Al mantener al mismo personal y sólo cambiar a la cabeza, este “nuevo” Centro hereda prácticamente los viejos vicios del Cisen: opacidad y falta de transparencia, espionaje (escuchas ilegales), exorbitantes salarios, falta de control y vigilancia, abusos y derroche del presupuesto público, que por cierto este último asciende a 2 mil 490 millones 693 mil 791 pesos (16 por ciento menos que el año pasado) para 2019.

Ese espionaje político que viene de gobiernos anteriores ha quedado al descubierto con la apertura de expedientes de la Galería Uno del Archivo General de la Nación (AGN), en donde se integraron 1 mil 937 versiones públicas del espionaje a personas, organizaciones e instituciones, elaborados por la Dirección Federal de Seguridad, la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales y la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación.

Esos expedientes, con 3 mil 201 legajos actualizados a julio de 2018, contienen información de escritores, intelectuales, periodistas, actores, empresarios, luchadores sociales, líderes sindicales, políticos extranjeros, narcotraficantes, expresidentes y funcionarios públicos mexicanos espiados por esas dependencias.

También hay documentos sobre empresas, organizaciones populares, guerrillas, partidos políticos, organizaciones religiosas e instituciones públicas como policías y gobiernos estatales, embajadas y universidades públicas.

La “nueva” estructura de CNI

Con una obesa plantilla laboral, aún permanecen en puestos clave cinco de siete coordinadores generales del antiguo Cisen y un contralor interno a modo que permitió abusos y excesos en ese órgano de inteligencia.

Lo más grave es que algunos de esos funcionarios que provienen de la vieja estructura del Cisen y que ahora ocupan cargos relevantes en el “nuevo” Centro de Inteligencia están a cargo de la seguridad nacional del país, y cuentan con amplios equipos de trabajo que en años anteriores fueron responsables del espionaje y persecución ilegal en contra de la población.

En la estructura del CNI aparecen 11 mandos superiores, de los cuales siete mantienen privilegios, tales como elevados salarios y otras prestaciones que les fueron asignadios en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Por ejemplo, el sueldo integrado de esos funcionarios supera los 200 mil pesos mensuales y en algunos casos llega a los 250 mil, cuando la instrucción que salió de Palacio Nacional es que nadie puede ganar más que el presidente de la República, cuyo salario asciende a 108 mil pesos netos por mes.

Como es público, al frente del CNI está el general en retiro Audomaro Martínez Zapata, con 70 años de edad y la mayor parte de su vida activo en las Fuerzas Armadas, en donde también realizó una maestría en administración militar para la seguridad y defensa nacional, además de ser profesor de tácticas militares en la Escuela Superior de Guerra. Con ese expediente podemos decir que este general experto en seguridad tiene méritos suficientes para ocupar ese cargo y recibe un ingreso de 107 mil pesos al mes.

Pero los problemas empiezan con el segundo hombre al mando del Centro de Inteligencia, el abogado José Ángel Ávila Pérez, quien sin experiencia alguna en materia de inteligencia o seguridad nacional fue designado secretario general del CNI, con el único “mérito” de estar vinculado al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, con quien fue secretario de gobierno en el Distrito Federal, además de ser “amigo” del secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo.

Algunos en dicho Centro aseguran que Ebrard recomendó a Ávila con el general Audomaro, para así tener acceso a información de inteligencia que le permita perfilarse a una posible candidatura presidencial dentro de 5 años; otros afirman con mayor certeza que Ávila cayó de la gracia de Marcelo y que fue el secretario Alfonso Durazo quien lo infiltró en el CNI, para tener un control de la sensible información que allí se procesa.

Esta segunda versión de cómo llegó Ávila Pérez a ocupar un importante cargo en el CNI puede ser la de mayor credibilidad, sobre todo por algunos antecedentes ocurridos entre el general Audomaro y Alfonso Durazo.

El año pasado, cuando ya era presidente electo Andrés Manuel López Obrador, hubo un fuerte enfrentamientio entre ambos funcionarios que por poco llega a los golpes. Ocurrió por el mes de octubre de 2018: entonces, el general reclamaba a Durazo su negligencia y negativa de cooperar con la nueva responsabilidad que le había encargado el presidente.

Por eso, nada extraño sería que ahora Durazo recomendara a Ávila Pérez para un puesto que no tiene experiencia ni conocimiento, pero sí para reportarle lo que pase al interior de ese Centro de Inteligencia. Un espía, pues. Además, al interior del CNI han escuchado decir al secretario general que sólo civiles deberían de ocupar los cargos más importantes.

La designación de Ávila Pérez nos recuerda al nombramiento de Eugenio Ímaz al frente del Cisen en el sexenio pasado, pues también sin experiencia alguna en las áreas de inteligencia y seguridad ocupó con desparpajo la Dirección General, con las consecuencias de un desmantelamiento de ese órgano y su uso faccioso para beneficiar a grupos políticos de los estados de México y de Hidalgo.

Pero lo que nadie puede explicar, es cómo Ávila Pérez, sin experiencia alguna en áreas de inteligencia y seguridad, pudo colarse hasta la Secretaría General del CNI, pues su experiencia laboral se limita a ocupar una curul como diputado plurinominal y haber sido secretario de gobierno en la capital del país con su entonces jefe Marcelo; además cuenta con un diplomado en derecho electoral por la Universidad Iberoamericana, lo cual tampoco le alcanza para ser el segundo al mando de ese nuevo Centro de Inteligencia. Sabrá esto el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque ocupar un cargo público tan relevante y especializado sin tener la experiencia necesaria también es corrupción.

Aunque será en lo siguientes meses cuando se pueda empezar a analizar su trabajo como secretario general, el abogado Ávila Pérez aspira a sustituir al general Audomaro si éste sale del CNI para irse a dirigir la Guardia Nacional, lo que de ocurrir sería doblemente grave, pues en los últimos gobiernos del PRI y el PAN hubo sólo improvisados al frente de la seguridad nacional y las consecuencias de ello ahora se viven con una mayor violencia en todo el país, el crecimiento del crimen organizado, una corrupción desbordante en los tres Poderes de la Unión y un alto nivel de injusticia e impunidad agravante para todos los mexicanos.

Lo único positivo del nombramiento de Ávila Pérez es que el salario de este funcionario es menor al del presidente de la República y al de su jefe el general Audomaro.

En la estructura bajo el mando de Ávila Pérez está la Dirección de Control de Confianza, a cargo de Luz del Carmen Díaz Galindo –quien se encarga de examinar que los 3 mil 600 empleados tengan facultades aptas (tanto intelectiuales como técnicas) para trabajar en este órgano de inteligencia–, una vieja conocida en el antiguo Cisen, pues desde el gobierno panista de Felipe Calderón asumió esa misma Dirección y allí no hay cambio alguno, a pesar de que muchos empleados del antiguo Cisen y ahora del CNI, no reunen los requisitos para trabajar alli ni han opasado los exámenes de control de confianza.

Antes de trabajar en el Cisen, Díaz Galindo se desempeñó como titular del Centro Nacional de Certificación y Acreditación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Para seguir con la estructura bajo control de Ávila Pérez, están la jefa del Departamento de Control de Gestión, Alejandra Cruz Escamilla; la subdirectora de Control y Seguimiento, Blanca Muñoz Cabrera, y la subdirectora de Evaluación, Martha Patricia Lara Díaz.

Puntos suspensivos… Dejaremos para próximas columnas el análisis de lo que ocurre al interior del CNI y su “nuevo” organigrama, como por ejemplo la estructura obesa que, como dice el presidente de la República, es un pesado elefante que se mueve muy lento para hacer los cambios, aunque en los tiempos violentos que vive el país sería urgente que este Centro de Inteligencia se moviera tan rápido como una liebre… Como habíamos adelantado aquí, Miguel Ángel Lozada Aguilar ya despacha en la Dirección General de Pemex Exploración y Producción, sin que alguien del gobierno explique cuál fue el resultado de la investigación en su contra por haber participado en la ya conocida “estafa maestra”… En materia educativa hay problemas con la edición de libros de texto gratuitos, pues suman ya 8 meses de atraso en su producción, lo que pone en riesgo que puedan estar listos 220 millones libros paras el próximo ciclo escolar. Otro problema más para el presidente de la República que el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no han podido resolver ni ponerse de acuerdo en la licitación pública.

Miguel Badillo
Fuente
Contralínea (México)