Espiar a los ciudadanos es una de las actividades favoritas de gobiernos autoritarios, incluso cuando se llaman a sí mismos democráticos. Ejemplo de ello es la intromisión, sin precedentes, en la que incurrieron la Agencia Central de Inteligencia y el servicio de inteligencia británico –MI5– a través de diversos dispositivos digitales, incluidos televisores smart, utilizados para grabar conversaciones incluso cuando estaban apagados, reveló WikiLeaks a inicios de marzo.

Resulta que estas prácticas –que violan libertades y derechos constitucionales, como la intimidad, la vida privada, la libre expresión, la libre asociación y la inviolabilidad de las comunicaciones privadas– también son atribuibles a las autoridades mexicanas.

En diciembre pasado fue el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Privacidad, Joseph Cannataci, quien dio la voz de alerta, al señalar que el gobierno de Enrique Peña ha adquirido varios tipos de software maliciosos para espiar en forma masiva e indiscriminada (http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2016/12/11/arrecia-el-espionaje-gubernamental/).

Más aún, hay un tipo de espionaje autorizado por el Poder Judicial a los agentes de inteligencia civil (Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Cisen) y ministerial (Procuraduría General de la República, procuradurías y fiscalías estatales) que también va al alza.

Cada vez es más frecuente que los agentes del gobierno espíen en vez de investigar los delitos relacionados con la delincuencia organizada y las “amenazas” a la seguridad nacional. Por ello, en lo que va de este sexenio han obtenido más de 7 mil autorizaciones para invadir la privacidad de las comunicaciones de ciudadanos.

En estos casos, jueces Federales Penales Especializados en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones y jueces de Distrito Especializados en Medidas Cautelares y Control de Técnicas de Investigación analizan “argumentos” y “justificaciones” de los agentes –especialmente del Cisen– para luego emitir órdenes que amparan la intervención de comunicaciones.

Dicha intervención no se reduce al espionaje telefónico, sino que abarca todo tipo de comunicaciones (radiotelefónicas y digitales); incluso aquellas que están cifradas: correos electrónicos, mensajería de texto, chats (tanto de correos como de redes sociales, como Facebook y Twitter), conversaciones establecidas por medio de aplicaciones (Skype, Whatsapp, BBM, Facetime, Tango, Fring, Telegram), etcétera.

Este recurso, altamente invasivo y violador del derecho a la privacidad, requiere de la autorización judicial que es a discreción, tanto de los agentes como de los jueces, pues las solicitudes y el análisis de las mismas son clasificados como confidenciales.

Incluso el número estadístico de escuchas e intervenciones ha sido reservado por el Cisen, que considera toda su actividad como de alta confidencialidad aunque en realidad no lo sea.

El asunto es que hasta este tipo de espionaje ha tenido un incremento considerable. En lo que va del actual gobierno federal, los agentes del gobierno han solicitado 7 mil 44 autorizaciones para espiar –ellos dicen intervenir– comunicaciones de ciudadanos, revela el Consejo de la Judicatura Federal en sus informes anuales de labores para 2013, 2014, 2015 y 2016.

Gracias a estas estadísticas públicas podemos observar un alza en las solicitudes de espionaje. Y es que tan sólo en 2016, el número de peticiones ascendió a 2 mil 523; de las cuales, 2 mil 77 corresponden a agentes federales de inteligencia y de procuración de justicia, y 446, “a 30 usuarios de las procuradurías y fiscalías generales de los estados de la República”.

El Informe anual de labores 2016 es el único que incluye las estadísticas correspondientes a las solicitudes de las autoridades estatales, sin aclarar si antes no las realizaban o la Judicatura simplemente no las revelaba.

De los datos proporcionados se desprende que en los 4 años que lleva la gestión de Enrique Peña, los agentes federales han solicitado 6 mil 598 autorizaciones para escuchar, ver y leer las comunicaciones de un igual o mayor número de personas, pues una petición puede involucrar a varios ciudadanos supuestamente implicados en un mismo delito.

Por años, la tendencia se marcó así: mientras en 2016 fueron 2 mil 523 las peticiones de intervención de comunicaciones (tanto de agentes federales como estatales); en 2015 fueron 1 mil 582; en 2014, 1 mil 669; y en 2013, 1 mil 270.

Además de las escuchas telefónicas y demás intervenciones, los “espías” del gobierno mexicano recurrieron a los juzgados especializados para que les autorizaran solicitar información a las empresas de telecomunicaciones. Éstas se refieren al momento en que, por orden judicial, las compañías privadas –como Telmex, Maxcom, Axtel, Telcel, Izzi, AT&T, Telefónica (Movistar), Nextel–, se ven obligadas a colaborar con las investigaciones; es decir, a entregar toda la información que posean sobre sus clientes que son investigados.

No sólo se trata de los datos personales (también “amparados” por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), sino de los registros de actividad del cliente: llamadas, páginas visitadas en internet, frecuencia, tiempo.

En 2016, fueron 12 las autorizaciones de este tipo a favor de los agentes federales y 328 los requerimientos a concesionarios; mientras que los 30 usuarios de las procuradurías y fiscalías estatales solicitaron tres permisos para pedir información a las empresas de telecomunicaciones.

En 2015, fueron 27 las peticiones para solicitar información a las empresas de telecomunicaciones; en 2014, 21; y en 2013, 30. Así la paranoia del gobierno federal.

Nancy Flores