Luego de festejar su primer centenario, la UNAM se prepara para “afrontar los retos de hoy y del porvenir”. El rector José Narro impulsa una reforma para ampliar el máximo órgano colegiado, modificar el estatuto que rige la vida académica, establecer criterios de movilidad, internacionalización y flexibilidad para estudiantes y docentes, y transparentar los procesos internos. Sin embargo, los trabajos se hacen a espaldas de la comunidad universitaria. La reforma sólo será exitosa si incluye a los estudiantes y a los catedráticos, advierten consejeros
Las reformas a la legislación universitaria, que actualmente se discuten en el Consejo Universitario (CU) –máximo órgano de decisión de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)–, implicarían la modificación de, por lo menos, 16 normatividades, incluido el Estatuto General y el Estatuto del Personal Académico (EPA); la abrogación del Reglamento de las Licenciaturas en Campi Universitarios Foráneos; una nueva versión de tres ordenamientos, y la creación de ocho reglamentos. La UNAM se encuentra en un proceso de “fortalecimiento y renovación institucional”, había anunciado José Narro Robles, rector de la máxima casa de estudios, desde finales de 2010.
Las comisiones de Trabajo Académico y Legislación Universitaria del CU se encargan ya de elaborar el proyecto que prevé cambios al gobierno, la academia y la gestión universitarias. La ampliación de la composición del Consejo Universitario y la modificación del EPA serían las principales reformas, señalan integrantes de ambas comisiones.
No se busca dividir a la comunidad universitaria ni limitar sus derechos, aseguró Narro Robles; el objetivo, fortalecer los principios básicos de la Universidad y prepararla para “afrontar los retos de hoy y del porvenir”, agregó el rector durante la última sesión del CU, celebrada el 31 de marzo en las instalaciones de la Antigua Escuela de Medicina. Ahí, los consejeros profesores de las facultades de Filosofía y Letras, de Psicología, y del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) externaron su preocupación de que “exista una separación entre el CU y la gran masa de profesores y alumnos”. Y es que los trabajos se han mantenido en sigilo.
Así, llamaron a la Rectoría universitaria a dar a conocer, a la brevedad, los documentos de modificación a la legislación universitaria, en particular, en lo que se refiere al Estatuto del Personal Académico. “Que se divulguen los documentos” y “que estas comisiones emitan boletines en los que señalen las líneas que se están siguiendo”, propuso Humberto Domínguez Chávez, profesor del CCH y consejero universitario.
Narro Robles se comprometió a difundir los documentos de la reforma porque, atajó, “tampoco hay nada ahí que pueda ser secreto”.
Ampliar el Consejo Universitario
“Dar más fuerza a la comunidad universitaria” a través del fortalecimiento de los órganos colegiados, particularmente del CU, es un hecho, asegura, en entrevista, Hugo Casanova Cardiel, integrante de la Comisión de Legislación Universitaria de este Consejo. Lo que ahora se discute, precisa el también investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, es “el cómo”.
Se busca incrementar la representación de los estudiantes y trabajadores; además incluir a los sectores académicos que no tienen presencia en el CU, como los técnicos académicos y los investigadores de los centros. “Un reclamo de la comunidad universitaria desde hace varias décadas”, apunta Hervin Fernández Aceves, consejero estudiantil de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
Según los informes de la Subcomisión Conjunta, la reforma al Consejo Universitario debe fundarse “en un adecuado equilibrio entre los criterios de representatividad y operatividad”.
Una de las propuestas que se ha planteado al interior de esta subcomisión es que al CU, integrado actualmente por 228 consejeros, se sumen 46 universitarios: dos alumnos de bachillerato, ocho de escuelas y facultades de nivel superior, cuatro de los programas de posgrado, dos profesores de bachillerato, ocho de escuelas y facultades de nivel superior, dos representantes de las dependencias universitarias, 10 técnicos académicos, ocho investigadores de centros y dos representantes del personal administrativo. La propuesta está contenida en el documento Reunión de la Subcomisión Conjunta de Trabajo Académico y Legislación Universitaria del Consejo Universitario, fechado el 19 de noviembre de 2010.
Asimismo, con el objeto de ampliar la representación de los más de 30 mil trabajadores administrativos que laboran en la UNAM, se propone crear la figura de invitados permanentes, quienes tendrían derecho a voz, pero no a voto; tampoco podrían participar en las reuniones de las comisiones. Según la Ley Orgánica universitaria, este sector sólo tiene un representante ante el CU, al que se ha incorporado su suplente.
Durante la última sesión del Consejo Universitario, el consejero Esteban Guerrero Santos agradeció al pleno la propuesta de incrementar la representación de su sector: el personal administrativo. Sin embargo, señaló que “todavía no hemos acabado la discusión sobre las características de la representación, es decir el número y las posibilidades de que éstos también participen en las comisiones con voz y voto”.
El 4 de octubre de 2002 fue la última vez que se modificó la composición del máximo órgano colegiado de la Universidad. Entonces, ocho consejeros (cuatro propietarios y cuatro suplentes), representantes de los programas de posgrado, se incorporaron al CU. No obstante, para Ruperto Patiño Manffer, presidente de la Comisión de Legislación Universitaria, la magnitud de la reforma que ahora se prepara no tiene precedentes.
A decir de Casanova Cardiel, la renovación del CU representa “una avenida para la universidad del futuro”. El investigador aclara que “no se busca hacer una reforma y terminarla; lo que estamos planteando es una plataforma de reforma universitaria; que el Consejo Universitario se fortalezca y que se plantee hacia futuro como un órgano de mayor legitimidad y representatividad”.
Será al inicio del ciclo escolar 2011-2012 –luego de que el secretario General de la UNAM envíe a las escuelas, facultades e institutos las listas de los universitarios elegibles– cuando iniciará formalmente el proceso de elección del próximo CU. Para entonces, la reforma a este órgano colegiado, incluida la revisión de los términos y plazos para la elección de consejeros, deberá estar lista.
Modificar el EPA
El 9 de diciembre de 2011, el Claustro Académico, encargado de elaborar la propuesta de reforma al EPA, se disolvió. Los acuerdos que este órgano colegiado logró desde su creación (en julio de 2004) fueron puestos a consideración del CU, que actualmente decide el rumbo de los más de 34 mil académicos que integran la UNAM.
La reforma al principal instrumento de regulación del quehacer sustantivo de la Universidad redefiniría la figuras y carreras académicas; los lineamientos de superación de los catedráticos; los procedimientos para su ingreso, definitividad y promoción; los criterios bajo los cuales serían evaluados; así como sus derechos, obligaciones y sanciones.
En su Congreso General Ordinario, celebrado en agosto de 2010, el Sindicato de Trabajadores de la UNAM (STUNAM) resolvió rechazar el proyecto de reforma al EPA “hasta que se dé un ambiente de apertura a la diversidad de opiniones presente en la comunidad académica de la Universidad”. Fuentes del STUNAM informaron a Contralínea que, a principios de 2011, Narro Robles se reunió con la dirigencia del Sindicato. “No pasará nada que no sea consensuado”, les dijo.
Profesores agrupados en la Asamblea Universitaria Académica han señalado que la reforma al Estatuto del Personal Académico atenta contra los derechos de los académicos. Fomenta la competitividad, afecta el proceso de enseñanza-aprendizaje, contribuye a segmentar el trabajo, favorece la desorganización del sector, mutila derechos laborales, desaparece figuras importantes, acaba con el reconocimiento a la experiencia y antigüedad docente, deja en indefensión académica y laboral a diversos sectores académicos, somete a la academia a un mayor control de las autoridades (Contralínea 194).
Otras reformas
Además de modificar la composición del CU y reformar el EPA, así como de actualizar, ajustar y ordenar los cuerpos normativos que han sido modificados en el pasado, la reforma universitaria apunta a establecer criterios de movilidad, flexibilidad e internacionalización.
De acuerdo con el documento Una reforma de la Universidad. Documento de trabajo, elaborado por la Secretaría General de la UNAM y fechado el 26 de noviembre de 2010, algunas de las propuestas son: fomentar la movilidad estudiantil entre los planes de las mismas entidades, entre instituciones nacionales e internacionales, así como el tránsito entre niveles educativos; elaborar planes de estudio simultáneos a nivel licenciatura y posgrado; establecer estudios compartidos con otras instituciones de educación superior; promover la participación de académicos nacionales y extranjeros como parte de la planta académica.
Asimismo, se busca promover la enseñanza del inglés, estimular los estudios interdisciplinarios, fortalecer el servicio social y que las actividades culturales sean acreditadas en planes y programas de estudio.
En lo que respecta a la gestión, se pretende elaborar una nueva versión del Reglamento Interno del Patronato Universitario y del Reglamento sobre Ingresos Extraordinarios. Además crear el Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.
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