México, cada vez más subordinado a EU

Setenta y un tratados bilaterales vigentes rigen la relación entre Estados Unidos y México. El primero, firmado el 2 de febrero de 1848, fue el Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, mejor conocido como el Tratado de Guadalupe-Hidalgo, que le otorgaba a Estados Unidos más de la mitad del territorio mexicano y ponía fin a la guerra entre ambas naciones.

A partir de esa fecha, se han firmado 21 tratados en materia de comunicaciones; 12 para establecer los límites entre ambos países; 12 acerca de la cooperación jurídica; y ocho en cuestión del medio ambiente.

Además en materia de cooperación económica existen cinco tratados; sobre cooperación educativa y cultural, cuatro; respecto de cooperación técnica y científica se mantienen tres; en el rubro de derecho marítimo, dos, al igual que en materia de salud. Finalmente existe un tratado sobre derecho diplomático y consular, y otro más sobre solución de controversias.

México ha signado también 626 tratados multilaterales con otros países. De éstos sobresale el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), firmado por los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá, el 17 de diciembre de 1992, y puesto en marcha a partir del 1 de enero de 1994. Éste ha sido modificado, desde entonces, en seis ocasiones, la última en abril de 2008. Todos los cambios han ocurrido en sus anexos.

El analista de política internacional Juan Manuel Bueno Soria, en entrevista con Contralínea, ubica la entrada en vigor de dicho tratado como la fecha en que comienzan a privilegiarse las relaciones con Estados Unidos y se empiezan a abandonar las relaciones con otros países.

“Cuando se firma el TLCAN comienza a haber un abandono hacia los países del Sur, se mira más hacia el Norte y se empieza a perfilar un nuevo tipo de relaciones en materia de comercio, pero también de seguridad entre México y Estados Unidos. Comienza en 1994, pero es hasta 2000, con la llegada del Partido Acción Nacional a la Presidencia, cuando de manera definitiva se da el alejamiento”.

Los operativos “fallidos”

En marzo de 2011, la cadena estadunidense de radio y televisión Columbia Broadcasting System dio a conocer el operativo Rápido y Furioso, mediante el cual la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por su sigla en inglés) permitió, en el otoño de 2009, el tráfico de por lo menos 2 mil armas a México.

El supuesto objetivo del programa era ubicar el destino final de las armas. Sin embargo el armamento terminó en posesión de los cárteles mexicanos. A partir de entonces, se encendieron las alarmas en una parte de la clase política mexicana por la posible pérdida de la soberanía nacional frente a la injerencia de Estados Unidos.

No es el único operativo antinarco fallido fabricado desde Washington en los últimos meses. A Rápido y Furioso se le suman, al menos, dos más. Uno de estos consistió en lavar dinero de cárteles mexicanos. A cargo del blanqueo de capitales estuvo la propia Administración Federal Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por su sigla en inglés) para supuestamente rastrear en el sistema financiero mexicano el dinero que se obtiene del tráfico de drogas. Dicho operativo fue confirmado en diciembre de 2011, por Todd Robinson, subsecretario de Estado Adjunto para Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley del Gobierno de Estados Unidos.

El otro, nombrado White Gun (Arma Blanca), es similar a Rápido y Furioso y se llevó a cabo a la par de éste; tenía el mismo objetivo y fue también coordinado por la ATF. Al descubrirse el “fracaso” de estos programas, el Congreso de Estados Unidos llamó a cuentas a Eric Holder. El 8 de diciembre de 2011, el secretario de Justicia de Estados Unidos insistió en su desconocimiento del operativo.

El diputado perredista José Luis Jaime Correa, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, en entrevista con este semanario, señala que “aquí [en el Congreso de la Unión] nadie ha comparecido por estos operativos en los cuales pudieron haber participado agentes mexicanos”.

Por lo cual, el 21 de diciembre de 2011, presentó un punto de acuerdo para que comparezcan los titulares de la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública ante la Comisión Permanente del Congreso para que explicaran la probable participación y subordinación existente entre extrabajadores y trabajadores del gobierno federal con la ATF, la DEA, así como con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

El documento señala que los titulares de dichas dependencias han filtrado información a los medios de comunicación sobre la posible participación de al menos 80 exfuncionarios públicos mexicanos ?que laboraban en áreas sensibles de inteligencia, investigación y análisis?, quienes realizarían actividades espías al servicio de las agencias estadunidenses.

Los exfuncionarios tendrían contacto con funcionarios que realizan espionaje, recopilación de información y dan seguimiento a temas de seguridad nacional. De comprobarse, considera el legislador, se demostraría que funcionarios del gobierno de Felipe Calderón están actuando al margen de la ley y de los acuerdos bilaterales entre México y Estados Unidos, en materia de narcotráfico y de delincuencia organizada.

Jaime Correa explica que la proposición se trasladó a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional para que en próximos días se aborde el tema y se aclare lo sucedido. “No estamos culpando a las autoridades mexicanas, pero públicamente se tiene que informar lo que está pasando. Que informen lo que en el Congreso estadunidense se informa”.

Además de los operativos encubiertos como Rápido y Furioso y Arma Blanca, el gobierno estadunidense apoyó económicamente al gobierno mexicano en el combate a la delincuencia organizada por medio de la Iniciativa Mérida, ?aceptado en junio de 2008?, cuyo monto asciende a más de 1 mil 600 millones de dólares aprobados por la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Dichos recursos se destinan a la “guerra” contra el narcotráfico.

Además de infraestructura, asistencia técnica y entrenamiento a agentes mexicanos, mediante la Iniciativa Mérida, el gobierno estadunidense ha dotado a las fuerzas de seguridad mexicanas de, por lo menos, 23 camionetas tipo ZBV equipadas con rayos X de retrodispersión; y10 minivans (también con rayos X) para inspeccionar vehículos que pudieran transportar material ilícito; 45 detectores de vapores manuales con un escáner de iones para detectar armas recién disparadas; dos sistemas de inspección de furgones y contenedores en ferrocarriles; ocho helicópteros tipo Bell 412 entregados a la Secretaría de la Defensa Nacional; y cuatro tipo Blackhawk UH-60 a la Secretaría de Seguridad Pública.

El internacionalista Bueno Soria señala que “las políticas bilaterales que México lleva a cabo en este tipo de programas son por obediencia ante los designios de Washington”.

Agrega que, un ejemplo de la cooperación entre ambos países es la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) firmada en marzo de 2005, por los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá. “Desde el nombre se percibe la intención de llevar a cabo este tipo de acuerdos: primero está la seguridad y después la prosperidad; se apuesta más por el componente militar.

“Existe una falta de experiencia del Partido Acción Nacional para llevar a buen término estas situaciones. De la ASPAN ni siquiera se conocen a detalle cómo han ido evolucionando los trabajos, qué resultados se tienen y qué se puede esperar de éstos.”

Al cierre de esta edición, el jefe de la División Criminal de la Fiscalía Federal de Arizona, Patrick J Cunningham, quien fue señalado por el legislador del Partido Republicano Darrell Issa, por supuestamente haber aprobado el operativo Rápido y Furioso, se había negado a declarar ante el Congreso de Estados Unidos, al justificarse con la quinta enmienda, la cual le brinda el derecho constitucional a no autoincriminarse. También se citó a Eric Himpton Holder, para comparecer de nuevo ante el Congreso, el próximo 2 de febrero.