Si aún se necesitaban pruebas de que lo que está sucediendo en Siria no es una rebelión generalizada sino una serie de actos destinados a sembrar el terror entre la población y a tratar de sembrar resentimiento contra un gobierno que cuenta con un decidido respaldo popular, los más recientes actos de sabotaje contra la infraestructura pública ya no dejan lugar a dudas.

En la provincia de Idlib, la explosión de una bomba artesanal al borde de una carretera provocó la muerte de 6 trabajadores de una fábrica textil e hirió a otros 16 que se dirigían a su centro de trabajo a bordo de un minibús.

El transporte ferroviario de combustible destinado a la generación de electricidad también fue objeto de un atentado similar, en la misma región. Este otro atentado provocó heridas a 3 trabajadores que se hallaban a bordo del tren en el momento de la explosión.

En Deir Ezzor, varias torres de líneas de alta tensión también fueron blanco de sabotajes que provocaron importantes interrupciones del servicio eléctrico.
El «Observatorio Sirio de los Derechos Humanos», oficina londinense de la Hermandad Musulmana, no ha logrado atribuir los mencionados actos a la represión gubernamental por lo que ha preferido limitarse a denunciar supuestas masacres, sin aportar el menor elemento probatorio de sus afirmaciones.