San Quintín: el valle de la explotación

Fidel Sánchez, jornalero, marzo de 2015

Aquí [en los campos del valle San Quintín] es peor, porque los niños tienen hambre, llegas y vendes todo lo que tienes porque no tienes ni 1 centavo; definitivamente aquí es peor, porque llegas con promesas, ilusiones, y no pasa nada, te va peor, me da tristeza

Julián de Jesús, jornalero

Reportaje San Quintín, el valle de la explotación laboral, junio 2014

Es el valle de los contrastes: entre explotación y resistencia. Es uno de los lugares de México con mayor producción agrícola mercantil destinada principalmente a la exportación. Es también uno de los sitios con las condiciones de trabajo más abusivas, antihigiénicas y nocivas para los jornaleros. Desde este contexto, las recientes revueltas y movilizaciones de trabajadores agrícolas de marzo pasado en demanda de sus derechos laborales y de condiciones de trabajo justas no fueron improvisadas ni gratuitas, sino resultado de la injusticia. Tras dos fallidas mesas de negociación en octubre de 2014 y enero 2015, estas acciones de los jornaleros organizados respondieron al desdén y mutismo del soberbio sector patronal y a la indiferencia y falta de respuesta efectiva y voluntad política de las autoridades estatales. Con esto, los trabajadores agrícolas, además de exigir el cumplimiento de sus demandas, mostraron y denunciaron que hoy día la explotación laboral exacerbada es una realidad social aguda y vigente que padecen decenas de miles de personas en San Quintín, Baja California.

En este contexto, hablar actualmente de esclavitud no es una exageración ni una desproporción, sino, como han manifestado diversas organizaciones en pro y defensa de los jornaleros dentro de México y en Estados Unidos (“Valle de San Quintín: un ejemplo de explotación y abusos que ocurren en 18 estados del país”, Red de Jornaleros Internos, La Jornada, 27 de marzo de 2015), es una referencia clara a condiciones de explotación laboral muy precisas: jornadas de aproximadamente 60 horas semanales, ausencia de contrato laboral, situaciones de trabajo nocivas (exposición a agroquímicos, pesticidas, insolación), explotación infantil, acoso y abuso sexual a las mujeres, carencia de las prestaciones de ley, así como ausencia de seguridad social y de servicios médicos (“Frente Indígena Binacional se solidariza con jornaleros de San Quintín”, La Jornada, 27 de marzo de 2015).

Campesinos, sin futuro

Gran parte de los jornaleros de San Quintín cargan historias de exclusión previas, y son originarios de diversos estados del país, principalmente de las entidades del Sur de México, entidades como Oaxaca y Guerrero, que cuentan con una alta población étnico-rural y presentan los niveles más altos de mortalidad infantil y materna, así como una de las menores esperanzas de vida y los indicadores más bajos de educación e ingreso. No pocos de estos trabajadores agrícolas del Sur pertenecen a diversos grupos indígenas (na’saavi, triquis, zapotecos) y han tenido arduas y difíciles historias migratorias. Salieron huyendo de la miseria y en el Norte encontraron pobreza, exclusión y explotación.

Estos campesinos e indígenas dejaron sus tierras natales en busca de mejores condiciones de vida y tratando de dejar atrás las carencias histórico-estructurales de servicios sociales (salud, empleo, educación) en sus localidades rurales de origen. Fueron y son los desheredados, los sujetos olvidados de manera sistemática y constante por el Estado. No obstante, a raíz de la política neoliberal en el agro se agudizaron las crisis de las economías campesinas y se desincentivaron los apoyos y estímulos a la pequeña producción agrícola, y estos desheredados vieron recrudecer sus ya de por sí precarias condiciones de existencia, incrementándose los desplazamientos hacia el Norte del país en aras de encontrar oportunidades de empleo. Tanto la imperiosa urgencia de salir para subsistir, como su condición de migrantes pauperizados y en necesidad, han acentuado la vulnerabilidad de estos sujetos, y es algo de lo que se han aprovechado a manos llenas los empresarios agrícolas del valle de San Quintín para incrementar sus ganancias.

Amargo reflejo de una explotación generalizada

En el contexto de México como el decimoctavo país en el ranking mundial de la esclavitud (de acuerdo con el Índice global de esclavitud, México es primer país de América en este rubro y tiene al menos 266 mil personas que son víctimas de esclavitud, siendo los tres principales sectores donde se presentan estas prácticas el agrícola, el minero y el turístico: “Esclavitud aún en 2015: México tiene el índice más alto en América Latina”, Animal Político, 30 de marzo de 2015), las condiciones de abuso y explotación laboral que viven los jornaleros en San Quintín son sólo un reflejo y muestra de lo que sufren cerca de 2 millones de trabajadores agrícolas en los campos de 18 estados del país (de acuerdo con la Red de Jornaleros Agrícolas, los estados donde se presenta la explotación de jornaleros son Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Guanajuato, Zacatecas, Jalisco, Nayarit, Colima, San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz, Morelos, Hidalgo, Michoacán, Estado de México y Chiapas; la mayoría de estos jornaleros provienen de los estados más pobres de México (Oaxaca, Guerrero, Chiapas).

No obstante, el caso de San Quintín sirvió para mostrar la forma en que estos sistemas de explotación, por un lado, descansan sobre las complejas relaciones entre empresarios agrícolas y políticos estatales, y, por otra parte, cómo se abusa de la imperiosa necesidad de laborar del jornalero para retribuir su trabajo con un raquítico salario (“Jornaleros de San Quintín: entre la explotación moderna y la resistencia social”, Contralínea, 12 de abril de 2015). Si estos trabajadores agrícolas pueden ser “utilizados” como mano de obra barata y desechable es, precisamente, porque las instancias estatales no hacen que se respete la Ley Federal del Trabajo y, de facto, permiten condiciones laborales inhumanas e ilegales. Esta ausencia efectiva del cumplimiento de la ley se debe a que en Baja California, como probablemente en otros estados del país, varios de los empresarios agrícolas han sido y son funcionarios estatales y están directamente relacionados al poder político. Así, en la medida en que el dinero que debería recibir no llega al trabajador y se dirige a los empleadores, la ausencia del ejercicio de los derechos laborales de los jornaleros se traduce en fuertes ganancias económicas para estas elites. El beneficio monetario derivado de esta explotación va a los bolsillos de los propietarios de los campos, el hambre y los salarios de miseria son para los jornaleros; no en balde estos jornaleros son de los trabajadores peor pagados y más maltratados del país. De facto, la complicidad entre el Estado y los empresarios no sólo promueve este estado de cosas, sino que, además y por añadidura, supone una condición de impunidad y fomenta la ilegalidad. Esto conduce a la lectura de que, en los hechos y allende de los discursos y las buenas intenciones, el Estado antepone los excesivos privilegios y prerrogativas de los empresarios a la aplicación de la Ley Federal del Trabajo y la defensa de los trabajadores desprotegidos y en situación vulnerable.

La dignidad y los rostros de la resistencia

No obstante, y pese al drástico escenario de las condiciones laborales en los campos agrícolas de San Quintín, los jornaleros no sólo son personas que viven en carne propia una explotación descarada, también son sujetos que tienen iniciativas y realizan acciones dirigidas a modificar sus ominosas situaciones de trabajo y de existencia. Desde hace meses, no sólo fueron participes de un fallido proceso de negociación con el Estado y el sector patronal, sino que también han mostrado, mediante diversas actividades e iniciativas, su capacidad de organización y acción social mediante varias medidas: diálogos con instituciones estatales, movilizaciones sociales y paros laborales (en marzo pasado), caravanas y recorridos por diversas localidades y ciudades de Baja California y el país para difundir su lucha y crear convergencias, visitas y encuentros con autoridades de otros estados del país (gobierno del Distrito Federal) e instituciones del gobierno federal (Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Secretaría de Gobernación), alianzas con grupos y organizaciones laborales y étnicas de México y Estados Unidos así como con albergues de religiosos, colectivos y organizaciones de defensa de los derechos humanos y de los trabajadores. Mediante estas acciones han generado un amplio proceso de visibilización pública y mediática de sus demandas y condiciones de trabajo y vida; asimismo esto ha producido un amplio respaldo ciudadano y de la sociedad civil organizada.