Al cabo de 8 meses en la presidencia de la República Islámica de Irán, comienzan los problemas para el jeque Hassan Rohani.

En política exterior, el progreso del presidente Rohani en sus negociaciones con Washington es lento y los iraníes no acaban de ver resultados en su vida cotidiana.

Por otro lado, el Congreso de Estados Unidos adoptó por unanimidad una ley que prohíbe la concesión de visas a cualquier persona «que haya estado implicada en actividades de espionaje o de terrorismo contra Estados Unidos», medida aplicable incluso a los miembros de la misión diplomática de Irán ante la ONU.

Como resultado de esa ley, el gobierno de Estados Unidos no concedió la visa estadounidense a Hamid Abutalebi, nombrado embajador de la República Islámica ante la ONU, alegando que Abutalebi había participado como traductor –en 1979– en el arresto de los espías estadounidenses sorprendidos in fraganti cuando realizaban operaciones de inteligencia desde la seudo embajada de Estados Unidos en Teherán.

No es muy seguro que el derecho internacional autorice a Washington a negar por esa razón una visa al embajador acreditado por un Estado para ejercer sus funciones en la sede de la ONU en Nueva York.

En el frente de la política interna, el presidente Rohani ha querido reducir los gastos del Estado recortando o suprimiendo subsidios y subvenciones. Decidió, por ejemplo, un aumento de precios del 25% para la electricidad y el gas y del 75% para la gasolina.

También emprendió una campaña mediática pidiendo a los iraníes más acomodados que no reclamen la subvención mensual que el ex presidente Ahmadinejad había instaurado como medio de hacer llegar a la población una parte de los ingresos provenientes de la ventas de petróleo (lo cual representa una ayuda de 14 dólares mensuales en un país donde el salario mínimo es de 185 dólares al mes). Sólo un 5% de la población iraní ha renunciado al cobro de esa ayuda.