Policías, presidentes municipales como el de Monterrey, Fernando Larrazábal; desgobernadores como Rodrigo Medina, de Nuevo León (las familias de ambos viven seguras en territorio estadunidense); y ni el mismo presidente de Los Pinos (nuestra nación y Republica ya no tiene un Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos), son incapaces de mantener atrás de la raya a los matones. Éstos privan de la vida al que se les antoje. Es el otro poder, el de los sicarios: el de matar en un Estado que sus órganos con sus titulares, unos supuestamente elegidos y otros designados, no son ni eficaces ni eficientes. Y ciertamente no tenemos gobernantes, pero sí cientos de disfrazados de servidores públicos que cobran puntualmente sueldos excesivos por no hacer siquiera su mínima obligación: garantizar la seguridad individual y colectiva de la sociedad.

La estrategia establecida por militares y las policías corruptas (salvo uno que otro honrado que cumple con su deber, son una golondrina que no hace verano), ha fracasado. No hay resultados, con todo y la detención de capos, como el del famoso anuncio publicitario de Los Pinos, el Chango, ni el cínico matón del cártel hospedado en el Estado de México, al amparo del peñanietismo, la “Mano con Ojos”. Tenemos un intervalo muy especial: hay funcionarios que no funcionan (sin embargo sí cobran), pero vamos para 12 años de panismo, donde carecemos de presidente, de gobernadores y presidentes municipales. No por derrocamientos o muerte, sino porque son maniquíes a los que soldados y policías (o guaruras privados), cuidan día y noche. El presidente Felipe Calderón trae consigo más de 100 guardaespaldas disfrazados de civiles como si fueran una “nube” de pueblo que lo rodea (y si un ciudadano se acerca, lo golpean y detienen).

Entre los más de 50 mil homicidios (de acuerdo con cifras oficiales prorrumpidas por el mentiroso Alejandro Poiré, exsecretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional y recién nombrado director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional; Luis Cárdenas, actual Titular de la División de Seguridad Regional de la Secretaría de Seguridad Pública federal; Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública; y el propio Blake, apoyados por Calderón) se encuentran soldados, policías, delincuentes, estudiantes, ¡niños! e infinidad de ciudadanos ajenos a la “no-guerra” calderonista. Calificados despectivamente como “daños colaterales”, también hay miles de periodistas, como el asesinato de Humberto Millán Salazar, quien ejercía su trabajo como reportero, corresponsal y analista en Culiacán, donde el desgobernador panista de última hora, Mario López Valdez no cumple con sus obligaciones. Esta entidad, como gran parte del país, es territorio de la delincuencia que se extiende como una peste, al amenazar a millones de mexicanos (no menos de 100 millones), indefensos, mientras los ricos se trasladan con sus caudales no bien habidos al extranjero.

Así, soldados y policías contra la delincuencia, escenifican el caos de “la guerra de todos contra todos”. Dos días después de secuestrado el periodista Millán Salazar fue hallado con un balazo en la nuca. Este crimen se suma a los otros 50 mil en una situación apocalíptica, ya que los funcionarios desorganizados cuando se atreven a cumplir con sus obligaciones, no pueden contener las embestidas sangrientas.

El periodismo de Millán Salazar criticaba al desgobernador anterior: Jesús Aguilar (priísta antiguo) y tenía en su mira el mal desempeño del actual desgobernador,Mario López Valdez (expriísta). Y parece que por eso fue asesinado. Así, los funcionarios son delincuentes atrincherados también en la burocracia de la administración pública, en los órganos judiciales y legislativos de los estados y de la federación. Los panistas han continuado con su odio a la prensa y principalmente a la escrita (en radio y televisión controlan la información y silencian la crítica por medio de publicidad que disfraza sobornos, como hace el peñanietismo).

Mientras, el calderonista Gustavo Chávez Salas pone su cara panista para informar a los diputados federales y a los senadores (que si acaso escuchan, sin que pase nada), que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión –de la que está a cargo– es ineficaz para perseguir a los funcionarios que amenazan, agreden, presionan y matan a periodistas y hacen de sus editores o propietarios de los medios de comunicación, sus suplantadores para que éstos los censuren o despidan, al pagar publicidad para que nada “inconveniente” sea publicado.

Como ejemplo, el caso de Pronósticos Deportivos. El director general Adolfo Blanco Tatto (al que varios de los que conocen su manejo sombrío, esperan denunciarlo formalmente), paga páginas enteras, compra espacios en radio y televisión, para no ser objeto de investigación periodística.

Se mata a los mexicanos que nada tienen que ver con la “estrategia calderonista” a la luz de que “el poder, es el poder de matar”. Y asesinan a otros porque informan y critican los abusos del poder gubernamental.

Álvaro Cepeda Neri