Pero para ello, deben existir documentos y evidencias en los que conste que parte del producto de la venta de drogas o demás ilícitos en los que ha incurrido el Chapo y su grupo criminal fueron a parar a las finanzas de los actores.

De acuerdo con el Código Penal Federal, es el artículo 400 Bis el que sanciona las operaciones con recursos de procedencia ilícita. Al respecto, éste indica que se impondrá de 5 a 15 años de prisión y de 1 mil a 5 mil días multa al que, por sí o por interpósita persona, realice cualquiera de las siguientes conductas:

“I. Adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, dé o reciba por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, o

“II. Oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad o titularidad de recursos, derechos o bienes, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita.

“[…] se entenderá que son producto de una actividad ilícita los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente, o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito y no pueda acreditarse su legítima procedencia […].”

En el caso de los actores, ambos parecen estar bastante enterados de las actividades criminales del líder del Cártel de Sinaloa y de que sus finanzas se fundamentan en éstas. Pero hasta ahora lo único comprobable de su relación con él es la entrevista que le hacen para la revista Rolling Stone.

Todo lo relacionado con una supuesta sociedad para realizar un filme y un libro autobiográficos son trascendidos que, aunque basados en comunicaciones escritas, no son evidencias de lavado, y las autoridades sólo pueden dar crédito a hechos comprobables. Por ello, serán las autoridades hacendarias, en particular la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria, quienes encabecen esta línea de investigación, pero con la colaboración de Estados Unidos, pues Kate del Castillo también radica en ese país.

El asunto resulta bastante complejo: si las autoridades quieren imputar este ilícito tendrían que demostrar que los actores fueron contratados y pagados por el capo de las drogas. Pero hay que recordar que los criminales recurren al dinero efectivo, no firman contratos y suelen ser expertos en ocultar sus finanzas.

Tan sólo en 2015, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos estimó que los cárteles mexicanos lograron legalizar al año entre 6 mil millones y 39 mil millones de dólares; es decir, entre 102 mil millones y 663 mil millones de pesos, a un tipo de cambio de 17 pesos por dólar (informe National money laundering risk assessment 2015).

Dinero que, por supuesto, pasó directo a sus arcas sin ser decomisado por las autoridades, pues para este delito existe una gran impunidad. Ejemplo de ello son los resultados publicados por el Tercer informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, en el que se destaca que la Procuraduría General de la República (PGR) sólo logró asegurar 966.9 millones de pesos, frente a los miles de millones de pesos lavados por los narcotraficantes.

En el caso de las averiguaciones previas, tampoco hay grandes golpes al narcotráfico: el informe indica que se iniciaron 202 averiguaciones previas; se despacharon 135 averiguaciones; se consignaron 56; se declararon 17 incompetencias; se declaró el no ejercicio de la acción penal en 24 casos; la reserva en otros 16; se acumularon 21; se libraron 35 órdenes de aprehensión; se iniciaron 15 procesos penales; se ejercitó acción penal contra 189 personas; se dictaron 14 sentencias condenatorias; se detuvieron a 15 personas y se desarticuló, según la información oficial, a una organización delictiva.

Así que la “amenaza” de la investigación abierta en la PGR en contra de los dos actores podría quedar sólo en eso, como quedan la mayoría de los casos que investiga en torno a la delincuencia organizada. Y es que como lo he documentado, entre diciembre de 2012 y enero de 2015, la Procuraduría sólo integró 2 mil 803 averiguaciones previas por delitos del crimen organizado (Contralínea 455).

De éstas, sólo 84 correspondieron a delitos contra la salud o narcotráfico, refiere la información de la PGR, obtenida por medio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Respecto del combate al lavado de dinero, la UIF tampoco tiene grandes logros. Del 11 de octubre de 2012 al 14 de mayo de 2015, ésta presentó 202 denuncias ante la PGR por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. De éstas, refiere Hacienda en la respuesta a la solicitud 0000600216115, 190 derivaron en averiguaciones previas; sólo 11 casos fueron consignados y en uno se determinó el no ejercicio de la acción penal.

Así que tanto Kate del Castillo como Sean Penn pueden estar tranquilos. Sería una verdadera sorpresa que la Procuraduría pueda fincarles este delito.

Nancy Flores
Fuente
Contralínea (México)