El pasado 26 de enero, mientras los medios de comunicación vendieron la mancha blanca de los socialcristianos como el evento del día -ya porque no pudieron decir del año-, en Quito se realizaba una movilización realmente transcendente para los ecuatorianos.

Cientos de trabajadores, agrupados en la Unión de Trabajadores del Ecuador (UGTE) llevaron a cabo una marcha por las principales calles de la ciudad. La medida fue para exigir al gobierno que cumpla con los derechos laborales conquistados a través de más de un siglo de lucha. Además, rechazan las reformas laborales propuestas por el Gobierno neoliberal de Lucio Gutiérrez, ya que estas perjudican de manera directa a la clase obrera y al pueblo ecuatoriano.

Por enumerar algunas, están: la tercearización, la flexivilización laboral, el congelamiento de los salarios a través del decreto 197 del CONAREM, despido de miles de empleados, aumento de las horas de trabajo, el TLC, ente otros.

Entrevista

‘No permitiremos que se hagan a rajatabla los derechos sindicales’
Nelson
Presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE)

¿Qué ha venido realizando la UGTE durante las últimas semanas?

– Frente a la negativa del Ministerio de Trabajo de legalizar los contratos colectivos desde hace más de dos años, la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE) junto con la Federación Ecuatoriana de Trabajadores Municipales, las Organizaciones del Sector Salud y el Frente de Trabajadores del Sector Eléctrico realizamos varias acciones para exigir a esta entidad que reconozca estos derechos laborales. Los trabajadores no estamos dispuestos a permitir que se haga a rajatabla de los derechos sindicales. El Ministerio tiene que garantizar nuestros derechos.

¿Cuáles son sus principales exigencias?

– Principalmente estamos en desacuerdo con el reglamente de tercearización. Este no recoge los puntos de vista ni las necesidades de la clase obrera -impide el derecho a organizarse, como señala la Constitución en su Artículo No. 35; anula el derecho al trabajo; a la estabilidad, entre otros. Además el Gobierno, a través de su ministro de Trabajo, Raúl Izurieta, no ha hecho nada por garantizar la afiliación del trabajador a la Seguridad Social. Cada día son menos los obreros que gozan de este beneficio.

Por estas razones exigimos la derogatoria de este reglamento. Es imposible aceptar con estas condiciones que en las empresas privadas y publicas se imponga el 75% de trabajadores tercearizados. Esto acabaría con la sindicalización en ambos sectores. También rechazamos la firma de la carta de intención, que exige el despido de más de 5000 servidores públicos.

Además de repudiamos la intensión del Gobierno de incrementar a 48 horas la jornada laboral. Esto solo beneficia a los empresarios, a los que tienen y acumulan la riqueza a costilla del obrero, que son quienes generan la riqueza.

¿Qué medidas tomaran los trabajadores para que el Gobierno los escuche?

– Además de la movilización que realizamos el 26 de enero pasado, continuaremos atentos a las acciones que tome el Presidente de la República. Presentaremos un proyecto para la reformar la tercearización laboral y las leyes laborales, que garanticen el derecho a la huelga, estabilidad y trabajo que fueron conculcados por la Ley 133 en el Gobierno de Rodrigo Borja. Pediremos al Gobierno que en vez de crear partidas para despedir a los trabajadores se realicen prestamos para invertirlos en el aparato productivo, y así se pueda crear fuentes de trabajo.

Frente al TLC pedimos que sean los ecuatorianos quienes decidan si el Ecuador entra a ser parte de este tratado o no, a través de la Consulta Popular. Porque no puede ser una imposición de los Estados Unidos, del Gobierno Nacional y de la Ministra de Comercio Exterior, Ivonne Baki.

Renata Salazar Palacios