Los escasos nueve meses para suscribir un tratado de libre comercio, que en el caso de Estados Unidos y Chile demandó casi diez años, son reveladores del grado de prisa de la administración Bush. En realidad, son negociaciones contra el reloj del 2005, un año emblemático por varias razones.

En el 2005 expirará la Autoridad de Promoción Comercial (TPA, por sus siglas en inglés) que autoriza al gobierno estadounidense a suscribir este tipo de acuerdos sin que sufran modificaciones parciales por el Congreso que debe aprobarlos o rechazarlos en conjunto. Sin TPA, nadie está interesado en TLC.

Más importante aún, el próximo año debería estar lista el Área de Libre de Comercio de las Américas (ALCA). Pero las desavenencias y falta de consenso entre los 34 países sobre el ritmo y el contenido de las negociaciones, han trabado el proceso. En la estrategia estadounidense, la firma de varios TLC permitiría ejercer presiones adicionales, bien sea por efecto demostración o amenazas de aislamiento, para doblegar la resistencia al ALCA de los países del Mercosur .

Del lado andino, la premura obedece a la fascinación que ejerce el mercado norteamericano en las élites de los cuatro países y a la fe de carbonero en que la apertura comercial es la llave que abre las puertas a la competitividad y al éxito. Según el ministro de Comercio colombiano, Jorge Botero, el TLC generará «enormes posibilidades de crecimiento económico y por consiguiente de buenos empleos, mejores salarios y bienestar social».

Su colega peruano, Alfredo Ferrero, fue todavía más optimista. Se trata, nada menos, que de «vender nuestros productos a un mercado con un poder de compra 180 veces superior, ligar los indicadores macroeconómicos a las tendencias de la economía más grande y estable del mundo», atraer inversiones y aumentar las exportaciones.

Como si fuera el Manolito de Mafalda, que siempre tiene el lápiz en la oreja para calcular las ganancias de su bodega, Ferrero dice que la ecuación es sencilla: «ofrecemos un mercado de sólo 26 millones de habitantes con un ingreso promedio de 2 mil dólares anuales y ganamos un mercado de 285 millones con un ingreso de 35 mil dólares. Llegado el momento vamos a negociar para explotar esa ventaja».

A las supuestas ventajas económicas, se suman los eventuales réditos políticos. De allí que el más interesado y el primero en colocarse en la lista fuera el gobierno de Álvaro Uribe que mantiene una relación especial con Estados Unidos, materializada en El Plan Colombia.
Los presidentes Alejandro Toledo de Perú y Lucio Gutiérrez de Ecuador, con índices de rechazo de 83 y 75% respectivamente, confían en elevar su popularidad mediante la firma de los tratados, que aspiran a festejar con bombos y platillos, o en el peor de los casos a colocarse simplemente bajo el manto protector norteamericano.

Sin embargo, los tratados pueden convertirse en un verdadero boomerang, bien sea por la oposición que ya despiertan en las asociaciones sindicales y los grupos indígenas o por los posibles perdedores entre los cuales se encuentran los sectores rurales y la pequeña industria que necesitan tiempo, recursos e innovación tecnológica para ajustarse a la competencia norteamericana.

El Manifiesto de Cali, suscrito el pasado 3 de abril, por 16 centrales sindicales de los cinco países andinos, rechazó los tratados de libre comercio con Estados Unidos por ser «una nueva forma de colonización de nuestros países» que «producirá una mayor concentración y centralización del capital en manos de unos pocos y la ruina de las industrias nacionales y en general al sector productivo agropecuario».

Desde la óptica sindical, los TLC debilitan a la integración andina que, por el contrario, debería fortalecerse mediante el mercado común y «la puesta en marcha de megaproyectos productivos que activen la economía regional». Para defender sus posiciones emprenderán una campaña de movilización que se estrenará el 18 de mayo, en Cartagena de Indias, cuando se inaugure la reunión de los negociadores estadounidenses con sus pares andinos.

Los sectores laborales no son los únicos que desconfían de las «grandiosas ventajas» del TLC. Un estudio de Planeación Nacional de Colombia reveló que el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos apenas aumentaría el bienestar del país en un 0,79%. Las importaciones crecerían 11 por ciento, mientras que las exportaciones sólo ascenderían 6%. «Si la predicción se cumple, en cuatro años la economía tendría un déficit comercial de 3% del PIB y un déficit en cuenta corriente de 6% del PIB», advirtió el experto Eduardo Sarmiento Palacio.

Pero los puntos más controversiales de los TLC no radican siquiera en la cuestión comercial. Al abarcar aspectos cruciales como derechos de propiedad intelectual, protección de inversión extranjera, compras gubernamentales y servicios, se regulan con leyes supranacionales cuestiones que afectan la producción nacional.

Por ejemplo, en materia de propiedad intelectual es probable que los derechos de patente terminen encareciendo los medicamentos y afecten la competencia con los genéricos. En el ámbito de las compras estatales, al nivelar las condiciones con las firmas estadounidenses, deberá eliminarse la legislación que preserva la preferencia por el proveedor local. «Lo ético y patriótico- advertía el político ecuatoriano León Roldós Aguilera- es que primero se debatan dentro del país las reformas legales y que no se desmantele por convenio internacional la legislación nacional».

La eliminación de cualquier tipo de barreras a las inversiones no sólo abriría el paso masivo a las empresas trasnacionales estadounidenses, sino que sería imposible condicionarlas a «metas de empleo, reinversión de utilidades o transferencia de tecnología», un caso particularmente preocupante ante la eventual privatización de la empresa petrolera ECcopetrol, según denunció la Red Colombiana de Acción frente al Libre Comercio y el ALCA (Recalca).

La cuestión agrícola se plantea como una gran interrogante. ¿Contribuirá el TLC a mejorar las condiciones de vida de los sectores más rezagados de la región andina o los hundirá en la miseria? Si se toma en cuenta la experiencia mexicana, los resultados fueron desastrosos. Como resultado del TLC con Estados Unidos y Canadá, firmado en 1994, el sector agropecuario que congrega a una quinta parte de la población azteca ha perdido 1.300.000 empleos, obligando a millones de familias a emigrar a la ciudad.

El diputado del Partido Revolucionario Democrático, Víctor Suárez Carrera, resumió los perjuicios del TLC en una contundente frase: «es un instrumento de desmantelamiento de la agricultura mexicana a favor de las grandes empresas transnacionales americanas».

Una de las razones se deriva de los cuantiosos subsidios agrícolas que Estados Unidos no está dispuesto a desmantelar. El ministro colombiano de Agricultura y Desarrollo Rural, Carlos Gustavo Corvo, admitía que «los tres pilares de toda negociación internacional de comercio son aranceles, subvenciones a las exportaciones y subsidios internos». Sin embargo, en un tratado bilateral técnicamente sólo se pueden celebrar acuerdos sobre los dos primeros, en tanto que el último únicamente se puede negociar en un multilateral, o sea, en el escenario de la OMC. «Lo delicado, reconocía, es que los subsidios internos representan las dos terceras partes del total de los subsidios de Estados Unidos, lo cual quiere decir que en el TLC apenas trataremos sobre una tercera parte del problema».

Aún así, los cuatro países andinos correrán, a partir del 18 de mayo, detrás de la «zanahoria» que ofrecerá la implacable negociadora estadounidense, Regina Vargo, una mujer amable pero durísima del Departamento de Comercio. Si los andinos logran aumentar sus exportaciones a EE.UU. no harán más que consolidar la posición de ese país como primer socio comercial al que dirigieron el 44,9 por ciento - 23 mil millones de dólares - de sus ventas externas y al que compraron el 26,4 por ciento (casi 10 mil millones de dólares) de sus importaciones, en el 2003. Venezuela, que en el año 2000, era responsable de la mitad de las exportaciones andinas a EE.UU. será el gran ausente en las negociaciones. Tal vez no hay mal que por bien no venga.

María Magaró