Aprovechando la neblina electoral generada por el pase a segunda vuelta y la coyuntura de Semana Santa, Toledo y sus ministros se han lanzado atropelladamente a firmar “su” TLC, “sí o sí”, en abierto desafío de la ética, del orden jurídico, de la opinión ciudadana y del sentido común.

Obsesionados con “pasar a la historia”, están arrastrando al país a un acuerdo con Estados Unidos mal negociado, donde nuestros intereses y derechos no han sido debidamente defendidos y preservados.

Esta desesperación del toledismo por firmar el TLC resulta aún más chocante considerando que los dos candidatos más probables de pasar a la segunda vuelta electoral públicamente han manifestado –con matices– su oposición a que el TLC sea discutido y aprobado por el actual gobierno y el actual Congreso: completamente deslegitimados, sin respaldo popular y ya de salida.

Posponer una decisión sobre el tratado para después de que asuma el nuevo gobierno tiene sentido, porque el TLC no sólo compete a nuestros intereses comerciales, sino que también nos afecta en temas tan diversos y vitales como nuestra soberanía y el manejo autónomo de nuestro Estado, la capacidad de aplicar políticas tributarias, políticas sobre regalías públicas para fomentar a sectores claves como el agro y las pequeñas y micro empresas, el derecho a la salud y a medicamentos genéricos baratos, la supremacía de nuestras leyes y tribunales, la defensa de nuestra identidad cultural, la protección de nuestro patrimonio natural y biogenético, etc.

Por ello, el proceso del TLC tiene que ser asumido por un gobierno y un Congreso que cuenten con respaldo popular y la necesaria legitimidad. Toledo y su Perú Posible ni siquiera están logrando pasar la valla electoral.

¿Cómo pueden ellos estar facultados a firmar el tratado? Del actual Congreso apenas 15 de sus miembros han logrado apoyo ciudadano para ser reelectos.

¿A quién se le ocurre que un grupo de congresistas repudiados en las ánforas, que se van y ya no estarán sujetos a responsabilidad política y al control ciudadano, pueden ser quienes decidan sobre un tema tan trascendental?

La aprobación del TLC tiene que ser por consulta popular, para que cada peruano –previa información y debate nacional– pueda tener la capacidad de decidir sobre nuestro futuro.

Desde la semana pasada ya está presentada por el JNE al Congreso la Iniciativa Legislativa Popular–con 100 mil firmas de respaldo– que solicita que el TLC sea aprobado por referéndum.

Por supuesto, los tecnócratas del gobierno ya han saltado hasta el techo para oponerse, afirmando, mañosamente, que el TLC es un tema “técnico” que no puede ser decidido por el pueblo.

¿Quiénes son ellos para venir a decidir sobre nuestras vidas, sobre nuestro bienestar y nuestro porvenir? ¿Quiénes son ellos para venir a imponernos un TLC mal negociado y a la carrera, que –además– nos impedirá renegociar concesiones mineras y de hidrocarburos, introducir cambios en el manejo tributario o en el tema de las regalías que nos corresponden por el uso de nuestros recursos naturales?

El proceso de aprobación del tratado debe posponerse para después del 28 de julio, para que sea discutido por un Congreso que realmente refleje la voluntad ciudadana, en un amplio debate nacional con participación de todos los sectores interesados o afectados, para decidir si es necesario que el nuevo gobierno revise y renegocie los términos acordados con Estados Unidos.

Y por supuesto, la probación final del TLC tiene que ser por referéndum, porque el pueblo y sólo el pueblo debe decidir sobre el destino del Perú.

*La Primera

Javier Diez Canseco