Pero Deutsche Bank es emblemático porque acumula irregularidades desde tiempo, pagándolo con problemas y pérdidas. Por eso una acción vale hoy unos 12 euros, cuando hace pocos años valía 100. Además, el año pasado inició una reestructuración para reducir 35 mil empleos de la plantilla, además de abandonar oficinas en 10 países. Más pleitos varios que le cuestan o costarán más de 12 mil millones de euros en sanciones y reparaciones. El problema es que anomalías e ilegalidades no afectan sólo a los accionistas mayoritarios. Al final las paga la ciudadanía.

En España, con menor volumen pero la misma codicia, empezó el juicio de 65 consejeros de la antigua Caja de Ahorros de Madrid (que después fue Bankia) por apropiación indebida. Un macroproceso a banqueros, dirigentes sindicales, concejales, otros políticos y empresarios.

Un correo electrónico interior de la entidad bancaria reveló en 2009 el chanchullo al informar sobre remuneraciones extras de miembros de órganos de gobierno de Caja Madrid. Ese correo explicaba que cada miembro del Consejo de Administración disponía de una tarjeta Visa de gastos de representación de 25 mil euros anuales, pero no existente para Hacienda. Esas tarjetas black han proporcionado a los consejeros unos 15 millones de euros de 1996 a 2012 en joyas, viajes, hoteles de lujo, comidas y cenas, ropa, perfumería… Una codicia indecente.

No es el primer juicio por despilfarro de consejeros de entidades financieras. Además de irregularidades de pensiones millonarias para cúpulas dirigentes, créditos que eran desfalcos, anomalías financieras e inmobiliarias, sueldos desmesurados y opciones a paquetes de acciones. Al mismo tiempo, Bankia (entidad surgida de la unión de Caja Madrid y otras entidades financieras) timaba a 129 mil ahorradores, personas mayores y jubiladas a las que vendían obligaciones preferentes que inmovilizaban sus ahorros. Además de ocultar información veraz y justa a 200 mil accionistas cuando Bankia empezó a cotizar en bolsa, lo que supuso la congelación de ahorros de esos accionistas.

En 2012 era evidente que el sector financiero español se tambaleaba. Y el Estado empezó a rescatar entidades financieras, Bankia entre ellas, con dinero público (el de impuestos de españoles y españolas). Feroces recortes presupuestarios sociales, deterioro de servicios públicos y millones de asalariados al paro o a la precariedad crónica fue el precio que pagó el pueblo trabajador, además de hipotecarse el país por tiempo indeterminado.

Cuatro años después, aunque Luis de Guindos, ministro de Economía, y Mariano Rajoy, presidente del gobierno, juraron entonces que el rescate de las entidades financieras no costaría ni un duro a la ciudadanía, al día de hoy el Estado apenas ha recuperado un 5 por ciento del rescate bancario, según publican varios medios informativos. En concreto, el Estado (la ciudadanía), a través del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), dio al sistema bancario español ayudas financieras de más de 53 mil millones de euros. Pero sólo se han recuperado 2 mil 686 millones: menos del 5 por ciento. Y no hay visos de que la recuperación vaya mucho más allá.

Lo expuesto afianza la convicción de que el sector financiero es el principal adversario al que se enfrenta la ciudadanía. Porque no tiene control, se mueve por el mundo con libertad absoluta, se opone con ferocidad a la menor regulación, alimenta el fraude fiscal que debilita y entrampa a los Estados y especula a corto plazo con activos financieros retorcidos y complejos, más nuevos activos fruto de la rapiña-privatización de servicios públicos esenciales. Una amenaza incesante de burbujas que pueden estallar en cualquier momento. Que es lo que ocurre con especulación desaforada.

Enfrentarse al peligroso e inmoral sector financiero puede parecer titánico, imposible incluso. Pero parece indiscutible que, si no se planta cara, hundirán a la gente común, que es la mayoría.

Xavier Caño Tamayo
Fuente
Contralínea (México)