Venezuela, putsch del Estado profundo ‎estadounidense

El anuncio del presidente Trump reconociendo a Juan Guaidó como «presidente legítimo» de ‎Venezuela se preparó en una cabina subterránea de televisión, en el Congreso de Estados Unidos ‎y la Casa Blanca. ‎

Eso es lo que describe detalladamente el New York Times [1]. ‎Operador principal: el senador republicano de La Florida, Marco Rubio, «virtual secretario de ‎Estado para América Latina, quien conduce y articula la estrategia de la administración en esa ‎región», en coordinación con el vicepresidente Mike Pence y el consejero para la seguridad ‎nacional, John Bolton. ‎

El 22 de enero, los tres presentaron su plan al presidente en la Casa Blanca, plan que el presidente ‎aceptó. Inmediatamente después –reporta el New York Times– «Mr Pence llamó a Guaidó y ‎le dijo que Estados Unidos lo apoyaría si reclamaba la presidencia». ‎

El vicepresidente Pence difundió luego hacia Venezuela un video donde llamaba los manifestantes ‎a «levantar su voz mañana» y aseguraba «en nombre del presidente Trump y del pueblo ‎americano, “estamos con ustedes” hasta que se restaure la democracia», definiendo además a ‎Maduro como «un dictador que nunca obtuvo la presidencia en elecciones libres». ‎

Al día siguiente, Trump coronó oficialmente a Guaidó como «presidente de Venezuela», a pesar ‎de que este personaje no participó en las elecciones presidenciales realizadas en mayo de 2018, ‎elecciones que la oposición boicoteó –porque sabía que iba a perderlas– y donde la victoria ‎correspondió a Maduro, al cabo de un escrutinio realizado bajo la supervisión de numerosos ‎observadores internacionales. ‎

Todos estos manejos entre bambalinas muestran que en Washington las decisiones políticas ‎vienen, ante todo, del «Estado Profundo», centro subterráneo del poder real en manos de las ‎oligarquías económicas, financieras y militares. Esos grupos son los que han decidido derrocar el ‎Estado venezolano. Venezuela posee, además de grandes reservas de minerales preciosos, las ‎reservas petrolíferas más grandes del mundo, evaluadas en más de 300 000 millones de barriles, ‎‎6 veces más que las reservas estadounidenses. ‎

Para escapar a la presión de las sanciones, que impiden a Venezuela percibir los dólares ‎provenientes de sus ventas de petróleo a Estados Unidos, Caracas había decidido establecer los ‎precios de venta no en dólares estadounidenses sino en yuanes chinos, poniendo así en peligro el ‎exorbitante poder de los petrodólares. De ahí la decisión de las oligarquías estadounidenses de ‎acelerar los plazos para el derrocar el Estado venezolano y apoderarse de su riqueza petrolera, ‎ahora necesaria no como fuente de energía para Estados Unidos sino como instrumento ‎estratégico de control sobre el mercado energético mundial, utilizable contra Rusia y China. ‎

Con ese fin, recurriendo a sanciones y sabotajes, se provocó en Venezuela la escasez de bienes de ‎primera necesidad para alimentar el descontento popular, mientras se intensificaba la penetración ‎de «organizaciones no gubernamentales» estadounidenses. Por ejemplo, en un solo año, la ‎National Endowment for Democracy (NED) financió en Venezuela más de 40 proyectos sobre la ‎‎«defensa de los derechos humanos y la democracia», invirtiendo en cada uno decenas o incluso ‎cientos de miles de dólares. ‎

Como el gobierno de Venezuela sigue teniendo el apoyo de la mayoría de los venezolanos, seguramente debe estar ‎preparándose algún tipo de provocación de gran envergadura para desatar en el país una guerra ‎civil y abrir el camino a una intervención externa.

Eso se hará con la complicidad de la Unión ‎Europea, que después de haber bloqueado en Bélgica fondos públicos venezolanos por valor de ‎‎1 200 millones de dólares, ahora lanza a Caracas –con la complacencia del gobierno italiano– un ‎ultimátum para que convoque nuevas elecciones, por supuesto bajo el control de Federica ‎Mogherini, quién se negó el año pasado a viajar a Venezuela para supervisar las elecciones ‎presidenciales. ‎