La presa Milpillas amenaza la propiedad ejidal en Zacatecas

Acudieron una veintena de ejidatarios y ejidatarias que traían la representación de sus núcleos agrarios, en algunos casos eran los comisariados ejidales y en otros liderazgos de los ejidos afectados. Los ejidos que se dieron cita fueron: Atotonilco y El Potrero (ambos del municipio de Jiménez del Téul). En el primero estaría situada la cortina y el segundo sería parte del embalse. Además de los dos anteriores estuvieron el Ejido de Corrales y Estancia de Guadalupe (ambos del municipio de Sombrerete).

La presa Milpillas sobre el río Atenco, es para llevar agua a través de un acueducto a la ciudad de Zacatecas, Guadalupe, Fresnillo y Calera. El acueducto tendría una longitud aproximada de 160 kilómetros, y en su paso desde el área de embalse se afectarían alrededor de 20 núcleos agrarios, a quienes no se les ha informado debidamente del proyecto y, por el contrario, se les pretende imponer el proyecto, despojar de sus tierras, forma de vida, patrimonio y demás derechos que como seres humanos tienen, en lo individual y como colectivo. Otra vez los pueblos sacrificándose en aras de un desarrollo que a ellos los excluye, pero esta vez –como en muchos otros casos de la geografía del país– los pueblos y comunidades campesinas no están dispuestos a dejarse engañar y por ello concluyeron con un rotundo: “No a la presa Milpillas”.

Resultado del foro técnico-jurídico se concluyó: que hay un desastre hídrico en Zacatecas; el sistema de distribución de agua en Zacatecas está obsoleto, como en casi todas las ciudades del país, que ronda entre el 40 por ciento, por los desperfectos y fugas de agua en las tuberías (cifra similar a León, Guanajuato y a la Zona Metropolitana de Guadalajara); y derroche de agua en regadíos. Lo que hace al proyecto Milpillas débil (en voz de los ingenieros), y no se diga desde el punto de vista jurídico, por la sistemática violación a los derechos humanos de los afectados.

Este proyecto es impulsado por la iniciativa privada, como las mineras, refresqueras y cerveceras asentadas en esa entidad, que el gobernador de ese estado., Alejandro Tello Cristerna, lo ha hecho suyo y actualmente se encuentra impulsándolo con toda la fuerza del aparato del gobierno. En ese objetivo la Procuraduría Agraria, el ente de gobierno que por su propia naturaleza es el ombudsman agrario, se plegó a los intereses del capital y políticos del gobierno estatal y se desvió de sus objetivos, que son la defensa, orientación y representación de los sujetos agrarios, entre ellos los núcleos agrarios; por eso los campesinos, una vez terminado el foro, inmediatamente se trasladaron a la Delegación de la Procuraduría Agraria en ese Zacatecas y hablaron con su nuevo titular, Francisco Pérez Compeán, a quien le informaron de la situación que están viviendo en sus comunidades y que el anterior delegado no los defendió y que pedían que rectificara su actuar, que incluso había quejas y denuncias ante el Órgano Interno de Control de la dependencia, además de juicios ante diversas instancias, a lo que el Delegado respondió que se les tuviera confianza y que la institución no iba a ser tapete de intereses ajenos a la de los campesinos.

Al final se suscribió un acuerdo entre los representantes de los ejidatarios y la Procuraduría Agraria; pero más que en el convenio firmado, los campesinos confían más en la palabra empeñada por el encargado del ombudsman en ese Estado, pues saben que su problema es político más que jurídico. En la gente del campo la palabra dada es ley.