Terremotos: peligros y prevención

Desastres naturales

El impacto de los desastres naturales de
las últimas décadas, en el mundo en vías
de desarrollo, ha generado víctimas,
destruido infraestructuras y frenado el
crecimiento. Los más recientes casos son
el terrible tsunami en Asia a finales de 2004
(con más de 300.000 víctimas), el terremoto
de Indonesia de comienzos de 2005
(magnitud Richter 8.7) y el terremoto de
Pakistán del 8 de octubre de 2005
(magnitud Richter 7.6, con más de 80.000
víctimas y 4 millones de damnificados que
quedaron sin hogar en invierno, en las
cercanías de los Himalayas).

En América Latina hay también una extensa lista de
catástrofes: los terremotos de Managua
(1972), México (1985), San Salvador
(1986), las erupciones de Chichonal
(México, 1982) y Nevado del Ruiz
(Colombia, 1985), las inundaciones
provocadas por el fenómeno de El Niño,
las tormentas tropicales, los huracanes
(Honduras, 1974), las inundaciones
(Honduras, Nicaragua, Costa Rica, 1983,
1991, 1992, 1996), los deslaves de Vargas
(Venezuela, 1999) y Bolivia (2003).
Los países en desarrollo llevan el inmenso
fardo de la pobreza, ya de por sí una
catástrofe, y sobre ellos caen, además, estos
devastadores fenómenos naturales. Las catástrofes
tienen efectos más destructores
cuando las comunidades afectadas son
menos educadas, menos preparadas, y más
pobres, porque pierden en pocos segundos
todo lo que tienen. Una catástrofe sobre otra,
sobre la misma gente. Si se hacen dilatados
y sostenidos esfuerzos de planificación,
educación, fortalecimiento institucional y
para la construcción de redes sociales, las
consecuencias de las catástrofes pueden ser
mucho menos devastadoras.

Vivienda urbana y sismos

La mayoría de las ciudades más pobladas
de Latinoamérica están ubicadas en zonas
de alto riesgo sísmico: México, Bogotá
Santiago, Lima, Quito, Guayaquil, Guatemala,
San José, Managua, Santo Domingo.
Caracas es una de ellas.
En Venezuela un 80% de la población
habita el eje norte costero y andino,
zona de mayor amenaza sísmica en el país.
Más del 50% de la población habita viviendas
autoconstruidas, sin criterios técnicos
de seguridad para resistir sismos, en
muchos casos ubicadas en terrenos inestables.
Por lo tanto, más del 40% de la población
vive en ranchos, en zonas de alto riesgo
sísmico.

Desde 1967, fecha en la que ocurrió
el sismo de Caracas de magnitud 6,4 (escala
Richter), el cual ocasionó serios daños y
dejó 285 muertos, han crecido significativamente
los asentamientos informales
de viviendas precarias que no presentan
condiciones mínimas de seguridad y resistencia
frente a terremotos.

Caracas tiene más de dos millones de
habitantes en zonas de alto riesgo sísmico.
Los ranchos tienen hasta siete u ocho pisos,
y son construidos con técnicas cada
vez más peligrosas, producto de la ignorancia.
Un ejemplo es el uso del bloque
trabado, con el que muchas veces se eliminan
el cemento y las cabillas de acero en la
construcción. Los ranchos no tienen ningún
mecanismo estructural para resistir terremotos
como los que ya han ocurrido en
la historia del país. El peligro es enorme:
en las zonas de barrios, muchas personas
no podrán ser rescatadas si ocurre un terremoto,
porque no hay acceso vial. Este problema
se repite en ciudades del eje nortecostero
y andino.

Las leyes probabilísticas de ocurrencia
de eventos sísmicos importantes en
la región central de Venezuela, derivadas
de los datos históricos disponibles, muestran
que un sismo como el de 1967 en Caracas,
puede ocurrir cada 20 años. Su no
ocurrencia indica la acumulación de energía
en las zonas de las fallas sísmicas, la
cual puede conducir a sismos de magnitud
mayor1. Han transcurrido 38 años desde la
ocurrencia del sismo de 1967, por lo que
estas leyes indican que el sismo probable
de ocurrencia actual en Caracas es de magnitud
6,9, mayor que el de 1967. El sismo
de 1967 descargó energía equivalente a
más de dos veces la bomba atómica de
Hiroshima. El sismo que podemos esperar
hoy en Caracas equivale a más de seis bombas
atómicas. El sismo de México de 1985,
descargó la energía equivalente a 1100
bombas atómicas.

Podemos imaginar las consecuencias
desastrosas de un próximo sismo de
gran magnitud que afecte a los barrios marginales
de Caracas, donde además, las condiciones
de difícil penetración, la alta densidad
poblacional, la precaria situación sanitaria
y de servicios en estas zonas, obstaculizarían
significativamente la atención
de la emergencia y la asistencia a la población,
después de una tragedia.

Es preocupante, por otro lado, la
proliferación de desarrollos de viviendas
de bajo costo, impulsados también desde
hace varias décadas por las instituciones
del Estado, donde se utilizan de manera
repetitiva sistemas estructurales de dudoso
desempeño ante cargas sísmicas. Paradójicamente,
la acción del gobierno en algunos
de los programas de vivienda, también
ha contribuido, desde hace muchos años,
con el proceso de producción de desastres.
Un ejemplo es el caso de viviendas
construidas de adobe. Distintos organismos
regionales y nacionales han construido en
los últimos diez o doce años viviendas de
adobe que no cumplen con requisitos mínimos
de seguridad ante sismos. En ocasiones,
se adoptan las recomendaciones de
profesionales que desconocen experiencias
como las del terremoto de Armenia en Colombia,
que destruyó por completo un reciente
desarrollo habitacional en adobe, o
experiencias como la de Irán.

En Mérida, Portuguesa y otros estados de alto riesgo
sísmico, se han construido viviendas de
adobe inadecuadas, con insuficiente refuerzo
o con deficiencias de diseño, y se siguen
construyendo. En los Andes venezolanos
hay numerosas viviendas de adobe
construidas en la última década, inclusive
con asesoramiento de universitarios que
desconocen los verdaderos requerimientos
de armado de este tipo de viviendas, y colocan
refuerzos de acero altamente insuficientes,
arriesgando la inversión y hasta la
vida de los pobladores.

Al discutir con los encargados, se evidencia su desconocimiento
del tema, y muestran manuales con equívocas
recomendaciones. Allí se fraguan futuros
desastres como los de Colombia, Irán,
Nicaragua, Perú. Esto es ignorancia.
La vulnerabilidad en nuestros países
es, en general, un asunto de pobreza y
organización social e institucional, pero
también de conocimiento (tanto de expertos
del mayor nivel académico, como de la
base social y de las instituciones). La solución
del problema requiere de grandes y
sostenidos esfuerzos que no se pueden resolver
en el apuro, aun cuando es urgente
emprenderlos o profundizarlos.

Una buena parte de la población del
país que no habita en barriadas pobres, vive
en edificaciones construidas con criterios
sismorresistentes desactualizados, que no
responden a las normativas actuales y que
requieren, en una gran cantidad de casos,
refuerzos adicionales. Como ejemplo citemos
el caso común de personas que dicen
«ese edificio está bien, porque resistió el
sismo de Caracas de 1967». Ese criterio es
totalmente errado. El que un edificio haya
soportado un sismo, es equivalente al caso
de un boxeador que haya sufrido golpes
en un round sin caerse: en el round siguiente
tendrá, seguramente, menos fortaleza. Un
edificio que ha soportado un sismo de cierta
magnitud, tiene una vida útil más corta y
debe ser protegido.

Escuelas y vulnerabilidad sísmica
Un gran número de escuelas en América
Latina y en el mundo en desarrollo, corre
peligro ante terremotos por no tener condiciones
adecuadas para resistirlos. El terremoto
de Cariaco (Estado Sucre, Venezuela),
es un ejemplo evidente. Este sismo ocurrió
el 9 de julio de 1997, tuvo magnitud
Mw = 6,9 y produjo el colapso de 4 edificios
escolares, en los que perecieron 23
personas (niños, jóvenes y maestros), aun
cuando el sismo ocurrió en un momento de
receso del período escolar. Edificaciones
similares a las que colapsaron por defectos
de diseño, están sembradas por todo el país
y requieren de medidas de reforzamiento, a
fin de preservar las vidas de los niños y
maestros.

El colapso de escuelas por terremotos
es un problema repetido en el mundo:
el terremoto de Molise, Italia (2002) destruyó
una escuela primaria y mató 27 niños
y un maestro. El terremoto de Boumerdès,
Argelia, 2003 (Mw=6,8) causó serios daños
en 564 escuelas. El 70% de las escuelas
de El-Asnam, Argelia, 1980, (M=7,3)
fueron dañadas o destruidas. En el terremoto
de Armenia, Turquía, 1988 (M = 6,9), del
total de 25.000 muertes más de 6.000 fueron
estudiantes y maestros de escuelas2.
En Venezuela existen más de 28.000
escuelas, de las cuales más del 70% están
ubicadas en zonas de alto riesgo sísmico.

Muchas de ellas fueron diseñadas con normas
sismorresistentes de 1947, 1955 o 1967,
hoy desactualizadas. Estos criterios fueron
mejorados con las normativas de 1982 y de
2000, pero las escuelas ya estaban construidas
y otras se continuaron edificando
con los antiguos diseños, sin tomar las medidas
necesarias. Esto continúa ocurriendo.
La escuela Valentín Valiente y el liceo
Raimundo Martínez, que colapsaron con
el sismo de Cariaco, corresponden a estructuras
conocidas como tipo "antiguo" o
"cajón", sembradas en todo el país, y que
no han sido reforzadas.

Se ha incurrido en el error de «implantar
» diseños de edificaciones previstos
para una zona sísmica de mediana intensidad,
en zonas de muy alto riesgo
sísmico, sin tomar las medidas necesarias;
ésta ha sido una práctica frecuente de las
instituciones del sector público.

Un grupo de destacados investigadores del Instituto
de Materiales y Modelos Estructurales de
la Universidad Central de Venezuela ha
emprendido el estudio de edificaciones de
escuelas que han sido construidas de manera
repetitiva en el país. Para ello se han
estudiado los modelos, los mecanismos de
falla, las deficiencias debidas a las normativas
sísmicas desactualizadas, y a partir de toda esta información, han diseñado mecanismos
de reparación mediante estructuras
de refuerzo que pueden aumentar la resistencia
ante sismos, y solventar las insuficiencias
estructurales. Una de las referencias
principales es: López O. A., Hernández,
Del Re y Puig, 2005, «Reducción del Riesgo
Sísmico en Escuelas de Venezuela. Boletín
Técnico IMME, 42/3». Ese esfuerzo
es una contribución que da los primeros
pasos, pero el tema requiere de toma de
decisiones importantes por parte de los organismos
públicos, para estudiar todos los
modelos de escuelas existentes en el país,
diseñar los refuerzos y proceder a su urgente
reparación.

Las escuelas pueden ser reforzadas
para que tanto los niños como los maestros
no sigan corriendo riesgos ante sismos en
el interior de esas estructuras. Este problema
es compartido por los países con alto
riesgo sísmico de América Latina y el Caribe:
todos, de México a Chile, con la excepción
de Brasil, Uruguay, Paraguay y las
Guayanas.

Conocimiento, ignorancia , prevención

El desconocimiento hacía que los sismos
se presentaran como un castigo divino por
las malas acciones de las sociedades; y a
los desastres, como una pesada prueba que
imponía Dios para que los hombres tuvieran
presente sus limitaciones ante una realidad
que por momentos creían controlar.
Tanta importancia tenían esos argumentos
que, en el sismo de Caracas de 1812, con
Venezuela en plena guerra de independencia
contra la monarquía española, el terremoto
fue presentado ante la rebelión como
el castigo divino a tal atrevimiento. Bolívar
desplazó esa imagen con su declaración
"Si la naturaleza se opone, lucharemos
contra ella y haremos que nos obedezca
". ¿Delirio o discurso político?... Como
quiera que se considere, lo cierto es que al
enfrentarse a los reyes, debía luchar contra
la creencia de que ellos representaban la
voluntad del Señor.

En esa ocasión, las cifras de las víctimas
fueron manipuladas en ambos sentidos:
presentar una cifra muy alta era conveniente
para apoyar la idea del castigo divino
frente al ataque a la monarquía, mientras
que la levedad, o inclusive la no ocurrencia
del terremoto, reflejaba la tolerancia
y benevolencia del Señor ante la acción
de liberación. Esa fue una versión que
tuvo eco en la Inglaterra del momento, donde
se llegó a decir en algunos círculos, que
el sismo de Caracas de 1812 no había ocurrido.
En todo caso, los estudios científicos
retienen hoy la cifra estimada de 10.000
muertos en Caracas y La Guaira en el sismo
del 26 de marzo de 1812, con registros de
unos 4.000 muertos en Mérida y unos 5.000
muertos en San Felipe, posiblemente debidos
a otro sismo ocurrido el mismo día3.
Hoy tenemos muy claro que los
sismos sí ocurren, se pueden medir y estudiar,
pero no se pueden predecir. Sus orígenes
se deben a movimientos de la corteza
terrestre en zonas de contacto o fallas, que
al acumular energía de deformación pueden
generar el movimiento sísmico. Sus
consecuencias devastadoras son debidas a
la falta de previsión, la ocupación inadecuada
del territorio y la insuficiencia de
consideraciones técnicas en la elaboración
de la infraestructura. Y allí no hay castigo
divino: la vulnerabilidad la construye al
hombre.

Prevención y educación

Hoy, Venezuela cuenta con una de las más
modernas redes sismológicas del continente,
la cual fue concebida a finales de los
noventa e implementada por el Ministerio
de Ciencia y Tecnología en el período 1999
– 2002, cuando también creó una Agenda
Nacional de Desastres, la cual involucró a
numerosos científicos, gestores públicos,
gente del sector de planificación, de organismos
de atención de desastres y de comunidades
organizadas. Fue un esfuerzo
que hacía honor a la importancia de las
políticas de prevención de desastres que la
ONU y la UNESCO promovieron en los
años noventa, y que merece ser continuado,
porque responde a urgentes necesidades
y carencias nacionales, todavía no adecuadamente
atendidas.

Lograr una solución total para minimizar
el riesgo sísmico es muy difícil:
implicaría reconstruir una muy significativa
parte de nuestras ciudades y transformar
nuestra cultura, así como recuperar el ambiente.
Esto es imposible a corto plazo. No
es un asunto solamente de decretos, ni de
leyes ni de voluntarismo. Son vitales la
educación, la preparación social, las normas
y su cumplimiento, la institucionalidad, el
respeto a la formación académica y científica
para la toma de decisiones, pero también,
la pertinencia de la investigación, la comprensión
adecuada de la realidad nacional,
y el compromiso y los esfuerzos necesarios
por parte de las instituciones públicas que
atienden esta problemática.
Los desastres naturales pueden destruir,
en pocos segundos, inmensos y sostenidos
esfuerzos económicos. Para hacer viable
el desarrollo debe considerarse la gestión
del ambiente y de riesgos. La prevención
de desastres se asocia a la lucha contra
la pobreza, a la educación y al fortalecimiento
de instituciones públicas.

En América Latina, la vulnerabilidad
aumenta día a día, como aumentan las
brechas con los países desarrollados, acompañadas
por el crecimiento de la pobreza,
el proceso acelerado de la concentración
urbana, la ocupación no planificada e irracional
del territorio, el crecimiento de la
población, las carencias de dotación adecuada
de viviendas e infraestructura, los
procesos de degradación ambiental, consecuencia
de la deforestación y la erosión
de los suelos, las debilidades institucionales
de los sectores públicos, con la ausencia de
mecanismos adecuados de control y regulación,
y las debilidades sociales para reaccionar
ante un evento de tal naturaleza.

Planificar para superar el problema
La ignorancia, la pobreza y la falta de planificación
siguen siendo nuestros peores
enemigos en la prevención de desastres. En
este panorama se inscribe uno de los principales
problemas: la construcción popular
de viviendas que no tienen la más mínima
resistencia ante fuerzas sísmicas. Hay
que tomar en cuenta que la mayoría de las
viviendas son autoconstruidas, y que, además,
los sismos no están presentes cuando
el constructor popular levanta un rancho o
un edificio. No tiene por qué pensar en ello.

La amenaza sísmica es una condición
que exige planificación, y un nivel de
conocimientos y experticias que no han
sido todavía transferidos a la práctica empírica
de la autoconstrucción. El constructor
popular no tiene consciencia de la amenaza
sísmica, no la «siente»; al menos no
de la misma manera como, en cambio, sí
puede constatar las fuerzas y requerimientos
del peso propio (producidos por la gravedad)
cuando construye. Simplemente, si
el rancho no resiste su peso propio, se cae
la construcción. Es una constatación inmediata.
La prevención es una óptica vital, de
la cual carece el constructor popular. Para
que esta visión esté presente, serán necesarios
grandes esfuerzos en planificación, y
en masivos programas educativos y de divulgación.

Las políticas de desarrollo no son
viables si no incluyen consideraciones para
la gestión del ambiente que propicien la
mitigación del riesgo. Es necesario aceptar
que la vulnerabilidad de la población es
un problema estructural, de raíces sociales,
por lo que, en América Latina, las políticas
de mitigación de riesgos y prevención de
desastres se asocian ineludiblemente con
la lucha contra la pobreza, con la educación
y el fortalecimiento de las instituciones
públicas. Los esfuerzos que se hacen
en Venezuela, y en la mayor parte de los
países latinoamericanos, en prevención de
desastres, son todavía limitados. No hay
suficientes centros de formación e investigación,
no hay la necesaria rigurosidad técnica
ni científica.

La gestión del riesgo, con el fin de
lograr un desarrollo armónico con el ambiente,
es un problema no sólo del Estado,
sino de la población en general. Es vital
insistir, por medio de políticas públicas, en
inversiones, no sólo orientadas a programas
de reducción de la vulnerabilidad a
corto plazo, sino a la formación y educación
de la población en convivencia con
las amenazas ambientales, a fin de contribuir
con la creación y consolidación del
capital social, base necesaria para el desarrollo.
En 2001 se aprobó la Ley de Protección
Civil y Gestión de Desastres, lo cual
constituye un primer esfuerzo en la dirección
de orientar políticas y construir capacidades
públicas en la prevención de desastres
y atención de emergencias.

En el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en
2000, se iniciaron las agendas de Gestión
de Riesgos y Reducción de Desastres y la
de Vivienda y Hábitat. Con estos programas,
se financiaron proyectos específicos,
atendiendo problemas prioritarios relacionados
con la evaluación de amenazas, vulnerabilidad,
riesgo, su mitigación y reducción,
y con la atención y manejo de emergencias.
Lo más valioso de estas experiencias
es que han contribuido a impulsar el
trabajo conjunto de universidades, centros
de investigación, instituciones públicas
(especialmente alcaldías), ONG’s y empresas,
creando responsabilidades colectivas
en torno a la solución de problemas prioritarios
y puntuales en distintas localidades
del país. Estos proyectos han permitido la
incorporación del talento humano disponible,
y hasta ahora subutilizado.

En efecto, en Venezuela existen importantes
capacidades de alto nivel, académicas,
profesionales y técnicas, en temas
de desastres, así como un rico capital de
información, que incluye mapas de amenazas,
y el conocimiento de las tecnologías
apropiadas para reducir la vulnerabilidad.
Estas fortalezas, que son poco conocidas
públicamente, pueden ser aprovechadas por
el Estado en el desarrollo de políticas y programas
de prevención de desastres. Para
ello se requiere un apoyo decisivo y determinante.
Aunque se ha adelantado en esta
dirección, resta aún mucho por hacer.

En el corto plazo, es fundamental considerar
la evaluación de la vulnerabilidad
de estructuras estratégicas (petroleras, energéticas,
etc.), y de atención a la comunidad
(hospitales, escuelas, etc.). Asimismo, la
evaluación de la vulnerabilidad urbana y
de los desarrollos de vivienda popular son
básicos para orientar los urgentes programas
de rehabilitación, o desalojo y reubicación
de la población de las zonas más
vulnerables. También es prioritario el desarrollo
de programas de atención de emergencias
con la participación de las comunidades,
y la instalación de sistemas de alerta
temprana.

El fortalecimiento del sector público,
la formación de profesionales capacitados
en la comprensión de las amenazas naturales
y la gestión del riesgo, la consolidación
de instituciones encargadas de coordinar
y promover los planes nacionales, y,
sobre todo, la formación de capacidades
municipales y redes sociales en la prevención
de desastres, son tareas que requieren
urgentemente de enormes esfuerzos e inversión,
con resultados que serán visibles a
mediano o largo plazo. La formación y educación
de la población en su conjunto, contribuirán
a la consolidación de una "cultura
del riesgo", con la responsabilidad social
y colectiva que esto implica. Es una
tarea enorme, descomunal, pero urgente.
Los recientes desastres "naturales"
nos obligan a entender y asumir que, en
realidad, las catástrofes se construyen socialmente.
No son únicamente eventos naturales:
se convierten en desastres solamente
cuando el hombre ha intervenido
inadecuadamente el ambiente.

– 1 Genatios, C. y Lafuente, M. (2003), «Vivienda: la política por hacer» Question No.1 año 2, Caracas y http://www.ucab.edu.ve/
clubderomaVenezuela/arch_nac/cg_0703.pdf
– 2 López O. A.,Hernández,Del Re y Puig, 2005 Reducción del Riesgo
Sísmico en Escuelas de Venezuela. Boletín Técnico IMME, 42/3
( h t t p : / / w w w . r e v e l e . c o m . v e / p r o g r a m a s / i n d i c e /
buscador.php?idparte=532&dep=ingenieria&Busqueda=2).
– 3 José Grases, Rogelio Altez, Miguel Lugo «Catálogo de sismos
sentido o destructores en Venezuela entre 1530 y 1998» Ediciones
de la Academia de ciencias físicas, matemáticas y naturales y de
la facultad de ingeniería de la UCV, Caracas 1999.