Panista uno y aparente expanista el otro, pretenden que la información se ajuste no a la veracidad contrastada con los hechos, sino que asida a la autocensura deje de ofrecer esa realidad a la opinión pública para publicar sólo los boletines y decires de los funcionarios, quienes mienten sobre lo que ha pasado a partir del golpismo militar disfrazado de lucha a muerte contra las delincuencias, para que no se sepan los abusos y homicidios cometidos contra ciudadanos (los mazahuas que García Luna encarceló fueron golpeados, robados y privados ilegalmente de su libertad) que nada tienen que ver en ese conflicto, y sólo ejercen su derecho constitucional a vivir en sus domicilios y transitar sin tener que ser agredidos y asesinados.

Gómez Mont, panista disfrazado de antipanista (como Manuel Espino disfrazado de “periodista”, de los ultras de El Yunque y avanzada del fundamentalismo seudocristiano), y que ha insistido en sustituir la Constitución por el Código Penal, se atrevió a dar línea sobre cómo deben los medios de comunicación dar a conocer la información sobre el combate fallido a la delincuencia. Exigió casi el silencio y que los periodistas callen ante el baño de sangre y los excesos violentos de unos y otros, para que este sea el país del “no pasa nada”. Es un ataque autoritario. Y lleva visos de limitar la libertad de expresión. No fueron habladas del extitular de Gobernación. Era para continuar la embestida iniciada y constantemente repetida de Calderón contra las libertades de manifestación de las ideas, de escribir y publicar escritos (por radio, televisión, Internet, etcétera) y formular peticiones, en el contexto de “investigación y de libre examen y discusión de las ideas”, duramente conquistadas a través de las Revoluciones de 1810, 1954 y 1910.

Gómez Mont le enseñó los dientes a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con sus temerarias imputaciones de que, con las demás comisiones de los estados, es “cómplice” y “tonto útil” de la delincuencia. Y al contrapoder de la prensa le quiso limar el filo de sus críticas y derogar el derecho a la información porque, supuestamente, ésta le hace el juego a la violencia del narcotráfico. En ese juicio condenatorio del, antes que político, abogado penalista, habría que encontrar a los “tontos inútiles” que son comparsa del autoritarismo presidencial que quiere abolir esas libertades. Es necesario que de todo el país, donde el republicanismo y la democracia tienen a sus convencidos seguidores, se salga al paso de lo que más que una fanfarronada fue un ataque directo a las libertades y a su defensa, como derechos humanos, los cuales estorban a estos gobernantes que se “han hecho indignos de gobernar” y, desesperados ante su inminente derrumbe, quieren deshacerse de esos derechos y libertades que son el límite a los abusos del poder de los calderonistas y de cualquier otro. Como cuando los fascistas quisieron hacer lo mismo, la prensa como contrapoder hace suya la divisa: “¡No pasarán!”

Álvaro Cepeda Neri