San Quintín: el Estado se alía con los empresarios y somete a los jornaleros

Los acontecimientos de San Quintín, Baja California, tanto el opresivo sistema de trabajo en los complejos de producción agroindustrial –que remite a las condiciones de explotación laboral en esa zona de Baja California sostenidas por décadas (un jornalero agrícola trabaja 15 horas al día; en promedio la jornada media laboral de los jornaleros agrícolas es de 57 horas por semana para los hombres y 65 para las mujeres: Red de Jornaleros Internos de México, La Jornada, 27 de marzo de 2015)– como las movilizaciones de los jornaleros por sus derechos laborales en los últimos meses, muestran los diversos sujetos sociales e instituciones que, en relaciones de tensión y de poder desiguales, caracterizan gran parte de la agricultura comercial del país, como los ranchos y campos agrícolas mercantiles presentes en cerca de 18 estados de México (“Jornaleros de San Quintín: entre la explotación moderna y la resistencia social”, Contralínea, 12 de abril de 2015).

a) Por un lado, los jornaleros que, con un pasado de precariedad económica y necesidades irresueltas en sus localidades campesinas e indígenas de procedencia, salieron en busca de mejores condiciones de existencia; que no sólo alude al abuso y agravio actual, sino también refiere a la historia previa de marginación estructural de estos campesinos migrantes, los cuales experimentaron de manera directa carencias materiales derivadas de la ausencia de los derechos sociales en sus localidades de origen. Estos sectores sociales, una vez que migran y en tanto no poseen capital económico ni infraestructura productiva propia para generar recursos monetarios y se encuentran fuera de sus lugares de procedencia, se ven en la urgencia de vender su fuerza de trabajo a casi cualquier costo, y, en no pocas ocasiones, al peor de los empleadores (“Los jornaleros del Valle de San Quintín, reflejo de la ignominia y los reclamos de justicia”, Bilaterals, 12 de junio de 2015).

No obstante, los jornaleros, en tanto actores sociales con capacidad de organización social y acción, se aglutinaron en torno a una serie de demandas laborales concretas y, mediante actividades y protestas de diverso tipo, construyeron las condiciones para generar-forzar un proceso de negociación con diversas instituciones del Estado y el sector patronal, negociación que está desembocando en el cambio parcial de sus situaciones de trabajo y vida.

b) Por otra parte, están los dueños de los campos y ranchos agrícolas, muchos de los cuales, en su afán de incrementar a toda costa sus ganancias, se aprovechan, tanto de la inactividad del Estado para el cabal cumplimiento de los derechos laborales, como de las condiciones de vulnerabilidad de los jornaleros. Esto permite a estos grupos locales de poder económico imponer a los trabajadores agrícolas situaciones laborales peligrosas e ilegales, además de pagarles injustos salarios que no alcanzan a solventar el mínimo de las necesidades básicas de un individuo y/o su familia (“El Valle de San Quintín: entre el abuso laboral y la movilización de los jornaleros”, Alterinfos América Latina, 22 de mayo de 2015).

c) En esta arena política laboral también está el Estado en sus múltiples escalas: municipal, estatal y federal, que se ha distinguido no sólo por carecer de una voluntad efectiva para defender a los jornaleros y por su incapacidad política para ejercer la Ley Federal del Trabajo, sino también por promover de facto situaciones de impunidad y negligencia, en tanto en los hechos permitió condiciones de trabajo que rayaban en la explotación laboral (“En semiesclavitud, más de 2 millones de jornaleros”, La Jornada, 6 de abril de 2015; y “Esclavitud aún en 2015: México tiene el índice más alto en América Latina”, Animal Político, 30 de marzo de 2015).

Lejos de velar por el cumplimiento de los derechos de los trabajadores, el Estado se volvió un legitimador del statu quo sobre el que se asentaba este sistema de explotación y, de facto y transgrediendo el precepto constitucional de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, otorgó un trato diferenciado y preferente al sector patronal, en perjuicio de los jornaleros.

d) A esto se suman los sindicatos oficiales –como la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) y la Confederación de Trabajadores de México– que, lejos de defender los derechos y prerrogativas de los trabajadores, en los hechos se unen a este entramado de abuso laboral permitiendo relaciones laborales injustas e ilegales, contribuyendo a mantener la inercia de estos procesos de exclusión social y económica (“Defiende la CROM a los patrones de San Quintín”, La Jornada, 17 de mayo de 2015).

Alcance de los acuerdos

En el contexto de las condiciones laborales de los trabajadores de los ranchos agrícolas, y según lo han expresado varios de los líderes y representantes de los jornaleros, a través de la lucha organizada de los trabajadores agrícolas y mediante la presión política y mediática de las movilizaciones y las mesas de negociación se consiguieron varios logros de carácter histórico. Entre otras conquistas laborales, se acordó la supervisión y vigilancia de las condiciones de trabajo por parte de las autoridades competentes, el respeto a los derechos humanos de los trabajadores, la afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social de los jornaleros, un bono anual con un monto de dos quincenas de trabajo, la entrada y puesta en operación de programas de atención social dirigidos a los jornaleros y el establecimiento de un sueldo base de 150, 165 y 180 pesos diarios, según el tamaño de las empresas, las cuales serán categorizadas de acuerdo con su actividad productiva, su capacidad económica, la agrotecnología con que cuentan, el tamaño del área cultivada y el volumen de empleados (“Jornaleros de San Quintín logran acuerdo salarial”, La Jornada, 5 de junio de 2015).

Las limitantes y el camino por recorrer

Sin embargo, dentro de los pendientes aún por resolverse, hay tres que son de gran importancia: a) la conformación y consolidación del Sindicato de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social; b) el cumplimiento efectivo y total de los acuerdos de la mesa de diálogo y negoción de mayo pasado; c) y la continuación de la lucha por la mejora de las condiciones laborales y de vida de los jornaleros. En este contexto, si bien se consiguió elevar en cierta medida la remuneración económica por jornal a los trabajadores agrícolas, muy lejos quedó la iniciativa de los jornaleros de recibir 300 pesos por día trabajado y, debido a la prácticamente nula voluntad del sector patronal, ni siquiera se llegó a la magra y limitada propuesta de 200 pesos por jornal (“Patrones rechazan pagar 200 pesos al día a jornaleros de Baja California”, La Jornada, 16 de mayo de 2015).

No obstante lo avanzado, y considerando que no es un problema que radica en la falta de recursos económicos del sector patronal –dado que buena parte de la producción de los ranchos se destina a la venta en Estados Unidos y las ganancias son en dólares y de acuerdo con los estándares del costo de vida estadunidense–, los actuales salarios pactados aún distan mucho de ser justos y proveer los recursos monetarios suficientes para solventar el precio de la canasta básica y el resto de las necesidades de los jornaleros, más si consideramos el elevado costo de vida en la región del Valle de San Quintín y que muchos de estos trabajadores agrícolas son padres de familia.