El referendo es cuestión de vida o muerte

Cuestión de vida o muerte es la realización del referendo sobre el gas boliviano. Los sectores populares que se reclaman herederos de las trincheras de Octubre de 2003, apuestan, desesperados, a la quema de ánforas, al bloqueo de caminos para impedir el ingreso de las autoridades electorales o, finalmente, al voto pifiado o la pura abstención.

Y, en verdad, es una lucha a muerte pues la inmolación de casi un centenar de bolivianos, durante los días de Octubre, comprueba la inquebrantable decisión del pueblo, en sus cuadros más radicales y decididos, en la defensa militante de los recursos naturales.

Los sectores contestatarios argumentan que la redacción del referéndum -mejor, referendo- no recoge la reivindicación popular. Ciertamente, la heroica protesta ha transitado desde la intuitiva exigencia de una consulta ciudadana que impida la discrecional disposición del gas por Sánchez de Lozada hasta arribar a la creciente convicción que lo que se quiere es, sencillamente, la nacionalización del gas boliviano.

La nacionalización no ha querido consultarse -por expresa determinación del presidente Mesa- en ninguna de las cinco preguntas del referendo del próximo 18 de julio de 2004. La segunda pregunta, a lo sumo, refiere una ambigua "recuperación" en la propiedad del gas boliviano "en boca de pozo", en tanto la primera pide pronunciamiento sobre la dejación de efectos de la vigente Ley de Hidrocarburos emitida por Sánchez de Lozada.

Poderosas razones explican la radicalidad popular. De pronunciarse por el sí en la segunda pregunta, la "recuperación" prometida sólo tendrá lugar de aquí a treinta o más años pues, conforme a los contratos suscriptos con las transnacionales petroleras, la vigencia se ha pactado hasta mas allá del año 2030. Votar por el sí, en esta pregunta, significa confirmar, llanamente, la modalidad actual de explotación y comercialización del gas boliviano según establece la legislación petrolera de Sánchez de Lozada.

El presidente Mesa ha privilegiado, a todas luces, la supuesta seguridad jurídica que le merecen las empresas petroleras por sobre las expectativas de muchos bolivianos, aún de aquellos que, finalmente, regaron y abonaron con su sangre, su asunción a la presidencia. Según insiste personalmente, en un spot televisivo de su masiva y exclusiva propaganda, la "nacionalización responsable" o "verdadera" nacionalización se traduce en la "recuperación" que, ahora sabemos, consiste en esperar al vencimiento de los contratos para que el Estado recién pueda, muy a futuro, comercializar el gas boliviano.

La llamada Agenda de Octubre -paulatinamente diseñada desde aquel mes- hoy pasa por la nacionalización de los hidrocarburos. La Agenda no nació como un programa acabado, con un texto preciso e inequívoco, sino como una plataforma general de reivindicaciones populares. El presidente, sin embargo, afirma que, con el referendo, cumple con dicha Agenda aunque no se consulte la nacionalización. En lo que es ya un sarcasmo, Mesa pide que el pueblo boliviano defienda este referendo, como una conquista de Octubre.

En cuanto a la primera pregunta que inquiere sobre la abrogatoria de la actual Ley de Hidrocarburos -la que brinda cobertura a los contratos con las transnacionales- podría pensarse que, variando la normativa, se puede revertir el que las petroleras, al solo pago de impuestos y regalías, hagan suyo el gas en "boca de pozo". Como el verdadero negocio no está en la extracción, sino en la comercialización, en aras de la supuesta "recuperación" del gas, pareciera prudente responder positivamente a esta pregunta.

Pero, la pregunta es inocua e inconducente pues, como se sabe, la ley no puede disponer para el pasado (retroactividad), sino únicamente hacia el futuro y, por tanto, no podría afectar o variar los contratos con las transnacionales petroleras. Si así fuere, estaríamos ante la confiscación, posición extrema que, juntamente con la nacionalización, ha sido ferozmente resistida y negada por el Gobierno, en especial por el mismo presidente.

Más bien parece ser que Carlos Mesa pretende que su proyecto personal de Ley de Hidrocarburos sea aprobado sin discusión en virtud al carácter vinculante del referendo. Así se explica que, hasta antes de la brillante idea de utilizar el referendo, la consideración congresal de este proyecto hubiera sido discretamente postergada esperando, justamente, la hoy preciada oportunidad de matar dos pájaros de un tiro: a) hacer suponer al votante que elige por una nueva e inédita legislación que le permitirá "recuperar" su gas y, b) imponer al Parlamento la nueva Ley de Hidrocarburos de Mesa.

Estas sutilezas son apenas una muestra de las capciosas formulaciones que contienen todas las preguntas del referendo, cuyo principal defecto residía en que su convocatoria la establecía un decreto y no una ley, como dispone la Constitución recientemente reformada. El Parlamento, inicialmente reacio a las peticiones del presidente de aprobar la ley reglamentaria, entendió, sobre la hora, que su desidia o retraso en la ley podía significar la catástrofe del sistema político si se invalidaba la convocatoria decretada.

Por ello, el presidente Mesa ha obtenido un invalorable cuanto renovado impulso al haberse aprobado congresalmente el proyecto de "ley marco" para su referendo, incluyendo un artículo transitorio que, graciosamente, eleva a rango de ley el írrito decreto. Ya habíamos anticipado que así sucedería. Este avance significativo permite, sobre las justas, alejar todo cuestionamiento sobre la posible inconstitucionalidad formal del decreto de convocatoria a la consulta. Con la ley en la mano, envalentonado por sus éxitos, el presidente acusa de delito la resistencia a su referendo. ¡Sálvese quien pueda!

Entre paréntesis, en escandalosa imprevisión o negligencia de la brigada parlamentaria cruceña, la "ley marco" prohíbe consultas referendarias 120 días antes o después de las elecciones municipales. Es decir, estando previstas las elecciones municipales para fin de año, el anunciado referendo cruceño sobre autonomía queda, conforme a ley, descartado automáticamente. Convengamos: doble punto para Carlos Mesa, sus jugadas de ajedrez y su apuesta al sistema político vigente cuyo fetiche es, ni duda cabe, el Parlamento que hoy ha escrito otra de sus célebres crónicas legislativas.

La única duda -que suponemos el Tribunal Constitucional resolverá favorablemente a los propósitos del presidente- es la omisión legal de la obligatoriedad de la participación ciudadana. El Gobierno aduce que la Constitución establece que el "sufragio" es obligatorio siendo innecesario reiterar, en la ley, el deber de asistir a votar. Nos quedan dudas sobre este razonamiento pues, conceptualmente, el sufragio está destinado a la conformación del Poder Público y no a la absolución de una consulta cual es el referendo.

Esta cuestión, de carácter juridico-interpretativo sobre el término "sufragio", no es importante, salvo el constatar, de parte del presidente Mesa, su obsesión por alcanzar legitimidad ciudadana -obligando, según entiende la ley el Gobierno, a la concurrencia masiva al referendo- y, en lo concerniente a las fuerzas contrarias a la consulta, el intento de evitar, con desesperación, un resultado que anticipan les será desfavorable.

La desordenada cuanto errática resistencia -indudablemente popular- contra la consulta revela la ausencia de una plataforma orgánica que, como dirección política, agrupe eficazmente a todos los opositores al engaño que se pretende consumar. Paradoja donde las haya, el vehículo para este despropósito es, justamente, aquello que pidió y por lo que murió, generosamente, el ciudadano boliviano de a pie: un referéndum.

Las medidas de resistencia varían grandemente, desde el votar negativamente a todas las preguntas, o sólo a algunas de ellas. La dirigencia sindical se inclina, simplemente, por la abstención o la pifia escribiendo la palabra "nacionalización" en la boleta del voto. Desde luego, los más radicales -atrincherados en el altiplano boliviano- amenazan bloquear caminos, quemar ánforas y, por si fuera poco, dictar un sui generis "estado de sitio" fundado en supuestos de justicia "comunitaria". Son los primeros ecos político-institucionales de Ayo Ayo pues la Central Obrera Boliviana, agotada y traumatizada por su fracaso en las jornadas luego del 1ro. de mayo, sólo ha tenido arrestos, también intuitivos, para proponer la movilización luego del referendo el 18 de julio.

Anticipamos que el referendo se realizará, de todas maneras y, por si fuera poco, en razón al despliegue intensamente unicolor, unilateral y masivo de la propaganda oficial -de la que carece franciscanamente la oposición- triunfará el sí a las cinco preguntas, aunque no por el margen de goleada que un aliado oportunista del presidente Mesa ha predicho. En contrapartida, es previsible un ambiente de zozobra e irregularidad en la consulta, lo que alentará a algunos legalistas a impugnar los resultados del referendo.

Pero también alertamos que el sentimiento popular de frustración y de engaño -aunque provenga de los estratos más "radicales" o "extremistas", según se adjetiva a la resistencia popular- revivirá, muy posiblemente, el espíritu insurreccional -tan episódico como contundente- de la revuelta de Octubre de 2004. Si es así, la anemia y falta de visión históricas de la COB y la dirigencia sindical e indígena podrían ser rebasadas por una acción incontrolable de las masas occidentales en torno a la sede de Gobierno.

Así las cosas, será de esperar el descenso de popularidad del presidente Mesa hasta desnudar su congénita carencia de legitimidad, que no es lo mismo que la volátil aprobación alcanzada en encuestas de coyuntura. Quizás no llegue a ver, como presidente, la refundación de la nueva República. Las fichas de ajedrez, entretanto, ya están jugadas y la futura designación del nuevo presidente del Senado, para agosto de 2004, podría ser la parodia de la elección del nuevo presidente constitucional.

Las grandes decisiones en este rincón del Universo Mundo no las toma el pueblo, si no es cuando desborda el voluntarismo de sus enceguecidas élites políticas, incluidas las direcciones sindicales. El tiempo del cambio, por lo visto, no ha terminado de llegar a todos los sectores de este país aunque ya se avizora luz al final del túnel.

Y como la vida humana, al menos en Bolivia, no vale nada, es posible que se escriba nuevamente, en páginas sangrientas, un otro capítulo de la gloriosa -y a la vez trágica- historia del movimiento popular boliviano.

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