Gobierno privatizará el oxígeno de la Selva Lacandona

Puesto en marcha desde 2011, el programa REDD+ del gobernador Juan Sabines Guerrero se ejecuta dentro de las comunidades Nahá, Metzabok, Lacanjá Chansayab, Nueva Palestina, Frontera Corozal y Ojo de Agua Chankin, asentadas sobre 614 mil hectáreas de selva.

En 2010, los representantes de las subcomunidades de los Bienes Comunales Zona Lacandona firmaron el Pacto por el Respeto y Conservación a la Madre Tierra, un acuerdo con el gobierno estatal en el que se establece el compromiso de las partes para el programa REDD+: preservar la selva a cambio de 2 mil pesos mensuales por comunero.

Pese a su aplicación en Chiapas, REDD+ aún no es aprobado. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático discute los detalles de su aplicación. Y aunque México desarrolla una estrategia nacional de REDD+, continúa en estatus de borrador.

REDD+

Frente a la crisis climática, los países integrantes del organismo internacional han planteado, entre otros, los programas de pago por servicios ambientales, REDD y ahora REDD+. Dichos programas tienen como objetivo formal reducir la emisión de gases de efecto invernadero por medio de la conservación de bosques o bien la restauración de las áreas forestales que han sido degradadas.

El programa REDD+ se diseña para otorgar compensaciones económicas, por parte de los países del Norte, que tienen compromisos de reducción de emisiones en el Protocolo de Kioto, a los países del Sur, para mantener en pie sus bosques.

REDD+ parte de la idea de que los bosques son sumideros de carbono, al capturar uno de los principales gases de efecto invernadero, el dióxido de carbono.

De acuerdo con el documento REDD+ y los territorios indígenas y campesinos del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam), REDD es un instrumento de la economía verde y pretende financiar la captura de carbono que realizan los bosques, a partir de la emisión de certificados o bonos por captura de carbono.

A partir de que se determinó en el Protocolo de Kioto el límite sobre la cantidad de gases contaminantes que pueden ser emitidos a la atmósfera, a los países industrializados se les permite financiar proyectos de captura o reducción de estos gases en países en vías de desarrollo.

De este modo, las empresas que necesiten aumentar las emisiones por encima de su límite compran bonos (certificados) que les representan el derecho a emitir una cantidad determinada de residuos. Con esto, el comprador paga por contaminar, mientras que el vendedor se ve compensado al evitar la deforestación, la degradación y la tala.

Al no obligar a las empresas contaminantes a reducir sus emisiones a la atmósfera, el esquema es objeto de la oposición de organizaciones, como Vía Campesina, Red Indígena Ambiental, Ceccam y Asamblea Nacional de Afectados Ambientales.

El mercado especulativo de la economía verde

Octavio Rosas Landa, catedrático en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), asegura que estos programas no resuelven el cambio climático. “El programa REDD y el pago por servicios ambientales apuntan hacia la mercantilización de los bosques”.

El también miembro de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales explica que REDD+ crea un mercado donde antes no existía. Mercado que implica la privatización de las condiciones ambientales para la producción de oxígeno y la captura de dióxido de carbono. “Con REDD+, los recursos naturales son vistos como explotables, mercantilizables y, por lo tanto, susceptibles de generar un lucro económico”.

A decir del profesor de economía política, la Organización de las Naciones Unidas ha trabajado en una propuesta que le asigna un valor económico a cada uno de los recursos naturales. Con ello, se promueve claramente la mercantilización de los bienes comunes, como los bosques, el oxígeno que respiramos, “que ya se está convirtiendo en mercancía, y por la cual en algún momento nos van a empezar a cobrar”, y no está impidiendo que las empresas o los procesos industriales, de transporte o consumo reduzcan sus emisiones.

“Mientras sigue aumentando la temperatura de la tierra, las empresas trasnacionales y los gobiernos que apoyan estas iniciativas están generando un negocio con la crisis climática. Un negocio especulativo y ficticio.”

A la fecha no existen parámetros para establecer los precios de los bonos de carbono o el de los recursos naturales. “Se han definido arbitrariamente: 2 mil pesos al mes en Chiapas; en otros casos, 360 pesos por hectárea conservada al año… ¿Cuáles fueron los criterios a partir de los que se determinaron esos precios para la conservación de los bosques? Eso es algo que no han querido ni han sabido explicar”, refiere Rosas Landa.

Subraya que se trata de un “problema” que la teoría económica no ha podido resolver: establecer cuál es el valor de los recursos naturales. Por ello pregunta si este tipo de recursos deben ser tasados en dinero, o si, más bien, se debiera reformular el modo en que se produce y consume la riqueza.

Advierte que en medio de la crisis climática, hídrica, tecnológica global, resulta lucrativo conservar los bosques porque representan un buen negocio especulativo. Pero eso no significa que en un momento determinado la tala de bosques o la deforestación se conviertan también en un negocio lucrativo con el fin de mantener altos los precios de los bonos de carbono.

GCF impulsa proyectos subnacionales

En el marco de la tercera Cumbre Global de Gobernadores ante el Cambio Climático, en noviembre de 2010, el entonces gobernador de California, Arnold Schwarzenegger; el de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, y el de Acre (Brasil), entonces Arnobio Marques de Almeida Junior, firmaron un acuerdo que establece las bases para iniciar un mercado de compra-venta de bonos de carbono, según consta en el boletín 3258 del gobierno de Chiapas.

Fernando Miguel Rosas Palafox, secretario de Medio Ambiente e Historia Natural del estado, en entrevista con Contralínea, asegura que, no obstante los objetivos del acuerdo, Chiapas no vende bonos de carbono.

“El mercado de California todavía no está en funcionamiento. Todavía no podrían, oficialmente, comprar bonos de carbono de Chiapas, de Acre o de Indonesia. Se firmó un memorándum de entendimiento para una futura relación, para estructurar nuestros programas; de alguna manera que puedan entrar a su mercado cuando entre en vigencia. No se ha hecho porque el mercado aún no entra en vigencia”, explica el funcionario.

Rosas Palafox señala que, aunque tienen identificado a California como “un gran mercado en el que el gobierno de Chiapas quiere entrar”, también se tiene el mercado voluntario a nivel internacional. “Se ha hablado con el mercado de Brasil, pero también con México, hay muchas empresas a nivel nacional que están muy interesadas en conservar nuestra selva. Sí, con California se ha trabajado muchísimo, se firmó un memorándum, son líderes en la materia. Tanto California como Acre nos han servido mucho para generar nuestros programas y sí nos van a abrir las puertas, pero no estamos atados al gobierno de California”.

Aunque de manera formal el gobierno de Chiapas no vende bonos de carbono al mercado, en territorio chiapaneco hay organizaciones no gubernamentales que sí lo hacen, señala el secretario.

Proyectos de carbono en Chiapas

Rosas Palafox ignora el número de proyectos que se ejecutan en el estado con el perfil de la venta de bonos de carbono. “Son muchísimos; se tiene todo tipo de programas: son para la conservación, proyectos municipales, federales y de organizaciones… exactamente no tengo ese dato”.

Menciona algunos ejemplos, como los programas de pago por servicios ambientales, de conservación de la selva y actividades no dañinas para el ambiente, de la Comisión Nacional Forestal (Conafor); también refiere a Ambio (Ambiente y Bio), una organización no gubernamental ubicada en Chiapas que coordina proyectos de manejo racional de los recursos naturales y ambientales para la captura de carbono y quien, a decir de Rosas Palafox, “tiene vendiendo bonos de carbono al mercado voluntario hace muchísimos años” (sic).

Ambio, según consta en su portal de internet, a casi 15 años de su fundación en 1997, colabora en el mercado voluntario de carbono y en el “potencial mercado de Reducción de Emisiones de Deforestación y Degradación”.

La organización no gubernamental Greenpeace ha detectado que en Chiapas, además del programa piloto de REDD+, operan al menos cuatro proyectos más de carbono forestal: Socolel’Te, establecido en 1997; Proyecto en la Sepultura, establecido en 2008; Proyecto Piloto en la Reserva de la Biósfera Selva El Ocote, establecido en 2009; e Integración de Esfuerzos para la Conservación de Servicios Ecosistémicos y Biodiversidad a Escala de Microcuenca en Chiapas, establecido en 2010.

Sus autores van desde instancias nacionales, como la Conafor, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el gobierno del estado, hasta trasnacionales como Starbucks, organizaciones como Ambio, e incluso Conservación Internacional y Pronatura-Sur que, a decir de Octavio Rosas Landa, han trabajado en la privatización de las Áreas Naturales Protegidas.

Infografía estática:

El financiamiento de REDD+ en Chiapas

Oficialmente, en su origen, el proyecto piloto REDD+ para Chiapas fue financiado por un impuesto a la tenencia vehicular caduco. Sin embargo, algunas organizaciones han denunciado que en el financiamient también hay fondos del gobierno de Noruega; Conservación Internacional; la Agencia Internacional para el Desarrollo, del gobierno de Estados Unidos; la Embajada de Gran Bretaña en México, y el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, administrado y controlado por el Banco Mundial.

Al respecto, Rosas Palafox asegura que hasta el momento no se ha obtenido ningún tipo de recurso internacional. “Por lineamientos y legislaciones internacionales no se ha obtenido este recurso, se están preparando los proyectos para que en un futuro se pueda entrar a los mercados internacionales, por lo pronto se ha seguido conservando con proyectos de inversión estatal”.

El catedrático de la UNAM, Octavio Rosas Landa, especifica que es común que en los programas subnacionales de pago por servicios ambientales y REDD los recursos aparezcan, en principio, como salidos del gobierno estatal, pero que están siendo financiados de origen por el Banco Mundial.

“El gobierno de Chiapas podría estar incurriendo en una deuda con una institución financiera internacional. Una deuda financiera para los habitantes de Chiapas”.

En ello, el economista prevé riesgos: “Lo que hoy es un subsidio después se puede convertir en un convenio entre una empresa trasnacional y la comunidad, un convenio privado entre particulares. Esto implica que si los bosques no se conservan, son talados o no capturan la cantidad de carbono establecida, la empresa puede acusar a la comunidad de violar el contrato, con lo que abre la posibilidad de sancionar a la comunidad o incluso de hacerla perder el bosque para ser propiedad de una trasnacional”.

En el caso de Chiapas, de acuerdo con cálculos de la Secretaría de Medio Ambiente y en voz de su titular, el estado cuenta con la capacidad de capturar 200 millones de toneladas de dióxido de carbono al año.

“En el mercado voluntario eso podría significar un recurso por alrededor de 1 mil 500 millones de dólares para toda la comunidad chiapaneca”, dice a Contralínea Fernando Miguel Rosas Palafox.

Desde enero de 2012, REDD+ fue autorizado para recibir financiamiento del Fondo Estatal Ambiental de Chiapas. No obstante, el gobierno de Chiapas busca financiamiento del gobierno federal o de otra institución nacional o internacional.

REDD+ en territorio indígena

En México, el 58 por ciento de los bosques son propiedad de los pueblos indígenas y campesinos que los habitan bajo la tenencia ejidal o comunal, indican cifras del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo de México.

Como una conquista de la Revolución Mexicana de 1910, la mayor proporción de los bosques y selvas mexicanos son propiedad de las comunidades forestales y de los pueblos indígenas. No así el resto de Latinoamérica y Asia, donde sólo el 25 por ciento de los bosques son propiedad de las comunidades forestales. En África, pertenecen al Estado el 98 por ciento de los bosques.

Al adquirir los bosques un valor renovado, la Organización de Naciones Unidas ha expresado que para el correcto funcionamiento de REDD+ es necesario establecer una posesión clara de la tierra. Sin embargo, tal como lo indica la Ceccam, los pueblos indígenas y las comunidades rurales no cuentan con títulos formales de propiedad de tenencia sobre estos territorios ni están reconocidos sus derechos sobre los bosques.

Ante este hecho, según la Red Indígena Ambiental Internacional, REDD+ prepara la mayor usurpación de tierras de todos los tiempos. “El riesgo para las comunidades de los bosques es el desalojo de la tierra, su privatización a favor de las corporaciones y las restricciones de uso de su propio territorio a los indígenas, aunque dependen de este hábitat para garantizar su existencia como sociedades y culturas distintas”.

El Ceccam estima que en el mundo 1 mil 600 millones de personas, más de un cuarto de la población, viven de los bosques; de ellas, al menos 60 millones pertenecen a algún pueblo indígena y dependen por completo de los bosques para su sustento, alimentación, medicina y materiales de construcción.

Rosas Landa señala que en el proyecto que diseña Naciones Unidas se pierde de vista que los bosques desempeñan, además de funciones ecosistémicas –como la transformación de dióxido de carbono en oxígeno, la captura de agua o la conservación de suelos y de biodiversidad–, funciones sociales específicas, sobre todo en el caso de las comunidades indígenas que tienen bosques.

“Para las comunidades, los bosques son espacios dentro de sus territorios indispensables para el sostenimiento de su existencia individual y colectiva, cumplen con funciones culturales, económicas y de sustentabilidad de las comunidades.”

Sostiene que al entregarle 2 mil pesos a cada comunero a cambio de cuidar el bosque, el Estado le enseña a las comunidades a depender de los recursos monetarios y a adquirir medios de subsistencia producidos por el mismo mercado que está calentando el clima. Agrega que al limitar su uso de suelo, los obliga a abandonar la producción agrícola; con ello, dice, los pueblos pierden su capacidad de independencia. “Un pueblo que se puede autoalimentar es un pueblo con autonomía política y económica”, señala.

Agrega: “Las políticas de los Estados, especialmente de los Estados neoliberales como el mexicano, han hecho todo para impedir que las comunidades forestales puedan vivir del manejo de sus bosques. La destrucción de la soberanía del país comenzó por la destrucción de la soberanía alimentaria”.

Conflicto por la tierra

En la Selva Lacandona existe un conflicto histórico por la tierra. Y aunque en 1971 el gobierno en turno entregó a 66 comuneros certificados agrarios, el vasto territorio lacandón es hogar de choles, tzeltales, tojolabales y tzotziles, dueños ancestrales de la tierra que carecen de títulos de propiedad y pese a su petición, sus derechos no han sido reconocidos.

REDD+ ha profundizado el conflicto dentro de la zona, denunció la organización Greenpeace el 20 de septiembre pasado.

En enero de 2011, durante la entrega de recursos de REDD+, el gobernador Juan Sabines dijo ante los comuneros “beneficiados” que de los 170 pueblos que permanecían invadiendo alguna reserva, sólo quedan siete.

Viven bajo amenaza de desalojo. Miguel Ángel García, coordinador general de Maderas del Pueblo –organización no gubernamental que busca el respeto a los derechos colectivos de los pueblos y comunidades y el respeto a los derechos de la naturaleza– relata, con pesar, que dentro de la selva, además de las comunidades que pactan con el gobierno, cinco pueblos resisten el embate del despojo.

Los pueblos en resistencia están dentro de la Reserva de la Biósfera Montes Azules, área declarada así en 1978 que se extiende 321 mil hectáreas sobre el territorio chiapaneco. Ahí se refugian del hostigamiento y de la represión militar y paramilitar de la que son objeto.

El defensor sostiene que la entrega de los 66 títulos que hizo el gobierno en la década de 1970 fue un acto ilegal e ilegítimo, porque dejó a la deriva a 47 pueblos que inmediatamente fueron declarados invasores de un territorio que históricamente les pertenece.

Según el secretario de Medio Ambiente local, el gobierno del estado no va a sacar a la fuerza a las siete comunidades que permanecen en la Reserva de la Biósfera. Dice que el gobierno busca programas de reubicación social, en conjunto con las comunidades para ponerlos cerca de áreas metropolitanas donde tengan más acceso a los recursos.

Sin embargo, “no se ha encontrado alguna solución en la que estén de acuerdo las partes, pero están conscientes de la situación, del programa y que la mejor solución sería una reubicación; mas no se están sacando y no se va a sacar a nadie usando la fuerza”.

—¿Hay posibilidades de que participen en el programa en lugar de ser reubicados?

—Sí, nada más ahí la dificultad que presenta es que se tienen que hacer mediciones, actividades constantes dentro de las áreas para verificar que no se están realizando actividades fuera de los lineamientos (eso incrementa el costo). Se está viendo con ellos los diferentes esquemas. Estamos abiertos a trabajar con ellos, pero lo más benéfico para ambas partes sería poderles brindar los servicios fuera de la Reserva.

—¿Considera que REDD+ ha profundizado los conflictos por la tierra en Chiapas?

—No, al contrario. El programa REDD lo que ha hecho es que ha empezado un proceso de registro. Aunque, claro, como en todo surgen conflictos, problemas, dudas de quién es el dueño de la tierra. Ha sido benéfico más que problemático.

Ingeniería del conflicto

Rosas Landa afirma que proyectos y programas ambientales y mineros (estos últimos ampliamente documentados por la organización a la que pertenece), vienen acompañados de una ingeniería del conflicto prediseñada: “uno de los propósitos que sirve al éxodo rural es la fabricación de un conflicto”.

Agrega que las trasnacionales pueden operar a sus anchas en territorios divididos, porque lo que se busca es que no haya organización colectiva que pueda frenar o detener este tipo de avances y agresiones, y el Estado mexicano actúa como gestor, promotor y defensor de las trasnacionales.

Miguel Ángel García coincide: “los negocios verdes, el ecoturismo y los bancos genéticos, necesitan territorio despejado [es decir], sin resistencias, sin zapatistas”.

Conservación a pesar de las políticas

Rosas Landa recalca que los bienes, propiedad de comunidades, han sido conservados y protegidos a pesar de las políticas de gobierno, pero que ahora la crisis financiera y ambiental de escala global pretende ser paliada por medio de mecanismos de mercado que no van a solucionar el problema.

“¿Por qué presionar a los campesinos y ejidatarios a que acepten este tipo de convenios si son ellos quienes más contribuyen a que el calentamiento global no se agrave? Y si no aceptan, ¿son ellos quienes no quieren detener el calentamiento global?”, pregunta, con ironía, el académico.

Para él, REDD+ “es un mecanismo extremadamente perverso” de apoyos miserables en relación con la importancia de los bosques, se traduce a un mecanismo que despoja a los pueblos del control de sus territorios, un mecanismo de despojo de tierras a escala mundial. “Frente a lo que estamos es a una entrega de la soberanía nacional a través de la entrega de los recursos y del manejo del territorio”, concluye.

El Ceccam estima que de las 64.8 millones de hectáreas de bosques y selvas que hay en México, 8.4 millones de hectáreas están bajo manejo forestal, ya sea por parte de sus poseedores o a través de contratos de las comunidades con compañías privadas para vender su bosque (sin derribar árboles).

Espejitos por oxígeno

El Grupo de Trabajo de los Gobernadores sobre Clima y Bosques (GCF, por su sigla en inglés) es un órgano de colaboración subnacional entre 14 estados y provincias de Estados Unidos, Brasil, Indonesia, Nigeria y México, que busca integrar el programa REDD y actividades de carbono forestal a los regímenes de cumplimiento emergentes para gases de efecto invernadero.

Los proyectos subnacionales de “deforestación evitada”, como REDD+, han sido rechazados por los 194 países que son parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, incluso por los gobiernos nacionales de todos los miembros del GFC, afirma Greenpeace en el documento Espejitos por aire. Imponiendo compensaciones subnacionales de REDD provenientes de México, en el mercado de carbono de California.

Chevron, comprador de bonos de carbono

Chevron es la corporación más grande de California y una de las 10 corporaciones más grandes del mundo. Su refinería en Richmond, una de las más antiguas en Estados Unidos, es una de las mayores emisoras de carbono de California y una de las principales fuentes de contaminación peligrosa.

Tan sólo en los últimos cinco años, la refinería ha sido citada más de 90 veces por violaciones a las regulaciones de aire. Además, registra un número de incidentes cada vez mayor, tanto en 2010 como en 2011. En lugar de reducir la contaminación generada donde opera, Chevron gastó casi 4 millones de dólares en cabildeos para aprobar la Propuesta 26 en California (que evitará que los contaminadores tengan que pagar por los impactos ambientales y de salud que provocan), mientras proporcionó 3 millones de dólares a The Nature Conservancy para el proyecto de Acción Climática de Guaraquecaba (compensaciones REDD+), en Brasil.

Fuente: Espejitos por aire. Imponiendo compensaciones subnacionales de REDD provenientes de México, en el mercado de carbono de California. Greenpeace, septiembre de 2012