De una y mil formas, poderosas empresas transnacionales están saqueando Bolivia. Unas, sin el menor rubor o decoro, recurren al fraude y al dolo, se hacen de contratos onerosos y cogen millones en un abrir y cerrar de ojos. Otras, más cautelosas y avezadas, fabrican ventajosos contratos con el Estado, juegan con la contabilidad y los números, y toman las riquezas naturales del país a cambio de migajas.

Todas las transnacionales que operan en el país están haciendo grandes y multimillonarios negocios, mientras, a la par, Bolivia se empobrece y ve esfumarse sus riquezas naturales no renovables sin mayor beneficio para su población, considerada como la más pobre y postergada de Sudamérica.

El saqueo de Bolivia se presenta bajo muchas facetas. Una de las más escandalosas y arteras es la protagonizada por la transnacional estadounidense Bechtel Corporation, que intenta arrancar dolosamente 25 millones del dólares al Estado boliviano en un tribunal secreto del Banco Mundial, tras haber sembrado dolor y luto en Cochabamba, la tercera ciudad en importancia del país. En Washington, la Bechtel intenta ganar la "guerra del agua".

Con otras mañas, aunque con la misma ambición, otra transnacional como es la inglesa Allied Deals ha defraudado al Estado, no cumplió con sus compromisos de inversión, falsificó planillas y dejó millonarias deudas impagas y maltrechos equipos y maquinaria en la mina Huanuni y en la fundidora de Vinto. El saqueo del patrimonio de Oruro, una región minera cada vez más empobrecida, es tan evidente que los propios funcionarios de gobierno intentan llevar a los tribunales a esta transnacional que tomó la propiedad y el control de ese sector minero a precio de "gallina muerta"

La Enron no podía faltar en esta lista. Sin entregar ni un centavo al Estado boliviano, la petrolera estadounidense tomó el control, junto a la holandesa Shell, de la empresa transportadora de gas al Brasil, gracias a leoninos contratos refrendados en forma ilegal, en negociaciones plagadas de irregularidades y vicios constitucionales. El daño económico infringido al Estado boliviano es enorme y el contrato con la Enron constituye el mejor modelo de cómo una transnacional puede saquear impunemente a un pobre país.

Mala fe y corrupción

En todos los casos, según la información disponible y conocida públicamente, las transnacionales han obrado de mala fe, han intentado esquilmar al endeble Estado boliviano, aprovechándose de sus debilidades y de la extendida corrupción entre las autoridades.

Los contratos que han logrado firmar estas tres transnacionales son tan onerosos para Bolivia, que no queda margen para la duda sobre la corrupción de los funcionarios públicos que impulsaron estos acuerdos.

En estos casos puede aplicarse con todo su rigor lo que decía Joseph Stiglitz, el premio Nóbel de Economía y un amplio conocedor de las matufias de las transnacionales que operan bajo la venia del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, según un reporte especial para Econoticiasbolivia.com preparado por la prestigiosa agencia argentina de noticias Argenpress.

"Los ministros mendicantes, con virtuosas excepciones, casi nunca se oponen a la venta de las industrias estatales (...). Al contrario, atendiendo las exigencias del FMI liquidan alegremente sus empresas de electricidad y de agua: ’podías ver cómo se les abrían los ojos ante la posibilidad de una comisión del 10%, pagada en cuentas suizas, por el simple hecho de haber bajado ’unos cuantos miles de millones de pesos’, en el precio de venta de los bienes públicos’, le dijo Stiglitz al London Observer, según relata Argenpress.

Saqueo con guante blanco

El saqueo de Bolivia se ha intensificado en los últimos tres quinquenios, a partir de la aplicación del modelo de libre mercado, que ha otorgado inusuales concesiones a los inversionistas extranjeros y a las empresas transnacionales que ahora controlan los hidrocarburos, las telecomunicaciones, ferrocarriles, el transporte aéreo y la generación y distribución de electricidad.

Una de las mayores riquezas del país, como son los hidrocarburos, gas y petróleo, está ahora bajo el dominio y control de las petroleras extranjeras, que han hecho un millonario negocio tanto en el mercado interno como con la exportación.

La exportación de gas al Brasil reportará a las transnacionales un ingreso de más de cinco mil millones de dólares en dos décadas, mientras que el Estado boliviano apenas recibirá en impuestos y regalías alrededor de 80 millones de dólares al año.

Las reservas gasíferas en manos de las transnacionales tienen un valor aproximado de 80 mil millones de dólares, que equivale al doble del capital que tiene Bolivia y a 10 veces del valor de la producción de bienes y servicios generados anualmente en el país. Las petroleras extranjeras tomaron el control de esta enorme riqueza con relativamente escasas inversiones en el sector y sin correr mayores riesgos económicos.

Las reservas bolivianas de gas de 52 trillones de pies cúbicos, la segunda más importante de Sudamérica y superiores a la que tienen en conjunto Argentina, Brasil, Chile y Perú, están en manos de las compañías transnacionales de Repsol, Total, Amoco, Petrobras, Pluspetrol, Tesoro BG, Vintage, Maxus y Perez Companc.

Estas empresas tienen en su manos la riqueza de Bolivia y buscan por todos los medios transformarla en dinero fresco, mediante la exportación de gas a México y Estados Unidos. En esta operación el Estado boliviano recibirá sólo migajas, como hasta ahora.

Expertas en el arte de encandilar a las autoridades de turno y al amparo de una lesiva legislación y gravosos contratos para el país, las petroleras extranjeras se hicieron del control de campos ya descubiertos y trabajados por la empresa estatal del petróleo. Así, según estimaciones del Ministerio de Desarrollo Económico, las transnacionales se apoderaron de un solo golpe de 3.152 millones de dólares cuando lograron una ilegal rebaja de impuestos con la reclasificación de campos hidrocarburíferos. La rebaja de impuestos de 50 al 18 por ciento, permitirá que las transnacionales dejen de pagar esa millonaria suma al Estado boliviano.

Otros fraudes

En el rubro de los transportes, el paso de las compañías extranjeras por Bolivia también dejó un saldo amargo. La brasileña VASP, que tomó el control de la principal línea aérea de Bolivia, se llevó más de 9 millones de dólares, saqueó almacenes de repuestos de aviones y colocó al borde de la quiebra a la línea aérea. Con total impunidad, la VASP transfirió sus acciones a empresarios bolivianos y se puso a buen recaudo.

En su generalidad, salvo honrosas y contadas excepciones, las transnacionales que operan en Bolivia practican la doble y triple contabilidad, inflando su inversiones, sobrevaluando sus activos y sus compras de insumos, declaran mínimos niveles de rentabilidad y utilidad y realizan maquillajes contables para pagar menos impuestos.

Según los especialistas del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, "las empresas transnacionales y, en general, los inversionistas extranjeros han sido los más favorecidos por las políticas estatales a partir de la privatización y la capitalización de las empresas estratégicas del Estado".

La vigencia de monopolios y/u oligopolios con marcos de regulación ambiguos y una débil capacidad estatal de control, fiscalización y negociación, otorgan demasiadas ventajas a las empresas reguladas, pues fijan precios y tarifas que determinan una alta rentabilidad del negocio, en desmedro de los consumidores y de los ingresos fiscales.

Los expertos aseguran que "estas amplias ventajas no tienen como contrapartida beneficios para el país, pues no se ha promovido la innovación ni transferencia tecnológica, la reinversión de utilidades ha estado ausente, la generación de empleo ha sido mínima y una mayor recaudación tributaria continúa siendo la eterna promesa".

Tarifas y otros males

La incursión de las transnacionales en territorio boliviano ha traído también aparejados otros males. El alza de las tarifas en varios servicios, la reducción del empleo en los sectores intensivos en capital y la generación de muy bajos ingresos para el Estado.

Según la evaluación de la Fundación Milenio, ligada al gobernante Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), en los últimos cinco años se registró un alza de tarifas en los servicios de electricidad, en el transporte aéreo y en los productos hidrocarburíferos. Hoy, por ejemplo, los bolivianos pagan por los carburantes producidos en el país un precio que es cuatro veces mayor al fijado para las empresas que llevan gas al Brasil.

En el último quinquenio también se detectó la reducción de empleo en los sectores de electricidad, telecomunicaciones, ferrocarriles e hidrocarburos, en los que operan las transnacionales.

Gabriel Tabera