Gasto público en función de un Estado injusto

Entre 1980 y 2004, el crecimiento de la economía ha sido cíclico e inestable. No obstante, el problema de la pobreza por ingresos es de tipo estructural. A partir del proceso de ajuste, reestructuración y apertura la asimetría entre economía y pobreza se profundiza. En la fase recesiva la pobreza por ingresos aumenta rápidamente, en la recuperación el malestar social sigue aumentando como se evidencia entre 2001-2004. Durante la última década la tasa de desempleo no es inferior a 10%, a la vez que la dinámica laboral pierde articulación con la evolución de la economía. A junio de 2004 la tasa de desempleo nacional se ubico en 14,1%, el subempleo en 28,4% y la informalidad del empleo supera el 60%. Producto de la consolidación de una economía rentista y especulativa, sin generación de empleo productivo de calidad, unido a las reformas laborales que amplían e intensifican la explotación del trabajo, se han vuelto estructurales los problemas de desempleo y subempleo. Una situación agravada por el rápido crecimiento de la población en edad de trabajar; por este sólo factor ingresan al mercado de trabajo anualmente cerca de 400.000 personas.

El gasto social compensa, en parte, los efectos del estilo de desarrollo colombiano que genera exclusión y polarización, pero sin resolver los problemas estructurales de pobreza e inequidad. Los períodos en los cuales confluyen un gasto social en aumento con el crecimiento de la economía y la generación de empleo, la pobreza por ingresos disminuye. No obstante, el gasto social es una variable de ajuste, residual y prociclica dependiente del ciclo económico, las disponibilidades presupuestales y la prioridad otorgada a las políticas públicas hegemónicas: apertura, guerra, control social, mercado, privatización, ajuste fiscal y pago de deuda pública, externa e interna (gráfico1).

El análisis del gasto público debe hacerse a partir del desciframiento de las funciones que cumple el Estado en Colombia, según el Presupuesto General de la Nación. De acuerdo con la funcionalidad del gasto, en el año 2004 el Estado Colombiano orienta 60% de sus recursos hacia el pago de la deuda pública (37%), la defensa y el control social (16%) y la administración, la regulación económica y el control institucional (7%). Para las funciones de legitimación, reproducción de la fuerza de trabajo y apoyo a la acumulación de capital se destina el otro 40% (gráfico 2).

La pobreza crece y crece…

Históricamente, la clase dirigente de Colombia ha considerado que el crecimiento económico es el único factor para la solución de los problemas de exclusión, pobreza e injusticia social. De acuerdo con este falso o seudo argumento, el crecimiento genera empleo y por tanto ingreso para las familias. Causalidad reeditada por la administración Uribe. El modelo hegemónico de desarrollo en Colombia, vigente desde finales de la década de los ochenta en el siglo XX, ha agudizado los problemas de injusticia, desigualdad y violencia socio-política. La pobreza es causada principalmente por:

– el bajo nivel educativo de la fuerza de trabajo,

– la falta de puestos de trabajo,

– la precariedad e inestabilidad del empleo,

– la ampliación e intensificación de la explotación del trabajo,

– la ausencia de recursos productivos en los sectores menos favorecidos,

– el masivo desplazamiento causado por la violencia,

– los altos impuestos que cobra el Estado a los bienes de consumo,

– el ritmo acelerado en la elevación de los precios de los bienes y servicios básicos de la canasta familiar, y

– la concentración del ingreso y la riqueza.

1. La falsa causalidad crecimiento económico-bienestar social

Como ya lo anotamos, para el sector oligárquico en el poder, el crecimiento económico se logra a partir de:

– la seguridad,

– el ajuste fiscal y

– la inversión privada, principalmente extranjera.

La Represión y la disciplina del mercado son los mecanismos de regulación preferidos para el control social y la promoción del desarrollo. La relación lineal entre crecimiento económico y bienestar es falsa al contrastar la evidencia empírica del último cuarto de siglo (gráfico 3)

2. Gasto Público y Funciones del Estado

El análisis funcional del Estado 2002-2004 presenta los siguientes resultados (cuadro):

· El Estado se apropia de una tercera parte de la riqueza generada por la población colombiana. El presupuesto general de gastos aumentó de $62,9 billones en 2002 a $76,7 billones en 2004.

· El servicio de la deuda pública nacional crece sostenidamente; en 2002 se pagaron $22,6 billones y en 2004 $27,3 billones. En términos relativos este desangre presupuestal representa 36% de los gastos y 11% del PIB.

· Los gastos en administración, regulación, control estatal y apropiación del ingreso social reflejan el proceso de ajuste y reingeniería institucional. En 2002 estas funciones concentraban 10,3% de los gastos (3,1% del PIB) y en 2004 apropian 7,3% del presupuesto público (2,2% respecto al PIB).

· La prioridad dada por la clase dirigente a la resolución de los conflictos sociales y políticos mediante la guerra y la represión social se refleja en un gasto público creciente hacia estos fines.

· Entre 2002 y 2004 las funciones de justicia, defensa y control social aumentaron su participación en el presupuesto de gasto de 15,4% (4,7% del PIB) a 16,1% (4,9% del PIB). Los sectores que más concentran los recursos públicos, dentro de esta función, son el ejército y la policía; en 2002 concentraban 12% del presupuesto general y 13,3% en 2004.

· Acorde con el proceso acelerado de ampliación de la lógica de mercado a todos los ámbitos, la acumulación y reproducción del capital se deja en mayor grado a la iniciativa privada. En el año 2002, estas funciones representaba 5,5% del gasto público (1,7 del PIB), con prioridad en transporte, comunicaciones e infraestructura pública. En 2004 estas funciones concentran 6,4% del gasto público (2% del PIB), incluyendo ahora dentro de las prioridades los sectores de minería y energía.

· Para las funciones de legitimación, reproducción de la fuerza de trabajo y protección del ambiente, el gasto público presenta un ligero crecimiento en 2004 respecto a los dos años anteriores. Durante 2002-2003 estos gastos representaron 33% del presupuesto (10% en relación al PIB), en 2004 aumentan a 34,5% (10,6 del PIB).

· Dentro del gasto social, el principal rubro corresponde al Sistema General de Participaciones; éste participó con 18,3% del gasto público en 2002, se elevó a 19,6% en 2003 y bajó nuevamente a 18,4% en 2004. Para este último año los recursos del SGP son de $14,1 billones (5,6% del PIB), destinados un 58,5% para educación, 24,5% salud y 17% para propósitos generales. El segundo sector en importancia es Protección Social, en 2002 participaba en el 6,7% del gasto público (2% del PIB) y en 2004 aumenta a 8,3% (2,5% del PIB). En tercer lugar se encuentran los gastos destinados a los sectores de educación y bienestar familiar, con alrededor de 6% del presupuesto y 1,8% del PIB.

Para el año 2005, el proyecto de Presupuesto General de la Nación presentado por la administración Uribe al Congreso vale cerca de 92 billones de pesos. Con relación al presente año, el gasto público crecerá 18,5%. Para el pago de la deuda externa se destinarán 31 billones (33,7% del Presupuesto) ; al financiamiento de la guerra y el aparato de justicia se destinarán 9,7 billones (10,5%); para la reactivación social 44 billones (47,8%), para la reactivación económica 4,9 billones (5,3%) y para la reestructuración del Estado 2,1 billones (2,3%). Dentro del gasto social, el presupuesto de 2005 contempla 16 billones para pensiones, es decir, un aumento de 33% con respecto a los 12 billones destinados este año (a pesar que sólo el 25% de los mayores de 60 años cuenta con seguridad pensional en Colombia).

El presupuesto para el 2005 será financiado con 40 billones provenientes de ingresos tributarios y los restantes 52 billones provendrán de mayor endeudamiento. Para el año próximo, el déficit fiscal se estima en 2,4%, el crecimiento de la economía en 4% y la inflación en 5%. Frente a esta situación, la reforma tributaria que pretende gravar con IVA de 4% a los alimentos, la cual hace tránsito en el Congreso, sin duda será aprobada, afectando a las familias de los trabajadores y elevando aun más, en consecuencia, los índices de pobreza e indigencia.