Estas remuneraciones son, por lo menos, obscenas, porque México es un país subdesarrollado en el cual más de 53 millones de personas sobreviven en situación de pobreza, miseria y marginación. Muchos de ellos ni siquiera tienen qué comer en estos momentos; mientras que en la mayoría de esos hogares pobres hasta los niños de 4 años en adelante trabajan para aportar algo a la economía familiar.

Pero de esa miseria nada saben los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes encabezan la lista de mejores pagados por el erario nacional: este 2018, cada uno obtendrá un sueldo bruto de 6 millones 938 mil 234 pesos (4 millones 659 mil 489 pesos netos).

Ése es el tamaño del hueso que tanto han peleado los ministros ante el esquema de austeridad planteado por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, el cual ya han rechazado por considerarlo “ilegal”.

De acuerdo con el análisis Los salarios máximos en la Administración Pública Federal –del investigador Salvador Moreno Pérez, del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (Cesop)–, en esa lista de privilegiados, irónicamente, figura en segundo lugar el presidente Enrique Peña Nieto, con un sueldo bruto para este 2018 de 4 millones 452 mil 601 pesos (3 millones 115 mil 531 pesos netos).

Y es irónico porque los garantes de la constitucionalidad en México violan flagrantemente la Carta Magna: el Artículo 127 de la Constitución establece que “ningún servidor público podrá recibir remuneración por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente”.

Pero, qué importan las leyes para los guardianes de la constitucionalidad si ellos son la justicia: “el ministro presidente y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ganan más que el presidente de la República y son los servidores públicos que tienen mayores percepciones”, señala el análisis del Cesop.

Mejores pagados

A esa élite de mejores pagados se suman los secretarios de Estado, los consejeros y magistrados electorales, consejeros de la Judicatura Federal, titulares de organismos autónomos, senadores y diputados.

Según el análisis de Moreno Pérez, los consejeros del Instituto Nacional Electoral –que encabeza el doctor en derecho Lorenzo Córdova– están en el tercer escalón de la lista, perciben individualmente 4 millones 354 mil 208 pesos brutos anuales (2 millones 997 mil 90 pesos).

Los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación son los siguientes, con 4 millones 345 mil 942 pesos brutos al año cada uno (2 millones 993 mil 80 pesos netos).

Y a éstos les siguen los consejeros de la Judicatura Federal: este año cada uno se embolsará 4 millones 313 mil 698 pesos brutos (2 millones 970 mil 124 pesos netos).

En la lista de privilegiados también está el auditor superior de la federación, David Colmenares, con un sueldo anual bruto de 4 millones 268 mil 60 pesos (2 millones 959 mil 341 netos).

También Luis Raúl González Pérez, el flamante ombudsman de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien al cierre de este año ganará 4 millones 243 mil 164 pesos brutos (2 millones 917 mil 569 netos).

Le sigue Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, con un sueldo bruto anual de 3 millones 456 mil 571 pesos (2 millones 382 mil 44 pesos netos).

De acuerdo con el estudio del Cesop, a esa lista se une la presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica, Alejandra Palacios Prieto, con un ingreso bruto anual de 3 millones 401 mil 535 pesos (2 millones 371 mil 643 netos).

Asimismo, el presidente del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), Julio Alfonso Santaella Castell, quien percibe anualmente 3 millones 403 mil 222 pesos brutos (2 millones 369 mil 261 netos).

Otra funcionaria que figura entre los mejores pagados es Teresa Bracho González, consejera presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación: 3 millones 517 mil 740 pesos brutos al año (2 millones 343 mil 133 pesos netos).

También el presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Gabriel Oswaldo Contreras Zaldívar, quien gana 3 millones 340 mil 687 pesos brutos al año (2 millones 238 mil 261 pesos netos).

Otro convidado de las mieles del poder es el vicepresidente del Inegi, Enrique de Alba Guerra, con un sueldo bruto anual de 3 millones 165 mil 17 pesos brutos al año (2 millones 211 mil 640 netos).

Pero la lista no concluye ahí: a ésta se suman los 128 senadores, con sueldos brutos individuales de 2 millones 796 mil 810 pesos al año (1 millón 973 mil 763 pesos netos); y los 500 diputados, con 1 millón 918 mil 120 pesos brutos (1 millón 436 mil 397 netos). Muchos de éstos se han dicho comprometidos con la austeridad, así que esperamos que en breve muestren congruencia.

“Aunque los legisladores federales se encuentran en el último lugar […], la información no permite contabilizar ingresos que reciben, como pagos por asistencia legislativa, atención ciudadana, pasajes aéreos y vales de gasolina, entre otros”, apunta el análisis del Cesop, basado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018.

Agrega que los funcionarios del sector eléctrico también son mejores pagados: presidente de la Comisión Reguladora de Energía: 3 millones 394 mil 598 pesos anuales; presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos: 3 millones 394 mil 598; director general de Petróleos Mexicanos: 2 millones 640 mil pesos; y director de la Comisión Federal de Electricidad: 3 millones 409 mil 848 pesos anuales (sin especificar si los montos son brutos o netos).

El análisis del Cesop también incorpora a secretarios de Estado –entre quienes están los cuestionados Rosario Robles Berlanga y Luis Videgaray Caso– que también forman parte de esa élite, pues ganan 199 mil 533 pesos mensuales netos.

A la lista se suman otros funcionarios menos visibles pero igualmente caros para un país tan pobre como México: los subsecretarios de Estado (198 mil 244 pesos mensuales); oficiales mayores (189 mil 555 pesos al mes); jefes de Unidad (195 mil 362 pesos); directores generales (entre 188 mil y 174 mil pesos mensuales, dependiendo de la institución); directores generales adjuntos (de 152 mil a 147 mil); y directores (de 123 mil a 120 mil pesos).

Sin duda, estos sueldos a la alta burocracia contribuyen a la desigualdad: las mayorías son sometidas al pago de uno, dos o tres salarios mínimos (por apenas 2 mil 686 pesos mensuales; 29 mil 808 pesos al año). ¿Alguien está en contra de empezar a recortar este abuso de los “servidores públicos”?

Álvaro Cepeda Neri