La República Bolivariana de Venezuela expresa su categórico rechazo a la ilegal Orden ‎Ejecutiva adoptada el 11 de junio de 2020 por el gobierno de los Estados Unidos de ‎América contra el personal de la Corte Penal Internacional, incluida su Fiscal y toda persona que provea asistencia financiera, material o tecnológica para el buen ‎funcionamiento de tan importante instancia multilateral.‎

Con esta decisión Donald Trump abre las puertas a la aplicación de medidas coercitivas ‎unilaterales, arbitrarias y punitivas contra la Corte Penal Internacional, demostrando ‎una vez más su absoluto irrespeto a los principios del derecho internacional, el ‎derecho internacional humanitario y los derechos humanos.‎

Las recientes decisiones del gobierno de los Estados Unidos contra organizaciones ‎internacionales, evidencian su desprecio por el sistema multilateral y la intención de ‎sustituirlo por la peligrosa visión unilateralista y excepcionalista, con la que pretenden ‎dominar a la humanidad, al margen de la legalidad.‎

En este sentido, el gobierno venezolano denuncia que las pretendidas “sanciones” de los ‎Estados Unidos contra la Corte Penal Internacional constituyen un acto de presión y ‎bullying internacional inaceptable, que atenta contra su autonomía e independencia. No hay dudas de que el mundo está ante una huida preventiva hacia adelante de Donald ‎Trump, con el propósito de incidir en las investigaciones actualmente en curso en ese ‎tribunal, frente al cúmulo de evidencias disponibles que confirman la responsabilidad ‎de sus agentes en crímenes de guerra y de lesa humanidad en el mundo entero, incluida la ‎República Bolivariana de Venezuela.‎

La República Bolivariana de Venezuela hace un llamado a los Estados Partes del Estatuto ‎de Roma, así como al resto de la comunidad internacional, a repudiar este tipo de ‎prácticas gansteriles que atentan contra la paz, la seguridad y el bienestar de la ‎humanidad, a los fines de asegurar que la justicia internacional sea respetada y puesta ‎en práctica en forma duradera.‎

Caracas, 11 de junio de 2020‎