Confirmado: pasaportes electrónicos de "gobierno a gobierno" IV

Confirmado: pasaportes electrónicos de "gobierno a gobierno" I
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Parte 3

¿Y la industria nacional?

La posibilidad que la confección de pasaportes electrónicos que empezaba a caminar por el derrotero correcto de licitación transparente con participación de las empresas nacionales que puedan hacerlo, pareciera haber encontrado tropiezos y se ha vuelto al esquema añejo y tan misterioso de "gobierno a gobierno".

Es decir, la industria nacional, sus trabajadores -ambos pagan impuestos- se ve postergada, casi eliminada de un plumazo por las intenciones -cuentan buenas fuentes- de hacerlo vía "gobierno a gobierno". Es evidente que un trabajo así se haría en el extranjero, con el gobierno peruano sacrificando divisas para pagar a empresas foráneas y contribuyendo a enriquecer economías distantes de empresas privadas ¡ninguna peruana!

El gobierno administra el Estado que vive del impuesto que pagan las empresas y los ciudadanos. La misión fundamental e ineludible de todos los regímenes constituye defender los fueros laborales peruanos que no deben -ni pueden- admitir retaceos bajo ningún punto de vista.

Al impulsarse desde el gobierno de Ollanta Humala que ganó la presidencia con el membrete de nacionalista, la cuestionada opción de fábrica de pasaportes vía "gobierno a gobierno", se produce -o mejor dicho, produciría- el raro y abominable caso que una administración política empujara la desnacionalización de la industria.

Este tema de los pasaportes electrónicos ha representado momentos de oscuridad sobresalientes, si aquella puede ser medida así. El ex jefe de la Superintendencia Nacional de Migraciones, anunció, años atrás, la modalidad de "gobierno a gobierno" que nadie -entonces- conocía. Para variar son muy vagos los conocimientos que hay sobre el particular. Pero la formalización de los términos de referencia, el encuadre legal para esta fórmula, recién se dio en el último tercio del 2014. ¿Contaba Edgar Reymundo con una bola de cristal?

Semanas atrás dimos cuenta cómo el ex ministro del Interior, Daniel Urresti, solicitaba que Cancillería invitara a varios países a intervenir en el proceso. Se desconoce si con la salida del controvertido militar de la cartera del Interior, siguió la dinámica o se plantó en seco.

Pero hay una gran verdad que es bueno reivindicar para desmentir mitos y falsedades. La gran mayoría de empresas extranjeras que pueden fabricar el pasaporte electrónico, pertenecen al ámbito privado. Cuando se dice, negociación de "gobierno a gobierno", la administración Humala contrataría con alguna empresa foránea privada y por razones de urgencia o asignación de emergencia. Eso tendría las aparentes ventajas de eliminar una licitación transparente y, lo que es peor. que las empresas peruanas aspiraran -como es su legítimo derecho- ¡siquiera! a ser parte del negocio.

Y hay algo que los entendidos, en el caso que alguna empresa estatal foránea pudiera intervenir en el mecanismo de "gobierno a gobierno", saben de memoria: las firmas de esta categoría compraron sus maquinarias, imprentas, rotativas, tintas, insumos, placas, papeles especiales, con precios liberados, muchas veces, de impuestos y con regímenes y exenciones de toda índole. Es decir, subsidiados por el Estado extranjero, podrían tirar -literalmente- sus precios al suelo con tal de tener presencia, así de simple, en el Perú para ver qué negocios hacen en futuro cercano. ¿No parece injusto que la industria peruana compitiera en esas condiciones tan desiguales y absurdas? En cualquier caso, nuevamente se presentaría la circunstancia que el desfavorecido, a todas luces, serían los peruanos en la industria y en el trabajo.

La desnacionalización de la industria se graficaría de este modo: las divisas del Estado peruano alimentarían a empresas extranjeras cuyos trabajadores recibirían el fruto pecuniario de una labor que en Perú se puede hacer tal como está probado públicamente y hay registro escrito, filmado y radiado desde febrero del 2014. ¿Con qué derecho puede atentar el nacionalismo contra el proyecto empresarial peruano?

Me pregunto, es un decir, si la exigencia que el Congreso vea el tema es pertinente. Y esto tiene una razón: todos los cambios, modificaciones, enmiendas o movimientos económicos y tributarios que involucren al gobierno y al Estado peruanos, según la Constitución, necesitan del análisis, refrendo y dación de autorizaciones respectivas del Parlamento. De otro modo tornan en ilegales y espurias.

El Estado dejaría de percibir los impuestos que paga cualquier empresa local y el uso de divisas sería imprescindible. Por tanto, estamos, de repente, escalando el tema hacia otras etapas algo más comprometedoras.