La simulación del imperio de la ley

Eso le ocurre al expresidente mexicano Ernesto Zedillo, quien durante su mandato (1994-2000) se enfrentó a su antecesor Carlos Salinas de Gortari y metió preso a su hermano Raúl por los delitos de homicidio, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico (aunque 10 años después éste quedó libre por “falta de pruebas”), por lo que una vez concluido su mandato, Zedillo huyó del país ante el miedo que le infligía Salinas y se refugió en Estados Unidos, en donde ahora es asesor de diversas empresas y catedrático de la Universidad de Yale.

Recordamos ahora a Zedillo porque hace unos días dio una conferencia en el Graduate Institute de Ginebra, sobre los desafíos de la gobernanza global (información de la cual dio cuenta Gabriela Sotomayor en el diario Reforma), y allí afirmó que “tres problemas impiden el desarrollo de México: número uno, el imperio de la ley; número dos, el imperio de la ley, y número tres, el imperio de la ley”.

Y no podríamos estar más de acuerdo con el expresidente, pues los problemas principales del país son la falta de justicia y la impunidad, lo que incentiva a políticos, gobernantes y delincuentes –por lo regular son los mismos– a cometer delitos y abusar de los cargos públicos. En esos abusos también incurrió Ernesto Zedillo cuando ocupó la Presidencia de la República, junto con su titular de la Secretaría de Hacienda, José Ángel Gurría. Ambos aprovecharon para sí mismos y sus familias beneficios fiscales que ellos habían promovido.

De acuerdo con documentos oficiales de la Secretaría de Hacienda de aquellos años, en 1998 José Ángel Gurría, actual secretario general de la OCDE, otorgó un trato preferencial a los hermanos de su jefe, el entonces presidente Ernesto Zedillo, de nombres Rodolfo, Verónica Crystela y Luis Eduardo Zedillo, así como a la empresa Grupo Intecom, propiedad de la familia del exmandatario, para omitir el pago de impuestos correspondientes al periodo 1991-1996, y liquidarlos parcialmente cuando se vieron descubiertos.

Al concluir el sexenio de Zedillo y en los primeros días del gobierno de Vicente Fox, el llamado zar anticorrupción Francisco Barrio, responsable de la Secretaría de la Contraloría, prometió que realizaría una exhaustiva investigación del caso y que, de haber elementos, aplicaría la ley a todos aquellos que hubieran participado en las supuestas anomalías fiscales. El entonces contralor pidió ayuda al secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, para investigar a la familia Zedillo Ponce de León, pero su petición fue rechazada y le negaron las pruebas de la evasión fiscal.

En diciembre de 2000, en esta columna dimos cuenta de la explicación que el arquitecto Rodolfo Zedillo, presidente del Grupo Intecom, hacía sobre los beneficios fiscales que recibieron por parte del secretario Gurría.

En aquella ocasión Zedillo decía que “no había recibido un trato preferencial de la Secretaría de Hacienda en la liquidación de sus adeudos fiscales”, sin embargo reconocía haber incurrido en retrasos de obligaciones tributarias “por causas externas a las propias empresas”. Aseguraba que los adeudos fiscales fueron liquidados con “cargos muy sustanciales en apego a la ley”. Es más, agregaba, “jamás he recibido un trato especial de autoridad alguna y que, por el contrario, las autoridades han sido especialmente cuidadosas con mi familia para que ésta cumpla con el pago de sus impuestos”.

Sin embargo, las pruebas que aún guardo en viejos archivos señalan otra cosa: las cuatro empresas de la familia del expresidente –Integración del Sistema para la Construcción, Conductores Eléctricos de México, Promociones Electro Iris e Inmobiliaria y Constructora Gegaza– acumularon deudas y recargos por impuestos no pagados al gobierno federal hasta por 15 millones 275 mil 343 pesos, entre1991 y 1996, cuando su hermano era secretario de Programación y Presupuesto.

Para resolver este problema antes que su pariente dejara la Presidencia de la República, el arquitecto Rodolfo Zedillo simuló un arreglo con las autoridades de Hacienda que estaban bajo las órdenes de su hermano el presidente, por lo que en mayo de 1998 logró que mediante el pago de 8 millones 103 mil 779 pesos quedaran liquidados sus créditos fiscales, lo que le significó una reducción fiscal de más de 7 millones de pesos.

Según la tarjeta informativa que el exsubsecretario de Ingresos, Tomás Ruiz, le envió al secretario José Ángel Gurría, el Servicio de Administración Tributaria también les autorizó a las empresas de la familia Zedillo incorporarse a los convenios del Programa de Apoyo Fiscal, que les permitió pagar en una sola exhibición el saldo de los adeudos y los relevó de las obligaciones de presentar la garantía del interés fiscal y, por si eso fuera poco, los créditos que les otorgó Hacienda no fueron garantizados y al final les condonó las multas. Nada distinto del abuso de poder y tráfico de influencias cometido por otras familias como los López Portillo, De la Madrid, Salinas de Gortari, Fox-Sahagún, Calderón y ahora Peña Nieto.

Cada uno de los créditos fiscales que las autoridades hacendarias les fincaron por las omisiones en que incurrieron los Zedillo al no pagar las contribuciones de sus cuatro empresas se encontraba sin garantía, lo que es contrario a las disposiciones fiscales, pues el espíritu de toda norma tributaria es en el fondo salvaguardar el interés fiscal, mismo que debe ser garantizado a plenitud en todos los créditos que las autoridades hacendarias determinen. En el caso de las empresas de los Zedillo esto no se cumplió por razones poco claras, lo que denota un trato preferencial del fisco federal a favor de los hermanos del expresidente de la República.

Tiene razón entonces Ernesto Zedillo cuando afirma que los problemas para el desarrollo del país se sustentan en la falta del imperio de la ley, mismo que el exmandatario violó cuantas veces quiso.