Quince años de privatizaciones corruptas han vacunado a los peruanos. Perdimos presencia soberana en sectores estratégicos como transporte aéreo, se deterioró la regulación de recursos esenciales como combustibles, y los usuarios sufren tarifas abusivas en electricidad o telefonía.

Ahora, con descarada ferocidad, la derecha -con Kuczynski a la cabeza- reclama privatizar los servicios de agua potable y Sedapal. ¿Qué hay detrás? ¿Preocupación por el pueblo o acaso codicia por enormes ganancias?

El acceso al agua es un derecho humano. El agua es un recurso esencial, vital para la vida, que debe ser garantizado por el Estado a todos los peruanos. Hoy accede al agua potable el 85.6% de la población, pero hay serios problemas que exigen atención urgente del sector, aumentar la inversión (que cae drásticamente desde 1997) y reformar y repotenciar las empresas públicas de agua y saneamiento, pero sin caer en el simplismo de “vendamos todo y asunto arreglado”.

En Argentina y en Bolivia -que en los 90 privatizaron concesiones de agua- hay masivas protestas por las altísimas tarifas y escasas inversiones en agua y un masivo pedido ciudadano de anular las privatizaciones y retornar al manejo del Estado.

El agua no es una mercancía más a la que se le pone un precio y si uno quiere compra o no. Es un “bien público básico” -indispensable para la vida de las personas, para el agro y la producción- que está directamente ligado a la higiene, la sanidad y la salud, que es insustituible y cada vez más escaso. Por ello, el derecho humano de acceder al agua no puede depender de precios o capacidad adquisitiva, ni del afán de lucro privado.

El Estado debe proveer el acceso pleno al agua. Se necesita una estrategia integral de manejo de nuestros recursos hídricos y del abastecimiento de agua: proteger las cabeceras de cuencas hidrográficas y humedales altoandinos; reformar el manejo de los servicios públicos de agua y sanidad, con un manejo profesional y transparente; asignar recursos suficientes para modernizar y expandir la cobertura, priorizando a los sectores más necesitados; establecer mecanismos de participación y vigilancia ciudadana -a nivel regional y local- donde los usuarios tengan poder de decisión sobre el manejo de un recurso primordial para el bienestar humano.

No consintamos que los grandes lobbies económicos se apoderen del abastecimiento del agua, para lucrar con la necesidad del pueblo. La ciudadanía debe estar alerta ante los embelecos de quienes pretenden vender, a como dé lugar, las empresas públicas de agua potable.

Pronunciémonos con firmeza contra la privatización del agua y exijamos que una nueva Constitución -que el país reclama- incluya el derecho humano al agua y la califique como bien público y esencial. No desmayemos en defender el derecho de todos los peruanos al agua, no sólo para los de hoy sino también para los de mañana.

Javier Diez Canseco