Desde finales del año pasado, el Gobierno Nacional ha amenazado a los servidores públicos del país con despidos masivos, los mismos que concretará después que todos los ministerios hayan elaborado las listas de los funcionarios, cuyos puestos serán suprimidos.
Esta disposición es parte del plan que tiene el Gobierno para reducir el tamaño de la masa salarial (el número de servidores y los sueldos que ganan). Para ello, la Secretaría Técnica de Remuneraciones (Senres), emitió la resolución de despedir al 20 por ciento del personal del sector público.
Para áreas estratégicas (Bienestar Social, Educación, Ambiente) el cupo para reducir los empleados es del 13 por ciento. Para el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) y el Ministerio de Gobierno se fijó una cuota que llega al 20 por ciento. Para el resto de instituciones es de 26 por ciento. Lo que representaría, por ejemplo, que en el Ministerio de Economía, que tiene actualmente 487 empleados, sean despedidos 97 de servidores.
Sin embargo, el Gobierno aún no ha determinado de dónde saldrá el dinero para solventar las indemnizaciones de los trabajadores, que van desde mil dólares por año, con un tope de 30 mil dólares. Extraoficialmente se conoce que cuentan con 2,5 millones de dólares para esto pero no se sabe de dónde. El ministro de Economía, Mauricio Yépez, pidió un préstamo de 100 millones de dólares al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para pagar las indemnizaciones. Pero este crédito no se ha concretado aún.
Además, según el presidente de la Comisión de lo Laboral y Social del Congreso Nacional, Luis Villacís, esto incrementaría la deuda externa y acrecentaría en 110 millones de dólares el Presupuesto de las entidades autónomas, beneficiando a la burocracia dorada, con sueldos de 8 000, 7 000 y 6 000 dólares mensuales.
Sin embargo, el Ministerio de Economía necesita que la Senres, primero, emita un dictamen presupuestario para garantizar el pago de las indemnizaciones. Hasta materializar éste, los trámites para la suspensión de partidas estarían suspendidos. Papeleo que tendría un mes de duración hasta concretar los requerimientos técnicos que necesita la entidad.
Por otro lado, la salida de los burócratas, según el Ministro de Economía, Mauricio Yépez, significará también la eliminación de partidas, es decir, no se podrá recontratar a más personal o crear más partidas porque existe un excedente de trabajadores. Pero los trabajadores denuncian el ingreso al sector públicos de miles de personas vinculadas al Gobierno y a Sociedad Patriótica, casi todas ellas sin experiencia, capacitación o profesionalismo.
Miguel García, presidente de la Federación de Servidores Públicos de Pichincha (Fedesep), dijo: “sabemos que se están estructurado las listas en cada uno de los Ministerios, pero lo que repudiamos es que al mismo tiempo que anuncian los miles de despidos, por la otra puerta siguen ingresando gente a las instituciones. Lo que representaría que no hay el exceso del que habla el Gobierno”.
Después de la comparecencia del Ministro de Economía y del Ing. Ramiro Espín, director de Senres, al Congreso Nacional, el jueves 17 de febrero pasado, se detectaron una serie de irregularidades e ilegalidades en la aplicación del plan que tiene el Gobierno para reducir el tamaño de la masa salarial, por lo que los representantes de los burócratas junto a miembros de la Comisión de lo Laboral y Social del Congreso resolvieron unánimemente suspender esta resolución e invocar para que se forme una comisión de inmediato con el Ministerio de Economía, la Comisión de lo Laboral y los Servidores Públicos para corregir las distorsiones que se han detectado.
Si el Gobierno desacata esta decisión, será la propia Comisión de lo Laboral quien elaborará una demanda de inconstitucionalidad contra el mecanismo. Miguel García advirtió que si el Gobierno no acata la resolución de los trabajadores y el Congreso, los trabajadores radicalizarán las medidas tomadas; solo espera recibir las notificaciones para emprender las acciones legales.

Renata Salazar Palacios