Trofeo de la cruzada “antiterrorista”

“Yo había llegado de Colombia el domingo anterior a la detención. Mi compadre (Claudio Ramírez, también detenido) no estaba, pero yo sé llegar a la casa. Ese día me levanté primero que todos, me fui a bañar y estando en la ducha sentí por encima del techo que alguien entraba, miré por una ventanita y vi unos encapuchados, pensé que eran ladrones. Al primero que sacaron fue a mí, me empujaron de la ducha, me tiraron al piso, me golpearon un pie. Nos pusieron un arma encima, diez, quince minutos de tortura, con un arma en la cabeza, sin camisa, en el piso, en calzoncillos. El fiscal entró, los únicos que no tenían capucha eran los periodistas y el fiscal. Lo primero que pensé fue en el dinero que traía para comprar la casita, lo saqué y le dije: ‘Señor fiscal, me hace el favor y me lo guarda’. Nos metieron a un carro y nos taparon la cara, no nos dejaron ver nada, siempre estuvimos vendados, no sabíamos cuántos carros iban, quiénes más entraron, qué llevaban en las bolsas, oíamos voces de mujeres en la policía. Como nos llevaban vendados yo pensé que nos iban a desaparecer. ¿Qué pretendía la policía y la fiscalía al mantenernos enmascarados?".

Así comienza Francisco Cortés el relato de ese 10 de abril de 2003, cuando fueron capturados en el operativo Alerta Temprana los dos campesinos cocaleros bolivianos (Claudio Ramírez y Carmelo Peñaranda), las dos menores de edad (Nelly Ramírez y Betty Nina) y el líder campesino y defensor de derechos humanos colombiano (Pacho Cortés), por la supuesta conformación de un Ejército de Liberación Nacional en Bolivia.

Mientras Betty y Nelly fueron puestas en libertad, aunque siguen siendo investigadas, Francisco, Claudio y Carmelo actualmente permanecen recluidos en el Penal de Máxima Seguridad de Chonchocoro, en donde, pese a estar detenidos preventivamente, sin ninguna acusación formal en su contra, pasaron muchos de sus días y noches en una de las zonas de aislamiento, cada uno en una celda de tres metros por dos, de frente al viento que una delgada puerta de acero detiene, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar.

Exportando la represión estatal

Si hasta hace poco las técnicas aplicadas por los estados latinoamericanos para aplacar la protesta social, apretar las riendas del descontento, minar la organización civil y comunitaria, se limitaban a formas extra legales como la desaparición, la tortura y el ajusticiamiento, ahora estamos presenciando un reenfoque en esos métodos de represión estatal. Una de esas formas que podríamos llamar novedosas, y tiene en el caso Cortés-Ramírez-Peñaranda una clara aunque incipiente expresión, es la de construir fachadas jurídicas a procesos netamente políticos. Es así como, bajo los cargos de terrorismo, alzamiento armado, falsificación material e ideológica, y narcotráfico, tipificados en el código penal boliviano, y uno de ellos virado hacia la perspectiva imperial predominante desde el 11 de septiembre del 2001, han instalado los cimientos de una nueva política represiva, que ante todo busca equiparar el trabajo social, de denuncia y defensa de los derechos de las comunidades a la autodeterminación, con formas criminales de acción a las que les corresponde, como tal, determinados castigo que van más allá de los ámbitos de la justicia y el derecho.

Otro de los aspectos de esta forma recientemente inaugurada de represión estatal es la internacionalización de la misma. Bajo el argumento de la expansión de las formas criminales de protesta social desde países “terroristas” a otros en potencia -recuérdese la teoría del narcosindicalismo internacional del ex presidente Sánchez de Lozada-, los códigos jurídicos que sirven de fachadas a jugadas políticas han superado su circunscripción territorial y parecen ejercer como leyes universales e internacionales de investigación, acusación y castigo.
Basta observar tan sólo el aspecto mediático del caso Cortés-Ramírez-Peñaranda, ya que el aspecto jurídico resulta mucho más complejo de explicar, para darse cuenta del énfasis dado al fantasma de la internacionalización del “terrorismo”, por medio del uso y abuso de la identidad descontextualizada del colombiano Cortés.
Él, Cortés, es el rostro visible del caso, permenentemente utilizado en imágenes y menciones a su nombre tanto por periodistas de todos los pelambres, funcionarios judiciales y políticos.

El caso que maneja la fiscalía, y que hasta ahora ha envuelto en sus investigaciones a diecisiete ciudadanos, tiene como insignia única, eslogan, comodín, a Francisco Cortés. La recurrencia a su nombre escueto, pronunciado en diversas ocasiones y en situaciones que nada lo involucran pero permiten asociarlo mentalmente (por ejemplo, los cazabobos que han hecho explosión en el trópico cochabambino después de las jornadas de octubre); su imagen de manos atadas, cabello desordenado, ojos atónitos, voz alzada para dirigirse a los micrófonos al paso, se transmite y retransmite sin contexto ni trasfondo.

Ambos, nombre e imagen, desarraigados de toda historia personal, familiar y política del hombre que es Francisco Cortés, son usados como sellos que a la vez que marcan estigmatizándolo, obstaculizan cualquier comprensión más profunda pues impiden que la llamada opinión pública trascienda el miedo social y el simple dato (acusación-delitos-detención), y acceda a la historia larga, profunda, compleja, es decir a la historia humana de alguien que de un día para otro se encontró convertido en ficha de ajedrez.

Pacho Cortés: breve historia de vida

Nacido en Colombia en 1963, este dirigente campesino, reconocido defensor de derechos humanos en la región oriental colombiana, plagada desde hace décadas de guerra fratricida entre insurgencia armada, paramilitarismo y fuerzas armadas, inició su lucha social a comienzos de la década de los 80, cuando en Colombia el pensamiento de derecha y represión contra la protesta social se imponía desde la presidencia, bajo la cabeza de Julio César Turbay.

Educado en la región de Santander, cuando estaba culminando sus estudios secundarios ingresó al seminario, en donde permaneció por un par de años, hasta que entendió que la Iglesia no le era suficiente. Para mediados de los 80 ya había logrado consolidar una organización comunitaria conformada por 450 comunidades que se dedicaba a reivindicar sus derechos de educación, salud y justicia por medio de la creación de escuelas rurales, cooperativas de producción y comercialización, comités de salud, deportes y derechos humanos.

De dirigente local pasó a ser dirigente regional de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, para luego pasar a ser dirigente nacional de la misma. Debido a este trabajo, Francisco Cortés ha sido perseguido tanto por la insurgencia como por el paramilitarismo. En 1984 sufrió el primer atentado contra su vida y su familia, obligándolo a cambiar de identidad, todo bajo la ley colombiana. Del mismo modo, una década después, tras varias amenazas de muerte y atentados contra él, su esposa e hijos, Francisco Cortés, ya residente en Bogotá, entró a hacer parte del programa de protección a defensores de derechos humanos, manejado por el gobierno colombiano en apoyo con la ONU.

Durante esta misma década, su estatus de dirigente nacional orgánicamente conectado con las bases le permitió participar en varios encuentros fuera de Colombia, tanto en América como Europa, llegado incluso el momento de asistir a la mesa de conversaciones de paz que entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, se establecieron en San José de Costa Rica. Francisco Cortés asistió como dirigente campesino y defensor de derechos humanos, negociador de la sociedad civil.

Bajo el programa de protección a testigos, residiendo en Bogotá, donde se encuentra la sede de la Coorporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria, ong de la que es fundador y presidente, el gobierno le recomendó a Pacho Cortés abandonar el país. Decidió trasladarse a Bolivia, en donde tenía amigos resultados de dos viajes al país durante encuentros continentales de dirigentes campesinos, y creía poder seguir realizando el trabajo que sabe hacer: organizar, liderar y gestionar por las reivindicaciones de las comunidades campesinas.

Tres días después de arribar a La Paz fue detenido. “Mi padre y mi madre eran muy conservadores y aferrados a la Iglesia católica, por costumbre de la región [Santander, nororiente colombiano, en límites con Venezuela]. Mi papá vivía en una región donde La Violencia [se denomina así a los años cincuenta en el campo colombiano, cuando los partidos Liberal y Conservador se enfrentaron en una guerra interna que hasta ahora sobrevive con nuevos actores y matices] era muy fuerte. Hasta los sesenta la gente quedó sicosiada, venía cualquier tipo desconocido y a la gente le daba miedo. Cuando sonaba un pututu en la región la gente se alertaba, era una forma de ponerse pilas. A mí me faltaba un mes para nacer cuando mis padres se escaparon de ahí”.

“Cuando me salí del Seminario volví a mi casa; ahí me tomaron para el servicio militar, que lo hacía trabajando de profesor en una escuela rural. En los años que trabajé de profesor fundé tres escuelas en las comunidades campesinas en donde no había, una en Arauca, una en Santander y otra en norte de Santander [región nororiental de Colombia; Arauca es zona petrolera, con altas inversiones de las transnacionales como British Petroleum, y los Santanderes son la sede de la petrolera nacional, Ecopetrol, de fuerte movimiento sindical y violencia paramilitar].
“Cuando salí del servicio militar me conseguí a mi esposa, nos juntamos en el 81, cuando yo era maestro rural. Logramos tener la niña y nos movimos a Norte de Santander, trabajando seis meses en una lavandería en Cúcuta [capital del departamento, frontera con Venezuela].

“Era la época de Turbay, no había empleo, ni siquiera con libreta militar de primera y buena educación. En la lavandería trabajábamos prelavando jeans de siete de la mañana a once de la noche. Luego a mi mujer le tocó ponerse a trabajar como empleada doméstica y yo vendía ambulante toda clase de electrodomésticos de Venezuela. Si vendía una olla a presión o una licuadora podía almorzar con un café y llevaba el resto para la casa; si vendía un televisor o una nevera ya lograba almorzar algo de sal y llevar el resto para la casa. Ahí fue donde aprendí a romper la timidez, porque la gente hablaba conmigo no tanto para comprar sino para conversar sobre la pobreza, el hambre, aprender a educar a los hijos, hacer una familia digna.

“En el 82 nos trasladamos para Arauca, porque en Cúcuta si comíamos no pagábamos arriendo, y vicerversa. A partir del 60 y 70 comenzó fuerte la colonización en Arauca. Sólo se podía hacer trabajo de campo, cultivar maíz y yuca. Llegué en época de cosecha de maíz a la casa de unos amigos, y a los dos días llegó la guerrilla, el ELN, a matarme, porque no permitían la entrada de gente que había prestado el servicio militar. Fue terrible porque yo no sabía nada, sino que llegaron a donde mis familiares y a la comunidad a decirles eso. La comunidad habló por mí y les dijeron que venía a trabajar y que era una persona cristiana.
“Un día en el caserío había una reunión de presidentes de juntas de acción comunal y uno de ellos me propuso ser profesor y me postularon para tres escuelas. Me asignaron una escuela que de camino en mula me gastaba tres horas, por eso resolvimos irnos para allá, quedarnos en la vereda. No había nada, nosotros iniciamos la construcción de la escuela con calaminas y maderas, por primera vez en la historia de Colombia hicimos una carretera hacia atrás, de la escuela al camino, a hacha y machete, porque un dirigente que no eche hacha y machete no es dirigente. Tenía 42 alumnos y enseñaba hasta quinto de primaria.
“Organizamos el equipo de fútbol, el puesto de salud, una tienda comunitaria, la carretera, el comité de usuarios campesinos, además trabajaba allá y más allá, así que era profesor de la vereda y dirigente de toda una región. Hasta que me vi en la obligación de dejar el magisterio y dedicarme al trabajo social.

“Llegué a tener 450 veredas, o sea unas 60 mil personas que comenzaron a organizar cooperativas de comercialización, producción, juntas comunales, comités de educación, de salud, deportes, derechos humanos, y las asociaciones de usuarios campesinos.

“Hacia 1985-86 logramos conformar la asociación a nivel intendencial [en Colombia hasta 1991 gran parte de los territorios de frontera agrícola y colonización ostentaban la categoría de intendencias y comisarías, posteriormente fueron elevados a nivel de departamentos]. Desafortunadamente corrimos con la suerte de contar con gobiernos locales militares pues era zona roja; ya existían el frente Domingo Laín del ELN y el 10 de las FARC. Pese a todo, con el intendente hicimos programas de cabildos abiertos para que la gente pudiera hacer sus reclamos por infraestructura, salud, educación, etc.

“A raíz de mi trabajo social entro en contradicción con la insurgencia armada. La insurgencia siempre ha querido controlar el movimiento social, por eso, que yo tuviera 450 veredas organizadas, representaba un gran peligro. Me amenazaron tanto los unos como los otros.

“En 1987 se logra organizar el primer congreso de unidad de usuarios campesinos en Bogotá, con cinco mil participantes, de sólo Arauca fueron 315 delegados. Se nombró una junta nacional y salí elegido por la región oriental. Desempeñé mi función hasta el 90, de donde salí como un dirigente nacional. Los sectores políticos estaban muy aislados del movimiento social, de hecho existían dos ANUC (Asociaciones Nacionales de Usuarios Campesinos), una era la del gobierno, de los terratenientes, y la otra era la nuestra, de campesinos. La ANUC nuestra y las cooperativas cumplieron una función muy importante, dar la lucha por las escuelas veredales y mejoramiento de las vías de comunicación, también teléfonos y hospitales.

“Mi mujer hacía lo mismo con las comunidades, se inició con las cooperativas y luego comenzó a trabajar con mujeres campesinas. Ella es casi analfabeta pero ganó esa facilidad de conducción del movimiento social. La participación de ella es completamente igual a la mía. Colombia es un país muy machista por ser altamente católico, y son muy pocas las oportunidades para las mujeres y más cuando carecen de formación educativa. Mis hijos nacieron en la lucha social, han vivido en la lucha y tienen su pensamiento de lucha. Ahora que estoy aquí ella es la que está a cargo de la organización que tenemos, del movimiento social”.

Ya en la década de los 90, Francisco Cortés y su familia se desplazaron hacia la capital colombiana, en donde continuaron trabajando con las organizaciones no gubernamentales y los movimientos sociales. Sin embargo, aunque sea Bogotá la sede de sus últimos años, Arauca, Boyacá, Cundinamarca y los Santanderes, en el nororiente del país, siguen siendo la zona de trabajo social de los Cortés, allí nacieron, crecieron y se formaron en la organización comunitaria. Lejos de su familia, privado de sus derechos fundamentales, no se permite pausas en su reflexión: “Aunque mi cuerpo está en la cárcel, mi conciencia, mis principios sociales y mi condición ideológica están en plena libertad. Como muchas y muchos hoy tengo que soportar las injusticias de estos gobiernos que en su afán por recuperar su imagen perdida, persiguen al movimiento social y a sus dirigentes. A unos los desplazan, a otros les piden sus vidas como ofrenda, a otros nos encarcelan, pero el objetivo es el mismo: desbertebrar la vida social. Por eso, hoy más que nunca debemos continuar sin retroceder”.