Después de la decisión del gobierno francés de retirar su embajador [el jueves 7 de febrero], lo primero que quisiera repetir con fuerza es que Italia y el gobierno italiano ven a Francia como un país amigo y a su pueblo, con su tradición democrática milenaria, como una referencia, a nivel mundial, en las conquistas de los derechos civiles y sociales. Como ministro del Desarrollo Económico, del Trabajo y de Políticas Sociales, siempre he visto a Francia y su sistema de Estado-providencia como la «estrella polar» de los derechos sociales en Europa. No me sorprende que el pueblo francés muestre señales considerables de malestar ante el desmantelamiento de algunos de sus derechos. Y esto no sólo concierne al gobierno actual.
Ustedes deberían saber que estuve de visita en la Asamblea Nacional [de Francia] en 2016, cuando comenzaban las grandes manifestaciones populares contra la reforma del derecho laboral que Francois Hollande quería implantar y que posteriormente prosiguió, haciendo el trabajo aún más precario. Esas recetas ultraliberales fueron aplicadas por partidos tanto de derecha como de izquierda, hicieron más precaria la vida de los ciudadanos y redujeron fuertemente el poder adquisitivo.
Me impresionó mucho encontrar entre los reclamos de los «Chalecos Amarillos» temas que actualmente van más allá de la derecha y la izquierda y que centran la atención en el ciudadano y sus necesidades, con una actitud post-ideológica.
Por eso quise reunirme con representantes de los «Chalecos Amarillos» y de la lista RIC [1], porque no creo que el futuro de la política europea esté en los partidos de derecha o de izquierda, ni en los partidos que dicen ser «nuevos» pero que en realidad son fruto de una tradición o de una historia familiar.
En Italia vemos con mucha atención y respeto lo que sucede en Francia. Por otra parte, todos los días, como gobierno italiano, tratamos de tomar iniciativas destinadas a restaurar los derechos de los ciudadanos, invirtiendo el rumbo en relación con el pasado, cuando la acción política tenía como único objetivo quitar derechos y posibilidades económicas a los más débiles para ofrecer todo a los potentados económicos.
Lo hacemos porque queremos que la calidad de vida sea mejor para la ciudadanía. Pensamos, en efecto, que donde hay equilibrio pueden calmarse los conflictos.
Un punto de referencia
En la última ley de finanzas, decidimos elevar los impuestos sobre los juegos de azar, los bancos, las compañías de seguros, las transnacionales que extraen el petróleo en nuestro mar y, simultáneamente, reducir en 500 millones los gastos militares, para financiar medidas que permitirán que 1 millón de italianos puedan jubilarse más pronto y que 5 millones de italianos reciban un ingreso mínimo.
Al mismo tiempo vamos asignar 1 000 millones de euros a la inversión en startup [empresas emergentes] innovadoras y hemos revisado los impuestos de las empresas pequeñas y medianas que, a pesar de las grandes dificultades, nos han permitido convertirnos en la segunda potencia industrial de Europa, para protegerlas del yugo infernal de ciertas directivas europeas, como la de liberalización de los servicios (la llamada «directiva Bolkestein»). Finalmente, hemos arremetido contra las «jubilaciones doradas» y los dividendos vitalicios de los privilegiados.
Vemos al pueblo francés como una referencia, no como un enemigo, y las divergencias políticas y de visión entre el gobierno francés y el de Italia no deben afectar la relación histórica de amistad que une a nuestros dos pueblos y nuestros dos Estados.
Por esa razón, como representante del gobierno de mi país, quiero reafirmar la voluntad de cooperación de nuestro ejecutivo sobre los temas que más nos interesan, como país miembro fundador de la Unión Europea.
[1] La «lista RIC» (siglas de Rassamblement d’Inicitive Citoyenne o “Agrupamiento de Iniciativa Ciudadana”), es un grupo surgido de los Chalecos Amarillos para participar en las próximas elecciones europeas y promover la instauración del «Referéndum de Iniciativa Ciudadana» (RIC), lo cual permitiría a la población proponer la realización de referéndums para adoptar o abrogar leyes y revocar el mandato de responsables gubernamentales sin recurrir a la intervención de los parlamentarios. Nota de la Red Voltaire.
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