Continúan inquisiciones judiciales contra Contralínea

En Sonora, de Eduardo Bours Castelo a Guillermo Padrés Elías (exgobernador y actual mandatario de la entidad) cortados por la misma tijera de la corrupción, ya dejaron sin resolver la desaparición y ejecución de Alfredo Jiménez Mota (levantado el 2 de abril de 2005), periodista del diario El Imparcial de Hermosillo y que con el arribo de los panistas el gobierno se ha convertido en el parcial a esos intereses religioso-políticos. Y todas las inquisiciones judiciales, en la forma de demandas civiles contra periódicos y sus editores se suman a las amenazas cumplidas de los delincuentes para impedir la información sobre éstos. De esta manera las libertades de prensa están acosadas, de tal forma que son ya cientos de trabajadores del periodismo a los que han privado de la vida, libertad y, de paso, impuesto la censura.

Empresarios y funcionarios que quieren censurar la información, sobre todo la que se genera dentro y fuera de Petróleos Mexicanos (Pemex), respecto a la voracidad de quienes desde el sector privado la tienen sitiada para seguir con sus intentos de privatizarla con el visto bueno del panismo-calderonista. Ahora, (como en el levantamiento histórico del pueblo de Fuenteovejuna, en 1476, y que el dramaturgo español Félix Lope de Vega y Carpio perpetuó en su drama teatral del mismo nombre) funcionarios y empresarios que han sido objeto del derecho a la información se han unido en una complicidad anticonstitucional al atacar las libertades de escribir y publicar sobre cualquier materia, e infringen la jurisprudencia vigente para que Contralínea deje de publicar investigaciones periodísticas e impedir que esa información circule en el contexto de análisis y críticas a su desempeño depredador.

El semanario sigue en la mira de esa complicidad, ya que el panismo (antes foxista hoy calderonista) ha fomentado la integración del sector público al privado con sus propósitos perversos de que en el mercado libre… ¡libre de controles y entramado jurídico para regular y sancionar los excesos empresariales!, sólo tengan cabida los intereses creados del sector privado. Pero como Contralínea acata no recibir “línea” y afianzarse en su hacer y quehacer periodístico sin cortapisas, insiste en exhibir a través de la información veraz y contrastada, cómo los empresarios despojan a Pemex y a otros organismos como los institutos Mexicano del Seguro Social, de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la Lotería Nacional, Pronósticos Deportivos, etcétera. Esos funcionarios y hombres de presa se han dedicado a fincar inquisiciones judiciales a Contralínea, en la que sus reporteros publican investigaciones para conocimiento de la opinión pública, la cual debe de estar informada con la máxima libertad de expresión constitucional.

Los órganos judiciales del Distrito Federal y de algunas entidades, tienen no denuncias civiles contra la revista, sino auténticas inquisiciones judiciales que jueces y magistrados de jure deberían de declarar improcedentes; pero sospechosamente les dan entrada para fijar procedimientos civiles con la mira de quebrarla con indemnizaciones a funcionarios y empresarios (e incluso a quienes demandan un pago por daño moral, como el caso contra el historiador y académico Lorenzo Meyer Cosío).

Contralínea sigue sufriendo los embates judiciales, no obstante que constitucionalmente “la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial” y de que “es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia”. Empero, funcionarios y empresarios que tienen a su servicio órganos judiciales decretan sanciones contra este semanario y no dejan de tener sobre éste la espada de Damocles como un peligro que amenaza de manera continua la libertad de prensa.

Se pretende, pues, intimidar a sus periodistas con inquisiciones judiciales y sanciones de inquisición administrativa, de pagos por dizque daño moral con la finalidad de que deje de publicarse. Pero no lograrán este cometido, pues antes recurrirá la revista a instancias internacionales si los órganos judiciales mexicanos insisten en dar cabida a las amenazas empresariales y de funcionarios de Felipe Calderón.