América Latina aporta sus recursos a un mundo desarrollado que los transforma en bienes y servicios y los regresa con nuevos precios, llevándose lo que pagó. Para posicionarse en esa realidad, el desarrollo de las capacidades productivas es uno de los desafíos, especialmente en la perspectiva de la lucha contra la pobreza.
Nuestros recursos naturales parten sin ser suficientemente aprovechados en la creación de empleos e industrias, formación ni generación de riqueza. Los productos primarios llegan a alcanzar valores del 60% de la exportación en Uruguay, y de un 90% en Venezuela, siendo que la exportación de productos de alto valor agregado es muy baja en nuestros países de baja competitividad. Por ello las economías son dependientes de las fluctuaciones de los precios en el mercado internacional y de las condiciones de los países compradores. Como ejemplo, la economía de pequeña escala del Uruguay se ha visto afectada por la fiebre aftosa y por la crisis argentina.
En esa perspectiva, el conocimiento y su inserción en el sector productivo, es fundamental hoy para el desarrollo. Esto posibilita en algunas áreas de recientes avances tecnológicos abiertos a la innovación, que nuestros países puedan tener esperanzas de saltos cualitativos en su calidad de vida. Convertir esas esperanzas en realidades es objetivo de políticas públicas, especialmente las de ciencia y tecnología. El objetivo es crear una dinámica social que estimule a actores de los sectores público, académico, industrial y comercial a trabajar en la conformación y consolidación de un sistema nacional de innovación que aproveche las ventajas locales y la capacidades, e impulse el sector productivo en una perspectiva de desarrollo no sólo de la oferta, sino también de la demanda, con una visión nacional y regional. Y esto por supuesto que no es fácil, cada actor va por su lado.
Los saltos productivos se centran en la innovación, y su éxito depende de entramadas condiciones del entorno económico y político, nacional e internacional, de estrategias y condiciones legales, de capacidades sociales, del funcionamiento institucional y social.
Uno de los actores en ese esfuerzo de incorporación del conocimiento es el sector científico. En muchos países de la región se ha logrado en mayor o menor grado, consolidar una cierta capacidad en Investigación y Desarrollo, tanto en calidad como en cantidad de investigadores y en infraestructura de laboratorios y equipos, capacidad que se consigue principalmente en las universidades. En Colombia, Chile, Uruguay y Venezuela, más de un 70% de estas capacidades se encuentra en las universidades, principalmente las públicas. Las capacidades en todo caso, son inferiores a las recomendadas por la Unesco para países en desarrollo.
Por otro lado, la oferta científico-tecnológica presenta una marcada desvinculación con las demandas del sector productivo y con la sociedad en general. Como ejemplo, la productividad del sector científico se mide principalmente en publicaciones en revistas especializadas y poco en patentes. La producción científica poco logra trascender las paredes de la academia y los actores del sector productivo desconocen, menosprecian o desconfían en general de la oferta potencial de las universidades para atender sus necesidades. Esta realidad no tiene fórmulas definitivas para su solución, tal vez el diálogo y el estímulo.
El sector privado poco se ha incorporado a la dinámica de investigación y desarrollo, la cual le puede abrir espacios de oportunidad.
En el uso del conocimiento, nuestros países presentan pocos incentivos para vincular la demanda con la oferta, aún cuando han aparecido experiencias en la creación de organismos como centros de gestión tecnológica, incubadoras y parques tecnológicos, pero su impacto ha sido limitado, en general por falta de incentivos, deficiencias institucionales, instrumentos inadecuados, falta de redes de apoyo y de personal capacitado.
En esta situación, las debilidades institucionales constituyen un factor crítico.
El tema es abierto, la necesidad presente.
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