LA LEY DE TIERRAS ES IMPOSTERGABLE

Un préstamo pre otorgado por parte del Banco Mundial a la conocida expropiadora de tierras ajenas Calyx Agro Ltd, para ampliar sus explotaciones agrícolas en Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, suena a esta altura como una provocación. O dicho más académicamente, una vuelta de tuerca, en su forma, pero no en su esencia, de las políticas neoliberales a las que tan afecto fue y es este organismo multilateral.

A contramano de las políticas de varios de los gobiernos latinoamericanos, entre ellos, Argentina, el BM otorgará 30 millones de dólares a un fondo de compra de tierras agrícolas en América Latina a nombre de personas que ostentan el ránking de ser las más millonarias del planeta.

Mientras se espera que la ley de tierras se convierta en realidad en nuestro país, y frene el virulento proceso de extranjerización iniciado durante los ’90, otras 15 millones más de hectáreas podrían ser adquiridas por empresas extranjeras, sumándose a las 21 millones que ya poseen.

Como se recordará, Calyx Agro fue creada en Argentina por Louis Dreyfus Commodities en el año 2007 como vehículo para la adquisición de tierras agrícolas en el sur de América Latina. Louis Dreyfus es propiedad de la familia Louis-Dreyfus de Francia y es uno de los mayores operadores del mundo de productos agrícolas junto a otros capitalistas locales e internacionales de la empresa Calyx Agro, responsable de la compra de tierras. La empresa ya tiene campos en la Argentina, Brasil y Uruguay, y se apresta a ir por más. Según trascendió, la mayor parte de la inversión total se repartirá entre la Argentina y Brasil.

Este préstamo del Banco Mundial a Calyx Agro, allanará la expansión a gran escala de los fondos de tenencia de tierras, muchas veces aliados de las grandes corporaciones nacionales explotadoras de tierras en forma indiscriminada.

Resulta irresponsable que un organismo multilateral insista con políticas cuyas consecuencias de despojo, desplazamiento de personas, cambio climático, depredación de los recursos naturales, entre otras lacras, se expandan en vastas regiones del mundo, ricas en recursos. Y a la vez desoiga los legítimos e históricos reclamos de cientos de movimientos sociales, indígenas, campesinos, grupos ecológicos, académicos, etc., que reclaman poner fin a la concentración en pocas manos de inversionistas extranjeros.

Además de Argentina, son muchos los gobiernos de América Latina que están llevando adelante medidas para restringir la inversión extranjera en sus tierras agrícolas. Sin dejar de decir que los déficits en materia de política distributiva de tierras aún persisten, dada la demora de los estados para aplicar normativas que no sólo limiten la concentración de la tierra en manos de capitales extranjeros, sino que también acoten la tenencia de la tierra en pocas manos de grupos nacionales, quienes, a su vez, suelen adoptar el mismo modelo de explotación depredador de los inversionistas foráneos, rechazando toda intervención reguladora por parte del Estado.

Ha sido público el reconocimiento que el Banco Mundial hizo en torno al fracaso de las políticas neoliberales que capitaneó en la década de 1990, pero como señala Pablo Dávalos, ex viceministro de economía de Ecuador, asesor de la CONAIE y miembro de Clacso “ahora el problema no es el neoliberalismo”, ya criticado por el propio Banco Mundial, sino el “neoinstitucionalismo”, que lo continúa por otros medios. Lo que conlleva, señala Dávalos, a prestar especial atención al tipo de legitimidad que requieren hoy las políticas extractivistas de recursos naturales.

El neoinstitucionalismo, que aplica el Banco Mundial, postula que las instituciones correctas generan resultados correctos y que la clave consiste entonces en copiar las de los países desarrollados. Desde esta visión, sustentada hoy por el BM el problema del capitalismo no es su naturaleza de dominación y de explotación, sino la existencia de reglas de juego inadecuadas (instituciones inadecuadas), o la carencia de reglas de juego (instituciones).

La abierta defensa del capitalismo del libre mercado es matizada con este marco conceptual con propuestas de política que atienden a la “institucionalidad histórico concreta”. El discurso puramente económico (el que realmente interesa) aparece ahora revestido de consideraciones jurídicas, sociológicas, políticas y hasta culturales (tradición, patrimonio histórico). Sin embargo, aunque la mona se vista de seda, mona queda…

Estas políticas, bajo otras formas, pero con los mismos objetivos de obtener mayores beneficios para el mercado, en este caso, agropecuario, en el sistema de “la libre competencia” debería alertar a todos los gobiernos de la región que intentan limitar con nuevas normas y procedimientos la tenencia de la tierra en manos extranjeras, así como reorientar una política de distribución más justa. No impedir este avance implicaría incrementar los efectos devastadores que dichas explotaciones han tenido y tienen aún en las personas y el medio ambiente, en América Latina y en el resto del mundo, como se sigue denunciando: pérdida de soberanía, la ausencia de control en la explotación de recursos estratégicos, el desplazamiento forzado de pueblos originarios, así como la aplicación de recursos tecnológicos para la explotación que, como está fehacientemente comprobado, suelen ser depredatorias de los recursos naturales, entre otras consecuencias.

En tanto, el BM marcha hacia la puesta a punto de los formatos políticos de la dominación (la neoinstitucionalización) en el momento del capital financiero, en la orientación a la convergencia normativa de los acuerdos de libre comercio y consolidación de la violencia liberal para la criminalización social. Tarea que llevan a cabo con la ayuda logística y sistemática de los medios de comunicación hegemónicos y decenas de agencias de capacitación para producir cuadros técnicos, políticos y económicos que sostengan la nueva institucionalidad que requiere el mercado o desde el Estado o como Estado paralelo.

Hoy, en nuestro país, capitales italianos, malayos, australianos, norteamericanos, chilenos, españoles, ingleses, chinos, además de capitales nacionales representan el 1,3% de los propietarios que hoy concentran el 43% de la superficie explotable de un total de 170 millones de hectáreas agropecuarias. Esta reforzada ofensiva de privatización y mercantilización de la naturaleza incluye también el financiamiento –vía préstamos– para el clima, combustibles fósiles y represas, entre otras iniciativas, cuyas consecuencias producen verdaderos holocaustos sociales y económicos.

Está claro que el Banco Mundial, desde su creación, ha sido una herramienta fundamental que sirve a los intereses de los satélites transnacionales y las políticas financieras, pero ahora está buscando un nuevo papel a través de una renovada “retórica” para la mayoría de las inversiones del llamado “capitalismo verde”. En tanto, nuestra región, aun con debilidades y contradicciones, intenta neutralizar y corregir lo pendiente en materia de derechos soberanos sobre la tierra y sus recursos naturales. Esta carrera plagada de obstáculos y enormes limitaciones que ya ha iniciado nuestro país junto a otros es contra reloj.

Entre la pereza de la oposición parlamentaria, dividida y atravesada por la especulación electoral, el tratamiento de la ley de tierras se demora, mientras paralelamente el Banco Mundial avanza con su cometido. Está claro que lo que está en juego es la propia supervivencia de la especie humana, violar e impulsar políticas contrarias al derecho a la tierra, deberían ser considerados delitos de lesa humanidad, si es que la humanidad sobrevive, antes de que sea demasiado tarde.