A temblar, la “alta burocracia”

Despachos de abogados ya se frotan las manos por los jugosos contratos que cobrarán a exburócratas que serán llevados a juicio por sus pésimas administraciones y el consabido delito de peculado (desvío de recursos públicos). Despachos de contadores y administradores también son buscados para ordenar cuentas públicas mal hechas y corregir números que exhiben a servidores públicos en desgracia.

A esa “alta burocracia” del gobierno federal le llegó la hora de rendir cuentas y de separarse del cargo para permitir que el equipo priísta de Enrique Peña Nieto asuma la responsabilidad. Los cambios de funcionarios iniciaron desde el 1 de diciembre, con la llegada del nuevo mandatario, pero son tantos los nombramientos en la burocracia que éstos continuarán aún entre enero y junio del próximo año. Por lo pronto, miles de empleados federales también quedarán desempleados.

De acuerdo con la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, las causas de separación del servicio público sólo pueden ocurrir por renuncia, defunción, sentencia que implique privación de la libertad, incumplimiento de las obligaciones que la ley le asigna, por hacerse acreedor a sanciones establecidas en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos que impliquen separación del servicio o reincidencia, por no aprobar en dos ocasiones la capacitación obligatoria o su segunda evaluación de desempeño y, finalmente, cuando el resultado de su evaluación de desempeño sea deficiente, por lo que no contempla la separación por cambios administrativos. Hasta aquí estarían amparados los trabajadores contratados por el servicio profesional de carrera.

Esto aplica para directores generales, generales adjuntos, de área, subdirectores, jefes de departamento y enlaces; pero no para quienes están fuera del servicio profesional de carrera, los de la “alta burocracia”, como son los jefes de unidad, subsecretarios, secretarios y personal de gabinete de apoyo y de libre designación.

Sin embargo, como parte de las reformas estructurales propuestas por Enrique Peña Nieto, hace varias semanas el Senado de la República aprobó en las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos una reforma que modifica dicho servicio profesional de carrera, mediante la cual el actual gobierno podrá despedir a poco más de 4 mil funcionarios que ocupan cargos de director general y director adjunto.

De acuerdo con esta ley, se garantiza la estabilidad y permanencia de los servidores públicos en sus puestos y, en caso de ser despedidos injustificadamente, tendrían que ser indemnizados en términos de ley, así como los aspirantes al servicio público federal deberán concursar las plazas vacantes para ingresar a la administración pública federal, para lo cual deben cubrir los perfiles y participar en los concursos, tal y como lo estipula la ley.

Si los priístas pretenden solicitar renuncias “voluntarias”, deberán cubrir la indemnización respectiva, con sus consecuentes demandas, lo que ocasionaría, por un lado, el congelamiento de plazas en proceso de demanda y, por el otro, una gran erogación de recursos por concepto de liquidaciones, lo cual seguramente no se ha contemplado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013.

En tanto no se modifique o elimine la Ley del Servicio Profesional de Carrera, su continuidad es permanente y el nuevo gobierno habría “recuperado” sólo 4 mil plazas de mandos medios, lo que implica una combinación de empleados militantes del Partido Acción Nacional, de la administración anterior, y los del “nuevo” Partido Revolucionario Institucional. Esto pronostica una guerra interna por el control de la información.

A pesar de estos inconvenientes, la “alta burocracia” espera no ver afectada la operación del nuevo gobierno federal; aunque seguramente esta transición será diferente y, por primera vez, se probará si funciona o no la Ley del Servicio Profesional de Carrera.

¿Cómo funciona el Servicio Profesional de Carrera? Las plazas vacantes en el gobierno federal se convocan públicamente (se registran en promedio 300 aspirantes por plaza) y su evaluación consiste en aprobar entre cuatro o seis exámenes; una revisión del currículum vitae y los méritos académicos y profesionales; después, un comité de selección realiza las entrevistas con los interesados en pertenecer a la burocracia y se determina al ganador de dicha plaza. Al resultar seleccionado, recibe un nombramiento de servidor público de carrera y, teóricamente, nunca más perderá la plaza, salvo las excepciones explicadas.