Una PGR ¿renovada y confiable?

Por eso al tomar posesión, el nuevo procurador se refirió a crear un nuevo órgano renovado y confiable, y se comprometió también a aplicar la ley con firmeza absoluta e implacable. Démosle entonces a Murillo Karam el beneficio de la duda hasta que demuestre la veracidad de sus palabras.

Un primer caso que la PGR podría explicar se relaciona con aquella acusación penal que hizo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en contra de un destacado miembro del gabinete panista: Patricio Patrón Laviada, extitular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), quien hasta noviembre pasado fue protegido por su jefe, Felipe Calderón Hinojosa.

Dicha denuncia penal (de la cual tenemos una copia) fue presentada por primera vez en 2006 ante el Ministerio Público Federal; sin embargo, el expediente fue “extraviado” en las oficinas de la PGR, según la propia dependencia. Para subsanar esas deficiencias de la oficina que ahora ocupa el político hidalguense, la UIF entregó a la Procuraduría una segunda acusación en 2007, pero la respuesta a la Unidad de Hacienda esta vez fue contundente: olvidarse de esa acusación, “aquí no pasará”.

Si el gobierno de Enrique Peña Nieto es distinto al de Felipe Calderón será relativamente sencillo para el abogado de la nación –si creemos en sus palabras de que aplicará la ley con firmeza– conseguir en la SHCP dicho expediente que involucra a la familia yucateca Patrón Laviada con el crimen organizado, al cual según Felipe Calderón combatió con toda la fuerza del Estado, salvo cuando se veían involucrados miembros de su gabinete.

En una comparecencia en el Congreso de la Unión, uno de los últimos procuradores del calderonismo, Arturo Chávez Chávez, fue cuestionado por legisladores de oposición sobre el “sesgo político” con que la PGR había manejado este caso, ya que hasta 2010 no había iniciado una investigación en contra de los familiares de un miembro del gabinete de Felipe Calderón.

En aquel entonces, el procurador Chávez respondió así al señalamiento del legislador: “respecto a la familia Patrón Laviada, si hay una denuncia se va a investigar y se va a actuar conforme a derecho. No hay ni debe haber distingos”.

Sin embargo, cuatro procuradores del gobierno de Felipe Calderón fueron omisos e incapaces de integrar una denuncia penal sobre una acusación muy bien fundamentada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Ahora toca el turno al procurador priísta, Murillo Karam, para saber si cumple con su palabra de aplicar la ley.

Aquella acusación que hizo la SHCP pide investigar a los hermanos Ricardo José, Alejandro José y Patricio Patrón Laviada (también exgobernador de Yucatán) por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La denuncia, presentada por la UIF en dos ocasiones ante la PGR, señala también a Cecilia Margarita Laviada Arrigunaga, familiar del exgobernador yucateco, así como a Jhonny Alberto Benítez Cetina y José Baltazar Cetina Pech.

El expediente “extraviado” en la PGR denunciaba las millonarias operaciones bancarias de Ricardo José Patrón Laviada. De acuerdo con el oficio 110/F/26/2009 emitido por la UIF desde el 7 de noviembre de 2008, la SHCP entregó a la PGR un diagrama y las cédulas de operaciones relevantes de los tres hermanos Patrón Laviada; de las empresas Agropecuaria Sac Becan, DSPR de RL; Industrial Empacadora, SA de CV, y Propesca, SA de CV; así como de Pilar Cervera Hernández, Aída Amira Hernández Guerra y Alfonso Huberto Zabaleta Laviada. Pero la PGR devolvió el reporte y rechazó abrir una investigación.

El argumento esgrimido por la Procuraduría para regresar el expediente a la SHCP fue que no existían datos o registros de antecedentes de la denuncia de hechos ni del oficio por el cual fue presentada, como tampoco había averiguación previa iniciada en contra de las personas denunciadas.

La dependencia manifestó que el argumento usado entonces por la PGR de que no contaba con antecedentes de la denuncia ni de una averiguación previa iniciada “resulta contrario a derecho”, ya que la PGR “tenía la obligación de investigar los hechos denunciados a través del citado oficio”, conforme a las atribuciones conferidas al Ministerio Público en el Artículo 21 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 2 del Código Federal de Procedimientos Penales.

La entidad responsable de investigar las operaciones posiblemente relacionadas con el blanqueo de capitales presentó, de nueva cuenta, una acusación el 1 de septiembre, sin que hasta ahora se haya abierto una averiguación previa en contra de los acusados.

Operaciones inusuales

La acusación precisa que de 2000 a 2005, Ricardo José Patrón Laviada –hermano del entonces titular de la Profepa– recibió depósitos por 2 millones 487 mil 940.94 pesos y efectuó retiros por 1 millón 546 mil 365 pesos de seis cuentas del Banco Internacional, SA (Bital, hoy HSBC).

En 1998, Ricardo José había retirado 100 mil pesos de la cuenta 0000095050003488 de Banca Confía, SA, mientras que en el Banco Nacional de México, SA, tuvo depósitos por 884 mil 72 pesos, 131 mil dólares, y retiros por 1 millón 45 mil 500 pesos durante 1998, 1999, 2000, 2003 y 2005.

La UIF también refirió un depósito de 100 mil pesos en la cuenta 4014055206 de Bital, realizado el 5 de septiembre de 2005, y la compraventa de divisas por 4 mil y 10 mil dólares en Intercam Casa de Cambio, y por 13 mil 790 dólares en Vector Divisas Casa de Cambio.

Además de las operaciones “inusuales”, la investigación fiscal reportó que Ricardo José figuraba como cotitular y firmante autorizado de las cuentas bancarias que Jhonny Alberto Benítez Cetina, José Baltazar Cetina Pech y Cecilia Margarita Laviada Arrigunaga tenían en Bital. La acusación refiere también que Patrón Laviada, Benítez Cetina y Cetina Pech tenían el mismo domicilio fiscal en Mérida, Yucatán.

La UIF concluyó que los movimientos financieros observados en las cuentas de los acusados no guardaban relación con sus actividades económicas declaradas ni con sus manifestaciones de pago de impuestos. Asimismo consideró que el millonario manejo de efectivo, la poca permanencia de recursos en las cuentas utilizadas, la carencia de declaraciones fiscales que reflejaran los movimientos económicos y la posible vinculación de los denunciados con personas ligadas a actividades ilícitas son indicios que hacían presumible la proce[dencia ilícita de los recursos operados por los acusados.