Casa Nacional del estudiante: desfallece monumento histórico

/Segunda parte y última

Hace 101 años, en una ceremonia presidida por destacados personajes del porfiriato, como el científico y entonces secretario de Hacienda y Crédito Público, José Yves Limantour Marquet, fue colocada la primera piedra de la Casa Nacional del Estudiante tallada con la insignia: “México, julio 6 de 1910”. En un cofre de hierro, bajo los cimientos del inmueble de aproximadamente 2 mil metros cuadrados, quedaron sepultadas el acta del día, envuelta en un ejemplar del periódico El Imparcial y una colección de monedas de la época.

Setenta años después, la obra a cargo del arquitecto Mauricio de María y Campos –quien también dirigió la construcción del recinto que actualmente alberga a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal–, fue incluida en el Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, con el número de ficha 090060071352. También el Instituto Nacional de Bellas Artes la nombró monumento histórico.

Hoy, la Casa Nacional del Estudiante, ubicada en el perímetro A del Centro Histórico de la Ciudad de México, desfallece ante la indiferencia gubernamental. Las cuotas de recuperación –50 pesos mensuales– que le aportan cada uno de los estudiantes de licenciatura que la habitan (jóvenes de escasos recursos económicos y provenientes del interior de la república, constituidos desde 1966 como asociación civil) no son suficientes para solventar los gastos de mantenimiento, mucho menos para revertir su inminente deterioro.

De acuerdo con la tesis profesional Remodelación de la Casa del Estudiante en el DF, para obtener el título de arquitecto por la Universidad Nacional Autónoma de México, elaborada por Carlos Salgado Sandoval, el edificio que lo albergó durante los últimos tres años de la carrera y lo que duró su proceso de titulación tiene un “marcado deterioro físico” en fachada, acabados, herrería, estructura, cimentación e instalaciones.

Compuesta de tres cuerpos estilo ecléctico renacentista; con escudos labrados en cantería; piezas de talavera en color blanco, azul y verde; 37 ventanas de manera de pino enmarcadas en sillares de tabique; y dos columnas de orden toscano con relieves relativos a las ciencias, letras y artes, su fachada es una de las más afectadas. A los estragos del tiempo se suman los del clima, la contaminación y, por supuesto, la actividad humana.

Piezas faltantes de tabique rojo, deterioro de la capa de pintura de vinil y del aplanado de mezcla cemento-arena, vidrios rotos y madera en estado de putrefacción en las ventanas, azulejo cerámico y medallón de cantera gris con costras de mugre. La azotea con flora parásita, moho, fisuras y filtraciones de agua pluvial, como consecuencia de la falta de impermeabilizante.

Al interior, las escaleras de cantería con barandal de hierro y plomo que conectan los dos niveles de la casa estudiantil, permanecen en buen estado estructural, aunque con desprendimiento de pintura. No así el resto de la casa, con pisos, acabados, muros, herrería y vidrios en mal estado. Es el caso de las habitaciones, baños, auditorio, frontón cerrado, así como del vestíbulo poligonal y de triple altura que comunica con las crujías laterales y el patio.

El auditorio, además, carece de diseño acústico e isóptico (que tenga una óptica igual desde cualquier ángulo) y de una adecuada instalación eléctrica; el frontón cerrado, de electricidad y su cubierta de lámina se encuentra perforada. En lo que se refiere a la instalación hidráulica, tres de cuatro tinacos presentan fisuras.

En noviembre de 2011, Carlos Salgado, originario de Guerrero, presentó su examen profesional de nivel de licenciatura. Su tesis de remodelación de la casa estudiantil le valió una mención honorífica y la satisfacción de haber aportado al espacio que le permitió concluir sus estudios universitarios. Un mes después, consecuencia del temblor de 6.5 grados en la escala sismológica de Richter que sacudió al país, el techo de uno de los 108 cuartos que conforman el inmueble se derrumbó.

Una propuesta

De 2009 a la fecha, durante la gestión de Karina del Consuelo Mares Flores como representante legal de la Casa del Estudiante José Ives Limantour, AC, los habitantes se han reunido una docena de ocasiones con diversos funcionarios del gobierno local. El objetivo: encontrar una solución al deterioro físico del inmueble y a las demandas de seguridad, infraestructura y servicios.

De acuerdo con los citatorios a las mesas de trabajo, expedidos por la Dirección General de la Concertación Política y Atención Social y Ciudadana del Gobierno del Distrito Federal, “la atención a la demanda ciudadana es interés fundamental del jefe de Gobierno del Distrito Federal, el licenciado Marcelo Ebrard Casaubón”.

No obstante, la solución a las peticiones estudiantiles ha sido limitada. Los últimos dos encuentros sucedieron a mediados de enero pasado, luego de que Pablo Téllez Munguía, habitante de la Casa y alumno del Instituto Politécnico Nacional, fuera golpeado y acuchillado por tres sujetos, justo en la puerta principal del inmueble estudiantil.

La representación de la asociación civil pidió al gobierno capitalino la activación de un “código águila” y “un circuito cerrado de cámaras administrado por la AC”, con el objeto de garantizar la integridad física, sicológica y jurídica de los asociados-habitantes de la Casa Nacional del Estudiante. También, cubrir los gastos médicos de Téllez Munguía, quien fue sometido a cirugía por el daño abdominal que sufrió; y que se “investigue y sancione” a los responsables.

El atentado contra Pablo Téllez ocurrió en el contexto de las agresiones y amenazas en contra de los estudiantes que, desde el 1 de enero pasado, restringen el acceso a 37 personas que fueron expulsadas de la asociación civil y del inmueble.

Uno de los expulsados es Jared Pérez Cid, militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y responsable, junto con otros dos individuos de una agresión el 9 de enero (Contralínea 271). Por eso, la mesa directiva de la Casa pidió al gobierno local esclarecer su relación con este joven.

Pedro Bello Aguilar, director de Gestión Social de la administración capitalina, refiere que de entre estas peticiones la única que tuvo respuesta favorable fue la activación del “código águila”. No obstante, los habitantes de la Casa –quienes ya han sido beneficiaros de dicho esquema de vigilancia y, por tanto, conocen cómo opera– reportan que, hasta el cierre de esta edición, éste no se encontraba en funcionamiento.

—¿Ustedes tiene algún tipo de relación con Pérez Cid? –se le pregunta al funcionario–.

—Que yo sepa no. Se supone que está vinculado con el PRD y que conoce a funcionarios. No sé a quién conozca, si es que los conoce.

Para Bello Aguilar, el conflicto por el que actualmente atraviesa la Casa del Estudiante es producto de una división interna en la que nada tiene que ver el gobierno capitalino. Respecto del atentado contra el estudiante politécnico, el funcionario considera que es “circunstancial” porque “vivimos en una ciudad sobrepoblada” en la que la comisión de delitos es común.

La deuda del agua

Previo a esta reunión, en junio de 2009, Karina Mares dirigió un escrito a la Oficialía de Partes de la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal para solicitar una “disminución del crédito fiscal por concepto de derechos por el suministro del agua”. Luego de un año y cuatro meses de gestión y movilización por parte de la asociación civil, la instancia dependiente de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, a través del oficio SF/PFDF/SLCL/UDLL/2010/, con fecha de salida del 12 de octubre de 2010, emitió respuesta.

Resolvió disminuir en 40 por ciento el adeudo que esta asociación civil había acumulado en el transcurso de cinco años –del tercer bimestre de 2004 al tercero de 2009–, equivalente a 124 mil 139 pesos. A cambio, los integrantes de la casa estudiantil le entregaron un censo de sus habitantes, un reporte de las actividades que realizaron en 2009, y un balance general financiero de los últimos dos años para comprobar que sus ingresos son mínimos.

A pesar de que los estudiantes saldaron su deuda desde finales de octubre de 2010, es decir en tiempo y forma, por lo menos hasta el 8 de febrero pasado, en la base electrónica del Sistema de Aguas de la Ciudad de México no constaba dicho pago.

Por eso, durante la reunión del 18 de enero pasado, Pedro Bello planteó el tema a la mesa directiva de la casa estudiantil. Les pidió que, a la brevedad, solventaran su adeudo por concepto de suministro de agua, alrededor de 200 mil pesos, pues de lo contrario “pueden perder el Permiso Administrativo Temporal Revocable”.

Y es que, a decir del funcionario, el inmueble es propiedad de la administración local, quien expidió un permiso de uso, aprovechamiento y posesión de suelo a favor de la Asociación Civil Casa del Estudiante. En contraste, fuentes de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario del Distrito Federal indican que en “sus archivos no hay nada a favor del Distrito Federal” y que, incluso, existen “indicios” de que el predio es “patrimonio federal”.

En días recientes, la información referente a la asociación civil identificada como José Ives Limantour fue actualizada en la base electrónica del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Así, se sabe que el actual adeudo, que data del quinto bimestre de 2009, asciende a 113 mil 748 pesos, con recargos incluidos.

Ahora, la mesa directiva de la Casa del Estudiante busca una nueva disminución del crédito fiscal por suministro de agua y que, en adelante, se les cobre conforme a lo que marca su medidor, pues desde que se les instaló –en mayo de 2011–, nadie ha pasado a tomarle lectura. Karina Mares, representante legal, señala que el cobro por suministro del agua es excesivo, pues se considera a la Casa como una vecindad o multifamiliar con 108 tomas, y como tal se le cobra.

Fuentes del Sistema de Aguas de la Ciudad de México aclaran que el cobro que actualmente se hace a esta asociación civil es con base en lo que marca el medidor y que el personal del Sistema de Aguas “no necesariamente requiere entrar al predio para tomar la lectura”. Sin embargo, detectan irregularidades, ya que los últimos seis bimestres (de enero a junio de 2011) el costo es el mismo, 7 mil 290 pesos, “lo que indica que puede estar fallando el medidor”.

Otras demandas manifiestas durante este periodo y que tampoco han encontrado respuesta de la autoridad local son la impermeabilización del inmueble y la sustitución de los tinacos de asbesto (que de acuerdo con estudios de la Organización Mundial de la Salud desprenden material cancerígeno) por unos de polietileno. Lo que sí se realizó, acota Vanaquen Navarro Ramón –quien a partir de marzo de 2010 ejerce el cargo de representante legal al interior de la asociación civil–, fue “la poda de vegetación nociva” que crece, comúnmente, en construcciones antiguas como la casa estudiantil.

Finalmente, como consta en el oficio fechado el 29 de julio de 2009, y dirigido a la Subsecretaría de Programas Delegacionales y Reordenamiento Público de la Vía Pública, la actual representación estudiantil gestionó también el retiro del comercio ambulante de la zona aledaña a la Casa. Y es que, además de obstruir los accesos, los vendedores ambulantes sujetan sus puestos de la ya de por sí deteriorada estructura del inmueble histórico. También, porque el ruido excesivo que producen con altoparlantes a todo volumen afecta las dinámicas estudiantiles.

El 4 de agosto de 2011, dicha petición fue turnada, “para su mejor atención”, a la Coordinación General de la Autoridad del Centro Histórico, a cargo del coordinador de Acciones Sociales, Jesús Alberto Romero Cárdenas. “Lo que antecede es por considerar que su área está en posibilidades de otorgarle una mejor atención a las peticionarias y darle el seguimiento correspondiente”, se lee en el oficio SSRCVP/0244/2009, signado por Jorge A Martínez Castillo, subdirector de Seguimiento al Reordenamiento del Comercio en la Vía Pública. A la fecha, no hay respuesta.

En tanto, Pedro Bello asegura desconocer el deterioro físico en el que actualmente se encuentra el inmueble. “Ni sabía de ese tema. No sabía de las condiciones en que está al interior. No he entrado”.

Del paternalismo estatal al proyecto autónomo

Desde su creación hasta la fecha, la Casa del Estudiante ha transitado de un modelo paternalista hacia un proyecto autónomo y popular. Este último empezó a gestarse a partir de 2006, cuando algunos habitantes se organizaron para recuperar la razón social de la asociación civil: alojar a estudiantes de licenciatura de escasos recursos económicos y que provienen de interior de la república.

Entonces fueron expulsadas del inmueble y de la asociación todas las personas que no acreditaron su calidad estudiantil, alrededor del 70 por ciento de la comunidad de la Casa. Al frente de este grupo se encontraba la familia López Cruz, que lucraba con el espacio, amedrentaba a estudiantes y se coludía con mafias de comerciantes y grupos políticos del gobierno local.

Hoy, a cinco años de este hecho, hablar del proyecto autónomo popular de la Casa Nacional del Estudiante es más complejo. A decir de los asociados y egresados de la asociación civil, algunas de sus características son: la defensa de la educación pública, la solidaridad con luchas populares, la democratización de los mecanismos de toma de decisiones y de las relaciones sociales al interior del espacio; el apartidismo y la autogestión.

El viraje hacia el proyecto autónomo popular transformó también la relación que hasta entonces se tenía con el exterior, incluidos partidos políticos, dependencias gubernamentales e instituciones de beneficencia privada.

En 2004, cuando Blanca Melgarito Rocha, hija de un indígena otomí y exasociada, ingresó a la Casa del Estudiante, la caridad y el corporativismo político representaban las formas primarias de obtención de recursos. Donaciones del Club Rotario (Rotary Internacional) a cambio de que los estudiantes les organizaran desayunos y les permitieran tomarse la “foto del recuerdo”; o apoyos de la delegación Cuauhtémoc, con la condición de que los jóvenes pintaran murales para campañas políticas y les “llenaran sus eventos”.

“Nosotros nos dimos cuenta que vivir del asistencialismo no era digno y que teníamos que salir de eso. Fue cuando cortamos las relaciones corporativas con el Gobierno del Distrito Federal y, en concreto, con la delegación Cuauhtémoc. A partir de ahí y hasta la fecha, a manera de castigo, ellos comenzaron a denegarle a la asociación civil las aportaciones a las que tiene derecho todo ciudadano de la delegación”.

En el contexto del conflicto por el que actualmente atraviesa la casa estudiantil, luego de que 37 personas, entre las que se encuentra Jared Pérez Cid, militante del PRD, fueran expulsadas de la asociación civil, Blanca Melgarito, quien fungió como representante legal de 2006 a 2007, recuerda que durante su gestión “funcionarios del PRD” le ofrecieron aparecer en la nómina de este partido y así recibir un cheque mensual por 3 mil pesos “sin hacer nada; sólo lo que ya hacía en la Casa del Estudiante”.

“Yo no acepté”, asegura la también maestrante en estudios latinoamericanos. “Pero el trato de ellos es tan amable, tan buena onda, tan como si no te cooptaran; sino que ‘te ayudan en tu lucha justa’”.

Jared Pérez niega que detrás de él exista un “plan mafioso”: “No hay ningún funcionario de gobierno detrás de mí diciéndome qué hacer por la Casa”. No obstante, quienes han habitado el monumental inmueble saben que por su ubicación geográfica, comercial y turística, éste siempre ha sido objeto de intereses externos.

—¿Hay por parte de alguna instancia del gobierno del Distrito Federal la intención de acabar con el proyecto de la Casa Nacional del Estudiante y, por tanto, despojar a la asociación civil del inmueble?

—No, ¿por qué? Al contrario. Tú has visto con los [estudiantes] de Ayotzinapa todas la facilidades del mundo, independientemente de que traigan camiones secuestrados de por allá. No es nuestro interés meternos en situaciones políticas. ¿Cómo nos vamos a meter con Casa del Estudiante?– responde Pedro Bello Aguilar, director de Gestión Social de la Dirección General de Concertación Política y Atención Social y Ciudadana del Gobierno del Distrito Federal.