Los derechos humanos fueron más rápido que la recuperación económica

Elogio a los derechos humanos

El pasado 24 de marzo, diez meses después de asumir la presidencia y justo 28 años después del último golpe militar de 1976, Néstor Kirchner transformó por decreto la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma) en Museo de la Memoria.

Tocaba así el símbolo más irritativo de la dictadura: el que había sido el mayor campo de detención clandestina, en el centro mismo de la Capital Federal, a escasos metros del estadio de River Plate donde en 1978 se jugó la final del campeonato mundial de fútbol.
Horas antes, Kirchner, acompañado de una treintena de ex-detenidos desaparecidos que pasaron por ese campo de concentración, había visitado en una tan emotiva como mediatizada jornada las instalaciones de la Esma.

Con el apoyo decidido de las Madres de Plaza de Mayo, el Presidente lanzaba en su décimo mes de gobierno una de las tres señales más categóricas de toda su gestión. Antes había ya había pasado a retiro los 44 principales oficiales de la cúpula de las tres fuerzas armadas y había promovido la anulación en el parlamento de las leyes de obediencia debida y punto final que durante años legalizaron la impunidad.

Sólo una semana más tarde, el 1 de abril, casi 200 mil manifestantes se autoconvocaron frente al Congreso de la Nación para protestar por el asesinato del joven Axel Blumberg uno de los tantos secuestrados diarios por bandas de delincuentes comunes. Reclamaban así contra la inseguridad ciudadana y exigían medidas fuertes que motivaron cambios inmediatos entre funcionarios de alto nivel de la provincia de Buenos Aires.

En sólo dos o tres días, azuzada desde una serie de medios de comunicación vinculados con la derecha política, pero evidentemente angustiada por una situación real, la clase media argentina, que no se movilizaba desde que los bancos decidieran el "corralito" (retención de los depósitos), en diciembre del 2001, volvió a hacer sentir su presencia en las calles.

Anticipando de inmediato una etapa de turbulencias económicas, políticas y sociales que pondrán a prueba la fortaleza y capacidad de Kirchner para encontrar el rumbo y los apoyos correctos. Y en la cual el esfuerzo por los derechos humanos del presidente se ve opacada por la inseguridad ciudadana, que aparece hoy como su principal opositor. Con el agravante que esa inseguridad es la herencia directa de los métodos de la dictadura. Casi como regla, en los secuestros y delitos de todo tipo, se esconden detrás, como instigadores o protectores, cuadros policiales formados en la década dictatorial.

Temas que arden: deuda y energía

Entre la "moralización política" y los problemas estructurales "macro", pendientes de resolución a corto plazo, se juega el inestable equilibrio de un gobierno que sigue registrando en las encuestas niveles considerables de simpatía popular.

De los problemas de fondo de difícil resolución, dos, heredados del menemismo ( Carlos Menem) y de los gobiernos anteriores, aparecen como emblemáticos del dilema de la era Kirchner: el pago de la deuda externa que se acerca a los 180 mil millones de dólares y la crisis del suministro de combustible.

Según el economista argentino Alfredo García, director del Centro de Estudios Financieros (Cefin) del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, "el gobierno reconoce la necesidad de redistribuir el ingreso, pero no la tiene entre sus prioridades"

Recordando de inmediato que a pesar de haber cumplido en exceso las metas definidas en setiembre de 2003, Kirchner "debió firmar el 10 de marzo pasado nuevos compromisos para que los representantes de los países industrializados en el Fondo Monetario Internacional (FMI) dieran el visto bueno a la segunda revisión del acuerdo..." En una actitud que revela el fuerte componente político del citado organismo internacional así como la férrea dependencia que tal actitud impone, no sólo a la Argentina, sino a la totalidad de países endeudados.

En uno de los párrafos de la carta dirigida a Anne Krueger, directora gerente interina del FMI, el gobierno argentino establece que uno de los elementos principales de su política será "formular la oferta de manera que resulte en una deuda sustentable para la Argentina y logre un amplio apoyo por parte de los acreedores".

Objetivos contradictorios, al decir de Alfredo García, puesto que los acreedores solicitan el mayor pago posible, lo que compite con la respuesta urgente a las exigencias sociales y a las necesidades del desarrollo productivo y de la generación de puestos de trabajo, en especial en la pequeña y mediana empresa.

Confirmando esas previsiones, el diario Clarín en su edición del pasado 26 de abril titulaba "Krueger (el FMI) quiere discutir ya el nivel de superávit para el año que viene". Confirmando que la discusión del FMI con el Gobierno comenzará en junio y que la presión va para subir la pauta del 3%, es decir exigir a Argentina un pago mayor de los intereses de su deuda.

La crisis energética que desde meses amenaza la estabilidad social es otro tema ejemplificador. No se trata de falta de carburantes. Sino el resultado de la presión de las transnacionales del sector que exigen aumentos en las tarifas de gas, electricidad, y transporte.

A la base del problema el proceso de privatización y enajenación de los recursos nacionales. La parte fundamental de la privatización petrolera en ese país conosureño se la llevaron la Repsol española y Techint. En 1999, Repsol amplió hasta llegar al 98 % del control accionario de la otrora rentable compañia nacional Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). Obtiene hoy el 61% de su producción de pozos argentinos.

A pesar de la compra de YPF constituyó un verdadero regalo para Repsol y que las ganancias han sido millonarias en el área de los combustibles -las empresas de gas obtuvieron entre el 93 y el 2001 casi 4 mil millones de dólares, de los cuales el 81 % se reapartió en dividendos-, esas transnacionales presionan por aumentos de tarifas.
En un país donde casi 4.5 millones de familias está hoy fuera del consumo de gas por red o compra garrafas que pagan a precio internacional y que representa un costo mensual tres veces mayor que el gas natural.

Portavoz de los reclamos de las grandes transnacionales (7 empresas controlan el 86 % de la producción), el FMI reforzó su exigencia ante el gobierno para que aumentara las tarifas y lo puso como condición para renegociar la deuda. En ese contexto, el ejecutivo argentino llegó a un acuerdo el 2 de abril pasado a través del cual se compromete a incrementar progresivamente hasta diciembre del 2006 el precio del gas.

Dilema de futuro

La era Kirchner en nada se compara con el paraíso. A pesar de su política de derechos humanos, de combate a la corrupción, de independencia del sistema jurídico y de apertura internacional, las condiciones estructurales y los compromisos "macro" existentes no le ofrecen mayor margen de maniobra. Al mismo tiempo, las presiones sociales de abajo son inmensas y exigen soluciones a corto plazo.
Dilema de difícil resolución. Mucho más cuando la fuerza militante propia de Kirchner es todavía débil. La estructura de su partido, el peronista, le pone zancadillas y no acepta su liderazgo. En tanto que su tesis de transversalidad , es decir de alianza con otros sectores no peronistas, no termina de arrancar.

La deuda que mata

Hacia fines de la década pasada se dejó de hablar de "pagos de intereses de la deuda" -concepto con fuerte contenido simbólico- reemplazándolo por "superávit fiscal primario". Conceptos idénticos que técnicamente indican el mismo drenaje financiero hacia el exterior aunque esconde la emblemática palabra "pago". Utilizando la jerga moderna, en el nivel de superávit fiscal primario (ese decir en el pago de los intereses de la deuda) se juega el destino económico de la Argentina.

Respecto a la actualidad, el presupuesto 2004 fue realizado con una baja estimación de ingresos fiscales y un virtual congelamiento del gasto público. Dado que ha habido ingresos mucho más abultados que los previstos en comparación con el gasto público que se ha prácticamente frenado, se está generando un fuerte superávit fiscal, que en los primeros tres meses del año ascendió, según datos oficiales, a más de 1000 millones de dólares, el triple de lo comprometido con el FMI para idéntico período.

Hasta este momento no existe una definición clara sobre el destino de dicho superávit. Las opciones serían dos: disminución de impuestos y redistribución de ingresos o la afectación al pago de deuda. Salvo un potencial plan de inversiones o el aún difuso aumento para los jubilados, según el economista Alfredo García "no se conocen medidas significativas de política económica que se orienten al fomento a la producción ni a la distribución del ingreso".

Evaluando los niveles de superávit hacia el futuro, en setiembre se establecerán las metas con el FMI para los años 2005 y 2006; si bien el Gobierno se aferra mediáticamente al mantenimiento del 3% del PIB como techo máximo para el pago de la deuda, el FMI cita un párrafo de la carta de intención firmada el año pasado que es por demás sugerente: "En los años subsiguientes -2005 y 2006- la política asegurará la extensión de la tendencia iniciada en 2002 y reforzada en 2003 y 2004 de manera de alcanzar niveles suficientes para cubrir los pagos netos de la deuda ...".

Anticipando así nuevas exigencias para el futuro. Como la tendencia ha sido al aumento del superávit primario (2.1% en 2002, 2.5% en 2003 y posiblemente más del 3% en el 2004) el FMI puede interpretar ese párrafo como una promesa de ir mas allá del 3% en los dos años venideros.

La autocrírica del Estado

"Las cosas hay que llamarlas por su nombre y acá, si ustedes me permiten...como presidente de la nación Argentina vengo a pedir perdón de parte del Estado nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia tantas atrocidades... Hablemos claro: no es rencor ni odio lo que nos guía, me guía la justicia y la lucha contra la impunidad. Los que hicieron este hecho tenebroso y macabro de tantos campos de concentración, como fue la ESMA, tienen un solo nombre: son asesinos repudiados por el pueblo argentino", enfatizó Kirchner al visitar la Escuela de Mecánica de la Armada.

Una visión que genera múltiples simpatías entre los organismos de derechos humanos y amplios sectores de la sociedad civil, pero que también crea cierta desconfianza entre ciertos grupos de izquierda radical y analistas más críticos. Entre ellos, el sociólogo estadounidense James Petras que ha visitado últimamente Argentina solidarizándose con los trabajadores en conflicto y fábricas ocupadas. Y que ve en Kirchner "un abanderado de las nuevas políticas neoliberales en busca de cosechar adhesiones a bajo costo a través de su política en defensa de los derechos humanos".