Sin duda, Camisea es un proyecto de enorme importancia. Sus beneficios para el país deben ser considerables: incremento de divisas, recuperación de la balanza comercial de hidrocarburos, ingresos por impuestos y regalías, caída del costo de electricidad y combustibles, etc. Por ello, más allá del entusiasmo por el boom del gas, alarma como el Gobierno aparece más interesado en el titular triunfalista y la declaración demagógica, que en asegurar condiciones beneficiosas e informar adecuadamente al país. Especialmente preocupa el manejo del Lote 56 (Pagoreni) -cuyo contrato no se ha hecho público, pero que ya conocemos- pues las condiciones contractuales para dicho lote -que fue, igual que Camisea, producto de la exploración de Shell- se estarían desviando considerablemente de lo establecido en el contrato original de Camisea, beneficiando al consorcio privado y perjudicando al país, según se desprende de los términos pactados por PERUPETRO en nombre del Estado.

Urge aclarar el tema de la regalía para el Estado por el gas de Pagoreni. En junio pasado, Jaime Quijandría -entonces Ministro de Energía y Minas- anunció que la regalía sería 38% con el precio del gas por encima de US$ 4 dólares por millón de BTU y 30% por debajo. Sin embargo, el contrato suscrito por PERUPETRO cambia las cosas e introduce un "Valor Mínimo para Valoración" establecido arbitrariamente, sobre el cual se aplicaría la regalía, ya no sobre el valor de venta del gas tras deducir costos de transporte y procesamiento. Este "Valor Mínimo para Valoración" es tan bajo, que el ingreso por regalías sería minúsculo. Sí el gas se cotiza a US$ 4 dólares, la regalía no se aplicaría sobre esos US$ 4 dólares, menos transporte y procesamiento, sino sobre el "Valor Mínimo de Valorización", que sería apenas US$ 0.53 centavos. Es decir, el Perú cobraría 30% de regalía sobre US$ 0.53 centavos -apenas a US$ 16 centavos- cuando lo justo sería cobrar sobre el precio internacional deduciendo costos de transporte y bombeo, que pueden calcularse. ¿Es aceptable que de US$ 4 dólares, el Perú obtenga apenas US$ 16 centavos, que no equivale ni al 4% del valor de venta del gas? ¿Es justo captar migajas por un recurso natural no renovable, propiedad de los peruanos?

Igual de grave es que el contrato Pagoreni no establece ningún mecanismo para garantizar el abastecimiento al mercado peruano. Por el contrario, lo desalienta, pues si el gas se vende internamente, pagaría regalía de 37.2% sobre un precio de US$ 1.80 (similar a Camisea) pero si ese gas se exporta, sólo pagaría 30% sobre un “Valor Mínimo de Valorización” de apenas US$ 0.20 centavos: ¡US$ 6 centavos!. Es decir que los peruanos estaremos subsidiando la exportación de gas barato para el extranjero. Además, no se entiende por que se estableció que los líquidos del gas de Pagoreni pagaran regalía variable -que podría ser tan baja como 20%- en lugar de regalía fija de 37.2% como Camisea. Mas aún, el contrato Pagoreni concede estabilidad tributaria a los inversionistas, sin exigir mayores inversiones en exploración o imponer un plus al Impuesto a la renta, y los negociadores peruanos han aceptado que la resolución de controversias y reclamos sea por arbitraje internacional, cediendo nuestra soberanía y potestad legal.

La seguridad energética es un tema estratégico clave y el Perú requiere una política clara y coherente al respecto, no cortoplacista, sino con visión de largo plazo, objetivos y prioridades bien definidas. El desarrollo de Camisea y lotes adyacentes es de vital importancia y su manejo no puede ser feudo de burócratas en PERUPETRO y el Ministerio de Energía y Minas. La explotación del gas debe impulsarse, pero con condiciones transparentes y equitativas y con el país plenamente informado. El Congreso debe tomar cartas en el asunto e investigar los acuerdos en que PERUPETRO comprometió al país.