Discurso y retroceso

¿Qué planteó el Ejecutivo?

Como primer enseñanza del creador de Vuelta está la necesidad de impulsar y defender la democracia.

La segunda lección es respetar la crítica, por lo que Peña Nieto se comprometió a que su administración defendería la libertad de expresión y el derecho de los mexicanos a estar informados y poder informar.

Destacó el gobernante la importancia que dio el poeta al diálogo, quizá recordando el coloquio Vuelta, para señalar que el actual gobierno federal “ha fomentado el diálogo a todos los niveles” (sic en soliloquio).

Añadió el mandatario que durante su gestión habrá amplia promoción a la cultura, las artes y las humanidades. Y sentenció: “Mi gobierno estará siempre cerca de ustedes [los intelectuales] para nutrirse de su conocimiento y proyectar su talento” (Reforma, 1 de abril de 2014).

Todo ello, por cierto, a casi 2 años de que apareciera el movimiento #Yosoy132, el cual puso en aprietos al entonces candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien sudó la gota gorda por el rechazo estudiantil.

Pero ya sabemos que en política, más en los últimos tiempos, las palabras no corresponden a los hechos. Más bien hay una disociación entre unas y otros.

Ello porque en estos días se empiezan a discutir las leyes secundarias en telecomunicaciones, y una gran cantidad de personalidades y organismos afirma que hay un grave y terrible retroceso entre lo que se planteó inicialmente y lo que ahora se pretende.

Empecemos con Los Ángeles Times. El periódico estadunidense dijo que regresó el PRI autoritario, ya que la Secretaría de Gobernación vigilará los contenidos de las emisiones de radio y televisión para que se “ajusten a la realidad”.

Para la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación (AMIC), la propuesta del Ejecutivo federal regula de manera desequilibrada y no simultánea a los agentes económicos preponderantes de telecomunicaciones y “deja a Televisa sin controles suficientes, además de subordinar las facultades y atribuciones autónomas y técnicas del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) a las secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público” (Sin Embargo, 1 de abril de 2014).

Además señala esa importante agrupación de investigadores que la propuesta peñista “no toma en cuenta los medios públicos, deja bajo el mando del gobierno al IFT y privilegia a las televisoras al establecer reglas de preponderancia más débiles en el sector” (ídem).

Para la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi) y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc), “con este documento evidentemente definido por el interés de las corporaciones televisivas, el gobierno y el PRI infringen los compromisos que adquirieron con otras fuerzas políticas, pero sobre todo con la sociedad”.

Además, la ley discrimina a los medios comunitarios e indígenas al impedirles que tengan opciones de financiamiento. Y plantea criterios discrecionales para acceder a las frecuencias.

También, afirman las dos asociaciones citadas, obliga a las empresas de telefonía a conservar datos personales de los usuarios en un registro de comunicaciones, incluso de manera indefinida, y permite el acceso a los mismos (por parte de la autoridad) sin autorización judicial.

“En materia de internet, soslaya la protección y salvaguarda de la identidad, la privacidad y los datos personales por parte de las empresas” (Amic). Asimismo, “permite bloquear, inhibir y anular señales de telecomunicaciones con el riesgo que conlleva”.

Para Luis Fernando García, de la Red de Defensa de los Derechos Digitales, al plantear en el artículo 197, fracción VII, el bloquear e inhibir las señales por seguridad nacional, se demuestra que no resistió el gobierno las críticas en las redes sociales, no obstante los bots que contrataron (Enrique Galván Ochoa, La Jornada, 1 de abril).

Y ello parece calcado de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Javier Esteinou, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco, plantea tres asuntos importantes a rechazar, entre otros: que la Secretaría de Gobernación supervise los contenidos de los mensajes, la revisión de los programas dirigidos a la infancia y el establecimiento de los tiempos de publicidad (La Jornada, 30 de marzo de 2014).

En opinión de Carlos Alberto Lara, ni siquiera se alentó al Instituto Mexicano de la Radio, Canal 11, Canal 22 y otras estaciones públicas, para que tuvieran un régimen que les permita desarrollarse, ya que de hacerlo y reunirse todos los medios estatales, llegarían al 70 por ciento de la población nacional.

Y según Clara Luz Álvarez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), es un gesto negativo quitarle atribuciones al IFT y dárselas a Gobernación, quien será en adelante el gran vigilante.

Erick Huerta, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, señala que hay una contrarreforma, sobre todo contra las lenguas indígenas, a las cuales no se les estimula sino intenta anulárseles.

Para otros, no hay apoyo mínimo a las mujeres y su lucha por lograr la igualdad y la equidad.

Con el objeto de tener un panorama más completo, valdría la pena leer el artículo de Javier Corral (El Universal, 1 de abril de 2014), el reportaje puntual de Jenaro Villamil (Proceso 1952) y ver las caricaturas de Magú, el Fisgón, Rocha y Hernández (La Jornada, 1 de abril de 2014).

Frente a estas críticas, luego del elogio a Octavio Paz, no hubo respuesta del gobierno central. Es más, en las comparecencias en el Legislativo que habrá al respecto, de 41 ponentes, 29 serán empresarios o intermediarios de los medios actuales de radio y televisión.

¿Diálogo, democracia, crítica?