El terrorismo laboral aguarda a los electricistas del SUTERM

El desventajoso convenio, pactado hace unos días entre los funcionarios de la CFE y los líderes del SUTERM, modificó cláusulas como la 24, facultando a que un comité mixto de productividad, integrado por el director general, Enrique Ochoa, y el secretario general, Víctor Fuentes, así como los directores de finanzas, operación y proyectos de inversión financiada, entre otros, apruebe las modificaciones de estructuras organizacionales y plantillas de personal, mismas que podrán ejecutarse “por supresión o instalación de maquinaria o aparatos que alteren o supriman el desarrollo de determinadas labores”.

Como anticipamos, la cara oculta de la reforma energética se mostraría en toda su dimensión anticipando la insalvable pérdida de derechos laborales para aquellos que, en su momento, sirvieron de esquiroles a la legítima lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Carentes de la mínima conciencia sindical y de clase, ingenuamente pensaron que los embates de la privatización al sector energético, iniciados con la agresión al SME, nunca los alcanzarían; pero ahora la guillotina de los recortes pende sobre sus cuellos, situándolos en una absoluta indefensión legal por los acuerdos leoninos de sus dirigentes, quienes les hicieron creer que bajo la férula cetemista estarían a salvo.

Los electricistas del SUTERM empezarán a sentir en carne propia los rigores de una auténtica represión laboral que los condenará a una abyección en aras de no perder su empleo, pues mientras en su nuevo CCT se contempla que el citado comité, a la par de autorizar la transferencia de plazas de la bolsa de trabajo que se constituya a nivel nacional, también determinará el sistema de promociones de personal, con base en “criterios de productividad y eficiencia de los trabajadores”, dejando fuera de la instauración de estos parámetros a los directamente interesados, pudiendo manipularlos con base en un sistema de estímulos que serán otorgados, en el contrasentido, por demostraciones de “fidelidad” y no de eficiencia.

Tocante al asunto de las “separaciones”, por ejemplo, la cláusula 46 determina que los trabajadores podrán ser separados, además de las causas previstas en la Ley y en los acuerdos ya pactados, por “no acatar los estatutos” de su sindicato, por voluntad propia, “por determinación de la CFE”, por modificaciones, aditamentos o “nuevos sistemas de trabajo”. El inciso IV de la castrante cláusula deja bien claro que la adopción de nuevos esquemas de trabajo, o la instalación de maquinaria o aparatos que alteren o supriman el desarrollo de determinadas labores, podrán ser causa de que se despida a trabajadores, previo acuerdo entre autoridades y el Sindicato. Si no hay acuerdo, reza el ordenamiento, la CFE podrá liquidar personal si la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) se lo autoriza. Es decir, que ante el terrorismo laboral que les aguarda, los agremiados estarán atados de pies y manos.

Y como acontecerá también con el contrato colectivo del sindicato petrolero, uno de los cambios de fondo en sus antes logros sindicales será el radical ajuste a su sistema de pensiones y jubilaciones, con lo que los trabajadores de nuevo ingreso ya no contarán con una pensión por parte de las nuevas empresas productivas del Estado, pues se regirán por el mecanismo de las administradoras de fondos para el retiro.

A finales de la pasada LXI Legislatura, se tocó en el Congreso de la Unión la desaparición del Fondo Mutualista de 96 mil trabajadores del SUTERM, estimado a agosto de 2012 y de acuerdo con los rendimientos actualizados por el Banco de México, en 638 mil millones de pesos, producto de 40 años de ahorro, razón por la que tras largos juicios en los tribunales colegiados en materia laboral, 8 mil 600 jubilados obtuvieron en 2007 un laudo a su favor emitido por la Junta Especial 5 de la JFCA.

En lo que puede calificarse como uno de los más grandes robos y atropellos a los derechos jubilatorios, los entonces funcionarios calderonistas Jaime González Aguadé, director de la CFE, Jordi Herrera, secretario de Energía, y Rosalinda Vélez, secretaria del Trabajo, desacataron el punto de acuerdo para presentar ante el Congreso un informe detallado, “en un plazo no mayor a 10 días”, sobre el destino de los multimillonarios recursos. La Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado indicó entonces que tanto la dirigencia del SUTERM como la CFE “mantienen una importante deuda con los 96 mil trabajadores electricistas que aportaron al Fondo Mutualista 638 mil millones de pesos durante su vida laboral en el periodo comprendido de 1950 a 1990”.

Los legisladores denunciaron en su análisis el papel que jugó en su momento el entonces líder del SUTERM y dirigente cetemista, Leonardo Rodríguez Alcaine, la Güera, para consumar el gigantesco fraude. “El 25 de abril de 1990, la CFE y el SUTERM pactaron la sustitución de este Fondo Mutualista por un seguro colectivo obrero en la cláusula 26 del Convenio que celebraron por la firma del contrato colectivo, correspondiente al bienio 1990-1992. Las cantidades aportadas por los cefeístas, durante 40 años, se actualizaron a través del histórico de las tasas de interés, emitidas por el Banco de México tal y como lo dispusieron los tribunales colegiados que instruyeron a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para que condenara al SUTERM y a la CFE al pago y cumplimiento de las prestaciones ejercidas por 8 mil 600 reclamantes ante la Junta Especial 5 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje”.

Ahora que la nube artificial en que reposaban los electricistas del SUTERM se viene a pique, con toda seguridad que el inconcluso tema del multimillonario robo a sus jubilados retornará con más fuerza, recordando a los omisos integrantes de la LXII Legislatura que entre otros pendientes de la reforma energética, está dar con el paradero de los 638 mil millones de pesos que se esfumaron de la noche a la mañana en la más absoluta de las impunidades y de los cuales el charro cetemista, Víctor Fuentes del Villar, se abstiene de comentar a sus agremiados y al país.