Peña y Osorio, de segundos apellidos Nieto y Chong, respectivamente (el primero inquilino de Los Pinos y huésped de entrada por salida de Palacio Nacional, y el segundo su secretario para el despacho de Gobernación), no paran con sus declaraciones en el sentido de que la criminalidad va a la baja y por tanto la inseguridad también. Lo cual es falso. Es una mentira. Solamente en sus cuentas alegres es que han disminuido las acciones de la delincuencia organizada: las desapariciones forzadas (su punta de lanza Ayotzinapa), los fusilamientos por las Fuerzas Armadas (por el asunto de Tlatlaya no se ha enjuiciado a los militares responsables), así como las torturas en las cárceles (cuando la Organización de las Naciones Unidas documentó cientos de casos y los mexicanos sabemos que esa práctica terrorífica es común ahora mismo con el peñismo y sus encargados de la seguridad con sus policías, marinos y soldados), lo mismo que los feminicidios, siendo que en el Estado de México, Chihuahua, Sonora, etcétera, esos casos han aumentado dramáticamente.
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Dentro de todo ese contexto trágico, es que también los reporteros de todos los medios de comunicación, sobre todo del periodismo escrito, pero asimismo de la radio y televisión e incluso del internet, están sufriendo la embestida de la inseguridad que “disminuye” según Peña y Osorio. En el Senado está archivado el reporte de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en contra de la Libertad de Expresión –instancia que solamente está para llevar la contabilidad: 103 delitos–, de la Procuraduría General de la República (PGR), que nada hace al respecto. Tenemos el registro de los periodistas, y ante todo de los reporteros, quienes son los que, generalmente, se exponen en la búsqueda de la información de la que nos servimos los comentaristas, y a quienes casi nadie mencionan. Por lo general, los locutores de la radio no les otorgan el crédito correspondiente ni dan a conocer el medio periodístico, para aparentar que ellos fueron los que obtuvieron directamente la información sobre los hechos.
Conforme con la investigación de Alberto Morales (El Universal, 31 de marzo de 2015), en Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco… ¡Veracruz! –con 13 homicidios– y Yucatán, arrojan 36 agresiones de todo tipo contra los informadores. Es, según las cifras, el espacio geopolítico más adverso para la tarea de los reporteros; en el contexto de la sangrienta violencia que priva en todo el país y que únicamente disminuye en las cuentas alegres de Peña, Osorio y Monte Alejandro Rubido, el trío que, tras la captura de capos, insiste en que van a la baja los delitos.
Pero es claro que éstos no paran, por lo contrario, constantemente salen a la luz pública una y otra vez los indicios de que los feminicidios, desapariciones forzadas, secuestros, torturas en las cárceles y abusos de policías, marinos y soldados, incluso, aumentan. Y con ellos las intimidaciones militares para los familiares de los 22 fusilados en Tlatlaya, Estado de México, para que no presenten cargos contra los altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Ningún sector de los mexicanos ha escapado a esa avalancha criminal, que nos tienen atrapados en la angustia del miedo por los riesgos que se corre al andar por las calles. Los ricos o los funcionarios como Peña cuentan con guardaespaldas, pero los reporteros –salvo algunos periodistas que reciben esa protección– no tienen más que su persona, sus grabadoras y sus cámaras fotográficas, que incluso les son robadas por los policías cuando los reporteros tienen grabados en ellas sus abusos. El país entero es escenario de la violencia sangrienta que soportan todos los mexicanos; y que sufren especialmente los periodistas de a pie que van al encuentro de los hechos que adquieren la calidad de información.
En la PGR, ahora en manos de Televisa con el nombramiento de la señora Arely Gómez (familiar de los dos Gómez de la jerarquía de esa empresa), están 652 averiguaciones previas inconclusas porque el peñismo no quiere que vayan a sus últimas consecuencias, ya que los presuntos responsables son en su mayoría funcionarios que obstaculizan el ejercicio de las libertades de prensa. Y es que hay abusos de autoridad, lesiones, homicidios, privación ilegal de la libertad, robos y daños a instalaciones. No hay duda alguna que los sicarios del crimen y narcotráfico cometen, con los funcionarios, esos delitos. Pero, como son cómplices, las denuncias se quedan en averiguaciones inconclusas archivadas. También hay desapariciones forzadas de reporteros que, con los homicidios y lesiones, constituyen la mayor parte de agresiones acontecidas entre el sexenio panista de Felipe Calderón y lo que va del gobierno priísta de Peña, arrojando 103 periodistas asesinados.
La información del reportero Alberto Morales es una síntesis de la violencia denunciada –porque también existe la violencia no denunciada– desde 2000 hasta 2015, cuando aumentaron el narcotráfico y demás delincuencias para sumir a la nación en la más aterradora inseguridad que tiene al país en una crisis de sálvese el que pueda, ya que los gobernantes no cumplen con sus obligaciones policiacas. Y no obstante los militares en las calles, la violencia sigue aumentando, y del calderonismo al peñismo van más de 160 mil homicidios. Los periodistas han aportado su cuota de asesinados. Estas desgracias se acumulan con el resto de las que agobian a todos los mexicanos que, como los reporteros, deben salir a sus trabajos para ser víctimas de delincuentes y servidores públicos corrompidos.
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