estadunidenses”. En el caso de los musulmanes que radican en aquel país, les reprocha que “sólo promueven la colonización de su propia religión y de su propia cultura”.
Entre quienes en sus discursos llaman a la violencia contra los mexicanos, destaca Laine Lawless, dirigente de la organización antiinmigrante Guardianes Fronterizos. Un video de la televisora Canal 9 KGun, de Tucson (del 16 de diciembre de 2006), la muestra llamando a sus compatriotas a rechazar “con fuerza” a los mexicanos indocumentados. Ese mismo año, Laine y Roy Warden encabezaron la quema de banderas mexicanas ante varios cientos de asistentes a una reunión.
El SPLC encontró que, el 3 de abril de 2010, Laine envió un mensaje a Mark Martin, dirigente de la Unidad de Ohio Occidental del Movimiento Nacionalista Socialista. En ese correo electrónico, que llevaba por título “¡Cómo sacárnoslos de encima!”, la militante “sugirió varias maneras de hostigar y aterrorizar a los inmigrantes indocumentados, incluidos el robo y las golpizas a la salida de las fábricas”.
En julio de 2008, dos jóvenes blancos de Pennsylvania fueron acusados de golpear hasta la muerte a Luis Ramírez, un mexicano que caminaba con una mujer blanca. En la audiencia preliminar, un policía retirado testificó que escuchó cuando uno de los atacantes gritó a la mujer: “¡Dile a tus amigos mexicanos que se vayan de Shenandoah o quedarán igual que él!”
Ese acto, considerado un crimen de odio y asesinato en tercer grado, sólo obtuvo una sentencia por asalto simple. A partir de entonces, la Fundación Mexicano-Americana para la Defensa Legal y Educacional emprendió una campaña para que el Departamento de Justicia juzgue por crimen de odio a los atacantes de Ramírez.
Organizaciones como Guardián, que actúa en San Diego, California, la asociación Mantenga la línea en El Paso, Texas, la llamada Rescate del Rancho y la American Border Patrol anunciaron la reanudación de sus actividades al comienzo de la primavera de 2010.
Las acciones xenófobas no sólo proceden de civiles, sino de autoridades estadunidenses. El 6 de febrero de 2009, Joe Arpaio, alguacil del condado Maricopa en Arizona, decidió alojar en frágiles carpas a indocumentados arrestados. El distrito bajo la influencia de este funcionario incluye Phoenix, la capital del estado que dos meses después de esos hechos promulgó la polémica Ley SB1070.
Conocido como el “sheriff más duro de América”, Arpaio ha creado una suerte de “campo de concentración” donde los presos viven, rodeados de alambradas y torres de vigilancia y se les obliga a vestir uniformes a rayas. Esa vestimenta oculta el color rosa de su ropa interior, zapatos y toallas “como una forma de humillación”, reveló el 27 de abril el diario español El Mundo.
Ante la agresiva campaña antiinmigrante que lanzan las milicias, destacadas principalmente en la línea divisoria entre México y Estados Unidos, la Red de Acción Fronteriza lanzó una campaña para instar a las agencias gubernamentales a tomar cartas en el asunto y acotar la actuación de esas milicias.
Red de Acción Fronteriza trabaja en el sur de Arizona y busca asegurar la protección de los derechos de las comunidades inmigrantes y fronterizas. Ha señalado que los funcionarios locales “debieron haber hecho su trabajo, aplicando la ley desde hace años para detener a este tipo de grupos paramilitares” y hacer cumplir la ley.
Por esa razón, invitó a los ciudadanos de Arizona a llamar por teléfono y enviar correos electrónicos a esos funcionarios para exigirles que apliquen la ley: “¡Hagamos sonar sus teléfonos hasta el cansancio! ¡No permitamos que suceda otra vez un acto de violencia!” son los llamados de esta agrupación.
Contra la educación
Momentos después de que la gobernadora de Arizona firmara la ley antiinmigrante de Estados Unidos, la Junta de Gobernadores de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA, por sus siglas en inglés) instruyó a su Comité Ejecutivo para cambiar la sede de su conferencia prevista para otoño, que se realizaría en Arizona.
Ese mismo martes 23 de abril, Bernie Wolfsdorf, el presidente de esa agrupación explicaba: “No podemos, en plena conciencia, gastar dólares de esta asociación en un estado que deshumaniza a la gente que representamos y por la que luchamos. Lo que la gobernadora Brewer hizo, al firmar esa ley, es validar todos los miedos irracionales de las personas que no desean reconocer los beneficios económicos y culturales de la inmigración hacia nuestro país”, completó Wolfsdorf.
El abogado insistió en que si el pueblo de Arizona busca terminar con la inmigración ilegal en serio, en primer lugar deberían estar en primera línea en el Capitolio para urgir al Congreso que haga lo correcto y apruebe la reforma migratoria integral.
La AILA agrupa a los abogados especializados en temas migratorios, promueve justicia, aboga por una ley y política de inmigración razonable y justa, y propone avanzar en una ley de calidad de la inmigración y de nacionalidad que fortalezca el desarrollo profesional de sus miembros.
Por su parte, el 28 de abril, Mary Bauer, directora legal del SPLC, expresó que la Ley de Inmigración de Arizona “viola la Constitución y garantiza el perfil racial”. La reciente ley es inconstitucional y pisoteará indudablemente los derechos civiles de los residentes atrapados en su camino, pues al tener una “sospecha razonable” de que una persona está ilegalmente en el país, los abogados de Arizona han creado un sistema que garantiza el perfil racial. También usurparon a la autoridad federal al intentar reforzar la ley de inmigración. Simplemente “esta ley es un desastre en materia de derechos humanos y un insulto a los valores estadunidenses”.
A su vez, desde México, Edmundo Ramírez Martínez, secretario de asuntos migratorios de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, alertó que la Ley SB1070 ocasionó ya el crecimiento de los grupos de odio contra mexicanos en Estados Unidos, ya que de 880 que se identificaron en 2009, “para este año ya se tienen 1 mil 250”.
Respecto del futuro profesional de los mexicanos que estudian en Arizona, Aarón Enrique Almada, consejero universitario de la Universidad de Arizona y estudiante de maestría en educación crítica y estudios migratorios, dibuja un escenario difícil: “Antes de que se promulgara esa ley, muchos de los estudiantes mexicanos venían a Arizona para estudiar, y luego de recibirse, muchos no regresaban a México, sino que encontraban empleos en Estados Unidos o en otros países. Creo que los pocos que hubieran podido venir a estudiar y luego regresar como profesionistas en México, lo pensarán dos veces antes de tomar esa decisión.”
Hace notar que las universidades de Arizona son las que tienen las colegiaturas con precios más razonables de Estados Unidos, pero por esa nueva legislación migratoria, las familias podrían optar por inscribir a sus hijos en universidades de California o de otros estados, “aunque gastarán más de lo que hubieran erogado aquí en Arizona”. Tan sólo por el costo de nivel de vida familias extranjeras –no sólo mexicanas–, se ahorran mucho dinero en matricular a los estudiantes en Arizona.
Almada anticipa que esta ley “sí tendrá un efecto negativo en el desarrollo futuro de México”. Subraya, sin embargo, que con un pensamiento “idealista”, ésta es una oportunidad “perfecta” para que los estados norteños de México desarrollen programas de postsecundaria para ser más fuertes y competitivos.
“La gente que está acostumbrada a cruzar la frontera diariamente ya no lo hará tan frecuentemente o dejará de hacerlo por temor a ser víctima de abusos a sus derechos civiles”. Aprecia que el efecto negativo de la nueva norma migratoria será más pronunciado en las zonas de mayor interacción y mucha gente inocente puede resultar perjudicada, aunque vaticina que “México seguirá siendo visitado por turistas que traerán con ellos sus dólares para gastar”.
El futuro del racismo
Las organizaciones extremistas estadunidenses, opuestas a la inmigración mexicana, podrían aumentar en la medida en que sus acciones se fundamentan en estereotipos o distorsiones que, conforme se generalizan, impactan en la política migratoria federal o estatal, señala José María Ramos, doctor en ciencias políticas y sociología por la Universidad Complutense y el Instituto de Investigación Ortega y Gasset de Madrid.
Estima que, en este sentido, la política exterior mexicana ha sido insuficiente para entender esas dinámicas locales regionales. Para el también investigador del Colegio de la Frontera Norte, la falta de información sobre las acciones que realizan estas agrupaciones contra los inmigrantes “es parte del desconocimiento que se tiene acerca de estos actores y de la forma en que se articulan en las agendas locales- regionales y en las políticas binacionales”.
Generalmente se les tiende a minimizar, “pero conforme responden a demandas sociales, tienen un impacto en las políticas estatales”.
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