Felipe Calderón, el cínico que vendió México al mejor postor

Los objetivos que tenía la clase política y económica nacional y extranjera desde el sexenio pasado –y en realidad desde que Carlos Salinas de Gortari asumió la Presidencia de México– quedaron plasmados en el compilado de 14 documentos, titulado México 2030, proyecto de gran visión. Éstos consisten en abolir la propiedad pública y legalizar el despojo.

El plan transexenal fue resultado de arduas sesiones convocadas en 2006 por el panista Felipe Calderón, en medio de las protestas contra su supuesto triunfo electoral, avalado por las instituciones pero rechazado por una buena parte de los mexicanos, que demandaban masivamente el recuento de los votos.

Pese a ese tufo de ilegitimidad, y con un total descaro, el presidente electo delineó su política pública. Los 14 documentos revelaban planes totalmente privatizadores y contrarios al interés de las mayorías: sectores estratégicos y bienes de la nación serían cedidos en los entonces 24 años por seguir.

A 1 década de aquello, podemos observar que esos políticos y empresarios han avanzado dramáticamente en la imposición de su modelo de “desarrollo”, que en realidad representa un despojo indiscriminado que afecta a miles de mexicanos en forma directa.

Entre las principales áreas codiciadas en aquellos planes destacaba la energía. El proyecto de nación de Calderón Hinojosa establecía la extinción de Luz y Fuerza del Centro, lograda 3 años después de inscribirla en esos planes.

También se delineaba como una necesidad la desaparición de la Secretaría de Energía y la creación de una secretaría o instituto de infraestructura.

Y poco a poco consiguieron su privatización: el primer golpe al sector ocurrió en 2009, cuando Calderón determinó unilateralmente extinguir a la paraestatal Luz y Fuerza del Centro. Luego la Comisión Federal de Electricidad cedió silenciosamente la generación de energía eléctrica a la iniciativa privada, sobre todo extranjera.

Finalmente vendría lo impensable: la “reforma energética”, que privatizó el petróleo y el gas, considerados como la máxima riqueza nacional. Un bien que, por años, constituyó la principal fuente de riqueza de México.

La evidencia de ello la pagamos todos los días: el costo del gasolinazo se resiente en los bolsillos de todos, por poner el ejemplo más cercano que tenemos.

Pero el sector energético es apenas el inicio de las privatizaciones. Esta Semana Santa, por ejemplo, muchos habrán tenido de cerca otro de los grandes despojos que concretó Calderón y continua Enrique Peña: la zona exclusiva marítimo terrestre.

Por ello, no sólo lugareños y turistas de escasos recursos están vetados para ingresar en algunas playas. Si no que cientos de pescadores han sido expulsados de las costas, entregadas por unos cuantos centavos a las empresas del turismo.

En nombre del llamado ecoturismo, las zonas de reserva de la biósfera también han sido cedidas a la iniciativa privada. El mismo camino sigue el agua, recurso vital altamente ambicionado por la gran industria.

Así, poco a poco los derechos se transforman en servicios. Por ello, sectores que deberían ser integralmente proveídos por el Estado están en crisis, en la mayoría de los casos de forma inducida. Por ejemplo, el sector salud, que ha sido saqueado hasta más no poder. Por eso las citas con el médico general o especialista llegan cuando el paciente ya murió. Y por eso mismo no hay medicamentos y los derechohabientes tienen que comprarlos o simplemente aguantarse su enfermedad.

Este desmantelamiento del Estado de bienestar también incluye como una gran meta la privatización de la educación, la ciencia y la tecnología. En el primer caso, la “reforma educativa” que tanto defiende Aurelio Nuño ha sido, quizá, el golpe más certero contra el sector. En el segundo caso, la innovación científica y tecnológica ha servido para que corporativos multinacionales evadan impuestos y obtengan millonarios subsidios.

En este intenso proceso de privatización, particularmente han sido beneficiadas las trasnacionales extranjeras. Pero no sólo eso. En aquellos planes de Calderón y sus compinches se establecía la necesidad de legalizar el lobbyng, esa actividad de cabildeo que justamente permite a los grandes corporativos nacionales y extranjeros hacer prevalecer sus intereses en el Congreso de la Unión. El lobbyng fue legalizado en 2008.

El México 2030, proyecto de gran visión, revelaba que el país cedería a corporativos nacionales y trasnacionales el control total de la vida, el movimiento de las personas y las mercancías, así como el mundo de las ideas y el acceso a la información.

La concesión de las áreas estratégicas –salud, educación, telecomunicaciones, carreteras– y los bienes nacionales –agua, energía, medio ambiente, patrimonio cultural– se hace de manera paulatina por medio de “asociaciones público-privadas”.

En este contexto se consolidan los monopolios privados, se destruyen las paraestatales y los servicios públicos, se garantizan multimillonarios subsidios y exenciones fiscales al empresariado y se robustece el aparato punitivo contra la protesta social

Lo peor. Calderón planeó que para 2030 México sea gobernado por “mexicoamericanos” y se “integre” a Estados Unidos. Para entonces, locos como Donald Trump tendrían el poder de dictar las políticas públicas y habría “instituciones compartidas”. Anexión que serviría a Estados Unidos para usar a nuestra nación como área de control militar.

En 2030, las Fuerzas Armadas mexicanas intervendrán en conflictos internacionales por la “seguridad hemisférica” y la soberanía se habrá extinto. Según el plan calderonista, el desarrollo del país no será del tipo BRIC (Brasil, Rusia, India, China).

Y eso, sin duda, es lo que busca Calderón con su aspiración de regresar al poder a través de su esposa Margarita Zavala. El verdadero proyecto de país que tendrá la panista es la venta de los bienes y la sumisión de México.