PGR consigna 34 casos de lavado en la banca

En 2010 y en plena “guerra” contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, la inteligencia civil de México sólo logró llevar a juicio 34 casos de presunto lavado de dinero en el sistema financiero mexicano, revela el Informe de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2010, presentado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cámara de Diputados el pasado 15 de febrero.

Se trata de las 34 averiguaciones previas que la Procuraduría General de la República (PGR) consignó ante la justicia federal, de un total de 52 denuncias que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) al Ministerio Público federal a lo largo de ese año, y que integraron igual número de indagatorias judiciales.

Del informe elaborado por el máximo órgano de fiscalización se desprende que el 59.6 por ciento de las denuncias se presentó ante la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda. En total, esta área abrió 31 averiguaciones por igual número de denuncias, pero sólo realizó 19 consignaciones.

La Unidad Especializada de Investigación de Delitos contra la Salud recibió el 26.9 por ciento de las denuncias: abrió 14 averiguaciones previas, de las cuales consignó 10. La Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas abrió y consignó tres averiguaciones previas. La Dirección General de Control de Averiguaciones Previas abrió tres indagatorias de las que sólo consignó una. Y la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Indocumentados y Órganos abrió y consignó una.

Pero aunque en esas 34 operaciones tanto la Unidad de Inteligencia Financiera como la PGR presumieron que se vulneró el circuito financiero mexicano y sí se lavó dinero, hasta ahoraningún dueño, accionista ni alto ejecutivo de instituciones financieras legales ha sido encarcelado.

Además de los 52 casos denunciados, otras 70 transacciones que implican al sistema financiero en operaciones altamente riesgosas prendieron los focos rojos al interior del aparato de inteligencia civil, especializado en políticas antilavado y antifinanciamiento al terrorismo. Éstas, de entre un total de 4 millones 695 mil 31 reportes por operaciones inusuales, preocupantes y relevantes que recibió y analizó la Unidad en ese periodo.

En total, los expertos antilavado de la UIF dieron parte a la Procuraduría General de 122 operaciones en la banca comercial, casas de cambio, centros cambiarios, casas de bolsa, sociedades financieras de objeto múltiple (sofomes) y de objeto limitado (sofoles), seguros que consideraron prácticamente constitutivas de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (118 casos) y financiamiento al terrorismo y tráfico de armas (cuatro casos).

Con base en el oficio 110.-A.-065/2011 de la Unidad de Inteligencia Financiera, la ASF refiere que los 70 reportes se presentaron de la siguiente manera: 52 a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda; ocho a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud; seis a la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas; uno a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales; uno a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas; uno a la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros; y uno más a la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Indocumentados y Órganos.

Finanzas ilícitas intactas

Las tres decenas de casos llevadas ante la justicia federal, así como los otros 90 casos enterados a la Procuraduría General de la República contrastan con la realidad del lavado de dinero en México, que provee a la criminalidad todo su andamiaje operativo: personal, armas, vehículos, casas de seguridad, capacidad de corrupción.

Desde que inició la administración del presidente Felipe Calderón Hinojosa y hasta la fecha, este ilícito implicaría operaciones por unos 88 mil millones de dólares anuales: 49 mil millones que trasnacionales y empresas sacan ilícitamente del país a través del sistema financiero y que constituyen operaciones de lavado de dinero, de acuerdo con la reciente investigación de la consultora Global Financial Integrity (Contralínea 271); y 39 mil millones de dólares que los criminales logran legalizar con éxito en el país, de acuerdo con el Centro Nacional de Inteligencia sobre las Drogas de Estados Unidos (Contralínea 237).

Por tanto, en 2010 los delincuentes de cuello blanco –incluidas las trasnacionales que operan en México con capacidad para realizar facturaciones fraudulentas en otros países– sacaron del país unos 49 mil millones de dólares; mientras que los criminales ingresaron al circuito financiero un porcentaje no determinado de esos 39 mil millones de dólares producto sólo de la venta de narcóticos en Estados Unidos.

La balanza de las finanzas ilícitas no es desconocida: en sus reportes International narcotics control strategy report 2010 y 2011, el Departamento de Estado de ese país señala que “México sigue siendo un centro de lavado de dinero” y que “el contrabando de embarques de dólares a granel y la repatriación de los fondos ilícitos a través de mensajeros, vehículos blindados y transferencias bancarias de Estados Unidos hacia México siguen siendo los métodos preferidos para el blanqueo de dinero del narcotráfico”.

No obstante, la inteligencia civil destinada a detectar estas operaciones que llegan al circuito financiero en México ni siquiera tiene un sistema confiable, señala la Auditoría Superior: la Unidad reportó un total de 4 millones 695 mil 31 operaciones inusuales, preocupantes y relevantes, mientras que los organismos reguladores y supervisores reportaron en conjunto 11 mil 558 operaciones, “lo cual refleja que la información no es confiable y los reportes no son congruentes”.

El órgano fiscalizador dependiente de la Cámara de Diputados indica, además, que no se tuvo evidencia para determinar si los sujetos obligados emitieron los reportes trimestrales correspondientes al ejercicio fiscal de 2010 por todas las operaciones relevantes realizadas mediante el uso de cuentas concentradoras de sus clientes o usuarios.

Ello, porque la UIF se negó a proporcionar los datos con el argumento de que “la Auditoría Superior de la Federación no tiene facultades para tener acceso a la información contenida en los reportes de operaciones inusuales, preocupantes y relevantes, ya que dichas operaciones están relacionadas con posibles actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos previstos en los artículos 139 o 148 bis del Código Penal Federal o que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 bis del mismo Código y no cuentas o contratos a través de los cuales se administren o ejerzan recursos públicos federales (sic)”.

Banca trasnacional lava en México

En todo el ejercicio de 2010, la Unidad de Inteligencia Financiera detectó un caso de probable lavado de dinero que involucró a una trasnacional financiera. Se trató de una oficina de representación de una institución extranjera que se registró ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impedida para realizar actividades de intermediación financiera en el mercado nacional, por no contar con la autorización del gobierno federal.
La Unidad de Inteligencia, que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, “determinó que dicha oficina deberá abstenerse de actuar, directamente o por medio de interpósita persona, en operaciones de captación de recursos del público, ya sea por cuenta propia o ajena, y de proporcionar información o hacer gestión o trámite alguno para este tipo de operaciones”.

No obstante, de 2002 a 2009, cuatro instituciones financieras nacionales realizaron operaciones con esa institución financiera extranjera “que motivaron 266 reportes de operaciones relevantes: el 76 por ciento, con la institución financiera A; 13 por ciento, con la B; 10 por ciento, con la C; y 1 por ciento, con la D. El 80 por ciento de esas operaciones se generaron en sucursales de una misma entidad federativa”.

El Informe de la Auditoría Superior de la Federación no hace públicos los nombres de la trasnacional financiera ni de las instituciones nacionales involucradas en las irregularidades. “La institución extranjera motivó que en 2007, 2009 y 2010, la institución financiera C reportara tres operaciones inusuales”, refiere el documento.

La Auditoría concluye que la Unidad de Inteligencia notificó a la CNBV para que ejerciera sus facultades de supervisión por el incumplimiento de las disposiciones de carácter general en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en que incurrió la trasnacional.

Los hallazgos de la UIF

La Auditoría Superior de la Federación también da a conocer los principales hallazgos de la UIF durante el ejercicio de 2010, y los desglosa por ente regulador. En ese contexto, la auditoría de desempeño 10-0-06100-07-1026 descubre que la Unidad de Inteligencia Financiera señaló a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas que durante 2009 había una tendencia a la baja en la recepción de dólares en efectivo congruente con la actividad económica del país, “contrario con la situación de las instituciones de seguros”; por ello, la Unidad “determinó como riesgo el que las operaciones realizadas mediante cuentas concentradoras no se identifiquen como relevantes” en ese sector.

En el caso de la CNBV, con el oficio 110-A-032/2010 del 1 de julio de 2010, la UIF informó los principales hallazgos, tendencias y resultados del análisis de la información de enero de 2007 a mayo de 2010 que, en el ámbito de su competencia, detectó sobre la información generada en conjunto con el Banco de México sobre operaciones con dólares en efectivo, en particular de exportaciones hacia Estados Unidos. Los resultados “revelaron que una casa de cambio duplicó la exportación de dólares en efectivo a Estados Unidos”.

Respecto del Servicio de Administración Tributaria (SAT), encargado de regular a los centros cambiarios y transmisores de dinero, los resultados arrojaron que éste deberá de retroalimentar a los sujetos obligados para reducir el sobrerreporteo de operaciones inusuales y eliminar el envío de reportes de operaciones preocupantes cuando no lo sean. También se recomendó que el SAT encaminara a los sujetos obligados para que identificaran las actividades que desempeñan, orientarlos y supervisarlos, a fin de que en sus reportes de operaciones inusuales se incluyan los elementos para la detección de operaciones relacionadas con el lavado de dinero; además, se recomendó reforzar la supervisión en las zonas consideradas de riesgo.

Operaciones analizadas por la Unidad de Inteligencia Financiera

Las disposiciones de carácter general aplicables a los participantes del sistema financiero mexicano definen las operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes como:

1. Operación Relevante, aquella que se realice con billetes y monedas metálicas de curso legal en los Estados Unidos Mexicanos o en cualquier otro país, así como con cheques de viajero y monedas acuñadas en platino, oro y plata, por un monto igual o superior al equivalente en moneda nacional a 10 mil dólares de los Estados Unidos de América. Para efectos del cálculo del importe de las operaciones a su equivalente en moneda nacional, se considerará el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana, que publique el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, el día hábil bancario inmediato anterior a la fecha en que se realice la operación.

2. Operación inusual: operación, actividad, conducta o comportamiento de un usuario que no concuerde con los antecedentes o actividad conocida por el sujeto obligado o declarada a éste, o con el perfil transaccional habitual de dicho usuario, en función al origen o destino de los recursos, así como al monto, frecuencia, tipo o naturaleza de la operación de que se trate, sin que exista una justificación razonable para dicha operación, actividad, conducta o comportamiento, o bien, aquella operación, actividad, conducta o comportamiento que un usuario realice o pretenda realizar con el sujeto obligado de que se trate en la que, por cualquier causa, éste considere que los recursos correspondientes pudieran ubicarse en alguno de los supuestos previstos en los artículos 139, 148 bis o 400 bis del Código Penal Federal.

3. Operación interna preocupante: a la operación, actividad, conducta o comportamiento de cualquiera de los directivos, funcionarios, empleados y apoderados del sujeto obligado de que se trate que, por sus características, pudiera contravenir, vulnerar o evadir la aplicación de lo dispuesto por la ley o las disposiciones de carácter general, o aquella que, por cualquier otra causa, resulte dubitativa para los sujetos obligados por considerar que pudiese favorecer o no alertar sobre la actualización de los supuestos previstos en los artículos 139, 148 bis o 400 bis del Código Penal Federal.