Para la acusación se utilizaron 1 mil 700 millones de consultas de usuarios. El resultado de la investigación indica que la información que ofrece el buscador no es neutral, influye al momento de hacer la selección del contenido que se mostrará a la petición de búsqueda cuando se comparan precios.
Se le ofreció un plazo de 90 días para modificar esa conducta, o sea, rediseñar su algoritmo que le otorga esa ventaja. Si no lo hace, podría recibir multas hasta del 5 por ciento de sus ingresos diarios, lo que sí será una gigantesca cantidad de dinero, alrededor de 14 millones de dólares diarios. Además si no lo hace, se arriesga a que le obliguen a indemnizar a las compañías que se han visto afectadas por su comportamiento.
No se sabe aún si Google apelará y llevará a tribunales el asunto que podría tardar unos años en resolverse. Generalmente las grandes empresas enfrentan acusaciones (sobre todo en Europa) por ser dominantes y abarcar demasiado. En este caso el problema no es ése, sino que dé un trato preferencial a sus propios servicios, lo que representa una trampa para cualquiera.
Existe una posibilidad que este asunto genere un conflicto con el gobierno estadunidense, sin embargo eso nunca le ha impedido a la Unión Europea meter en cintura a las gigantescas empresas que tienen su base en Estados Unidos. Los legisladores de este país, desde hace 7 años, se han mostrado preocupados por la tendencia europea de “discriminar” a compañías digitales del extranjero, principalmente las de su país. Durante el gobierno de Barack Obama se reclamaba lo mismo: decían que Europa bloqueaba el talento e innovación estadunidense.
Algo a resaltar es que la Comisión Europea sanciona una actividad relacionada con las búsquedas por internet. Y se vienen otras acusaciones en contra de la empresa: contra su plataforma móvil Android para teléfonos inteligentes y otra contra su navegador Chrome.
En México estamos lejos de regular actividades online para proteger a los usuarios o evitar que sucedan este tipo de abusos. Y además, si en lugar de dedicarse al espionaje, el gobierno mexicano tratara asuntos legales de este tipo para favorecer la competencia y a los emprendedores mexicanos, podría imponer multas similares. Con los ingresos por esas multas ya hubiera ayudado a tapar las pérdidas económicas que ha dejado la privatización.
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