Otra vez, la Comisión ha pedido explicar por qué la Iglesia católica no paga a los ayuntamientos el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras ni el Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI). Y hace poco, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea denunció las exenciones fiscales de la Iglesia Católica en España, porque “pueden ser ayudas estatales prohibidas”.

El artículo 16 de la Constitución española deja claro que España es un estado aconfesional y, por tanto, “ninguna confesión tendrá carácter estatal, los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”. Cooperación, no privilegios. ¿Por qué la Iglesia Católica tiene en el Reino de España beneficios fiscales que en realidad se restan a la ciudadanía? No hay respuesta para explicar por qué no pagan Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, de Sucesiones o Donaciones. O porque no pagan el IBI como todo el mundo.

¿Acaso porque los inmuebles que no pagan IBI son lugares de culto? No, porque solo un 18 por ciento de propiedades inmobiliarias de la Iglesia se dedican al culto. El 82 por ciento restante no son lugares de culto… y tampoco pagan IBI. Por no pagarlo, el Estado deja de cobrar 2 mil 500 millones de euros cada año.

Y hablando de privilegios, desde hace unos años la Iglesia Católica española registra como propios viñedos, olivares, casas rectorales, atrios y solares que pertenecían a los pueblos, pero no estaban registrados. La Iglesia sí lo ha hecho. Y lo sigue haciendo a la chita callando por dos artículos de la Ley y Reglamento hipotecarios, que deberían ser derogados ya, por los que ¡¡los obispos pueden registrar propiedades como si fueran funcionarios públicos!!

El privilegio aumentó en 1998, cuando el Gobierno de Aznar suprimió un artículo del reglamento que hasta entonces impedía inmatricular (registrar propiedades a su nombre) edificios de culto, iglesias, catedrales o ermitas. Desde entonces la Iglesia inmatricula a todo gas. Es tal el volumen de oscuros registros de propiedad que en Navarra, por ejemplo, han arrasado el territorio y figuran como propiedades de la Iglesia Católica cientos de templos parroquiales, ermitas y basílicas y todo lo que tienen dentro. Además de casas, almacenes, garajes, frontones y cementerios. Hoy la Iglesia Católica posee en España más de 110 mil 000 propiedades… que no pagan impuestos. Templos y ermitas, por ejemplo, no eran propiedad de la Iglesia y muy a menudo fueron construidos y levantados con el dinero, trabajo y esfuerzo de la gente.

En 2007, documentándose el escritor navarro José María Esparza para un libro de historia local, descubrió que la Iglesia había registrado a su nombre la parroquia de Santa María de Tafalla. Luego comprobó que había hecho lo mismo en San Pedro y con las iglesias de Artajona y Ujué. El Arzobispado llevaba años inmatriculando bienes comunes que, por la razón que fuera, estaban sin registrar y nadie se había enterado. Se constituyó la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro para detener esas apropiaciones y, 10 años después, las inmatriculaciones como problema y frenarlas ya son tareas de la ciudadanía. Muchos alcaldes las han descubierto con sorpresa e intentan devolver al pueblo el inmenso patrimonio cultural e inmobiliario del que la Iglesia se ha apropiado.

Por su parte, la organización Europa Laica ha denunciado además en su informe Opacidad y Financiación de la Iglesia Católica que “mientras aumenta la pobreza y se privatizan servicios públicos, el Estado da a la Iglesia católica, por subvenciones directas y exención de impuestos, más de 11 mil 000 millones de euros anuales; más del 1 por ciento del PIB”. Europa Laica denuncia también que “la Iglesia católica española se ha apropiado, a lo largo de su historia, de gran parte del patrimonio que hoy posee por vías ilegítimas e ilegales, con el consentimiento y complicidad del Estado”.

Urge arreglar tal desaguisado y regular la relación con la Iglesia teniendo en cuenta los intereses de la ciudadanía y la aconfesionalidad del Estado. Sin privilegios.

Xavier Caño Tamayo