Se abre la caja de Pandora

Eppur si muove: desde Brasil Manuel Cordero miente para salvar el pellejo; desde las páginas de Ultimas Noticias los nostálgicos agitan supuestos descontentos castrenses para atajar lo inevitable; desde la obsecuencia judicial algún fiscal más realista que el rey pretende decidir por el presidente.

Los asesinatos de Michelini, Gutiérrez Ruiz y María Claudia García de Gelman están en el orden del día de la investigación sobre las violaciones a los derechos humanos: las inminentes inspecciones en los cuarteles de los batallones 13 y 14 de Infantería podrían desentrañar los misterios que ocultan esos verdaderos cementerios clandestinos y facilitar la aplicación del artículo 4 de la ley de caducidad.

Los cortesanos civiles de los dictadores -políticos, periodistas, abogados, magistrados- están tan habituados a la genuflexión que ni siquiera advierten los cambios de humores: la comandancia del Ejército y el generalato ven con buenos ojos la decisión de Tabaré Vázquez de impulsar la investigación sobre los desaparecidos. El teniente general Angel Bertolotti coincidió, en conversaciones previas con el entonces presidente electo, en la necesidad de resolver el problema que cuestiona a la institución desde hace treinta años.

Aunque según Ultimas Noticias algunos generales interpretaron como un “balde de agua fría” los anuncios de Vázquez, y efectuaron llamados telefónicos a oficiales retirados para “ponerse a las órdenes”, tales trascendidos contrastan con las afirmaciones explícitas de otros generales, como el jefe de la División IV, Manuel Saavedra, quien no sólo descartó que exista tensión en el Ejército, sino que ratificó el compromiso de realizar los máximos esfuerzos para cumplir con el artículo 4.

La nueva postura militar tiene un costado pragmático: tarde o temprano la verdad surgirá a la superficie, y frente al costo político de mantener la intransigencia los mandos han concluido que es preferible la oferta de Vázquez de agotar todos los esfuerzos administrativos para averiguar el destino final de los desaparecidos y eventualmente hallar los restos. Esa propuesta implícitamente deja de lado una iniciativa presidencial para promover cualquier tipo de castigo o sanción penal.

El punto de inflexión en este nuevo esquema de la solución del “problema” de los derechos humanos radica en los casos de Michelini-Gutiérrez Ruiz y de la nuera del poeta Juan Gelman, María Claudia García de Gelman. Vázquez afirmó en su discurso del 1 de marzo -y reiteró en una entrevista al periodista Jorge Lanata que se emite hoy, viernes, por Canal 12- que los tres asesinatos (en realidad cinco, porque junto con los dos legisladores fueron ejecutados William Whitelaw y Rosario Barredo) no están amparados por la ley de caducidad: el caso de los dos legisladores, porque ocurrió en Buenos Aires; y el de María Claudia, porque fue un acto “criminal”, es decir, un asesinato con la finalidad de robar una recién nacida. Ello implica que los dos casos pueden ser ventilados en la justicia, que eventualmente puede condenar a los criminales, aunque éstos sean oficiales y personal subalterno del Ejército.

En el caso Michelini-Gutiérrez Ruiz existen dos investigaciones en trámite: en el juzgado penal a cargo del juez Roberto Timbal, para determinar las responsabilidades de las autoridades uruguayas de la época, en particular el presidente Juan María Bordaberry y el canciller Juan Carlos Blanco, sobre quienes recae la sospecha de que ordenaron los secuestros y asesinatos de Buenos Aires; y una investigación en el juzgado federal argentino a cargo del juez Rodolfo Canicoba Corral que puede culminar con el pedido de extradición de los autores materiales e intelectuales. En su momento los oficiales José Gavazzo, Manuel Cordero y Jorge Silveira y el policía Hugo Campos Hermida fueron procesados en Argentina por su vinculación con los asesinatos.

La causa uruguaya cobrará en los próximos días un impulso sustancial cuando se reciba desde Argentina la documentación oficial probando que los pasaportes de Michelini, Gutiérrez Ruiz y Wilson Ferreira Aldunate fueron retenidos por expresa solicitud del gobierno uruguayo de la época. Esa documentación había sido solicitada al Ministerio de Defensa y al de Relaciones Exteriores por iniciativa de la fiscal Mirtha Guianze, pero hasta la culminación del gobierno de Jorge Batlle los dos ministros, Yamandú Fau y Didier Opertti, no habían cumplido con la solicitud y habían dejado trascender que tal documentación no existía. Ahora se descuenta que los flamantes ministros, Azucena Berrutti y Reinaldo Gargajo, ordenarán la búsqueda de esa documentación y, en todo caso, averiguarán las razones de su desaparición.

Todo ello pone en difícil situación a algunos personajes conocidos: desde su refugio precario en Brasil (se sostiene que pronto levantará vuelo hacia Paraguay ante la eventualidad de que la justicia brasileña acceda al pedido de extradición de la justicia argentina por su participación en el Plan Cóndor) el coronel (r) Manuel Cordero ensaya pueriles excusas.

En una carta enviada a El País alega su inocencia de todos los crímenes que se le imputan y sugiere que puede probar que se encontraba en Uruguay cuando supuestamente actuaba en Buenos Aires; en todo caso, dice que siempre actuó, en Buenos Aires, en tareas de inteligencia ordenadas por sus superiores. (Al respecto, hay un antecedente: el finado Hugo Campos Hermida pretendió desmentir los testimonios de sus propias víctimas presentando ante una comisión investigadora documentos evidentemente fraguados sobre supuestos viajes a Estados Unidos cuando en Argentina ocurrieron los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz.)

En su ansiedad por blanquear su imagen, Cordero metió la pata: según declaraciones aparecidas el sábado 5 en La República, el abogado Julio Martín Favero dice que aceptó defender al prófugo después de recibir explicaciones sobre su inocencia en los asesinatos de los dos legisladores. Favero agregó: “El coronel Cordero me dijo, además, que a pedido del doctor Sanguinetti, entonces presidente de la República, estuvo reunido con las esposas de Michelini y de Gutiérrez Ruiz, respectivamente, aclarándoles a las mismas sobre su situación y dándoles la absoluta seguridad sobre su inocencia, aceptando las mismas las explicaciones dadas”.

Al parecer, el abogado fue burlado en su buena fe: como expresamente afirmó el senador Rafael Michelini, “es absolutamente falso que Cordero se haya entrevistado con mi madre para aclarar su situación en el asesinato de mi padre. Nunca mi madre recibió a Cordero y creo que tampoco lo hizo Matilde Rodríguez, viuda de Gutiérrez Ruiz”. Si la primera parte de las afirmaciones del abogado son falsas, entonces puede decirse que también son falsas las referencias que le hizo Cordero sobre las sugerencias del entonces presidente Sanguinetti. Pero, de todas formas, sería interesante que el hoy senador Sanguinetti explicara si efectivamente se reunió con Manuel Cordero para sugerirle que defendiera su inocencia ante las viudas de los dos legisladores asesinados.

Cordero también está implicado en el secuestro y asesinato de María Claudia, según la denuncia formulada en su momento por el poeta argentino. Este caso también debería ser investigado por la justicia si, como afirma el presidente Vázquez, no está comprendido en la ley de caducidad. Pero hay una diferencia con el de Michelini-Gutiérrez Ruiz: el expediente respectivo fue archivado en 2003 por orden del entonces presidente Batlle.

Resulta en extremo difícil argumentar que el asesinato de María Claudia y el robo de su bebé fueron acciones militares ordenadas por los mandos y ejecutadas como actos de servicio en la lucha contra la sedición. Por lo pronto Batlle (que confesó ante el senador Michelini que sabía que el capitán de Coraceros Jorge Medina había sido uno de los asesinos materiales de María Claudia) se abstuvo de dar explicaciones. Al respecto hubo algo insólito: antes de que Batlle se pronunciara sobre el expediente Gelman, el fiscal Enrique Moller (un magistrado hiperactivo, diligente y bien mandado) se atribuyó las potestades del Poder Ejecutivo ordenando el archivo del caso en aplicación de la ley de caducidad, una prerrogativa que sólo tiene el presidente. Si quería sacarle las castañas del fuego a Batlle, fracasó porque el juez que entendía en la causa, Gustavo Mirabal, no le hizo caso y reclamó la definición del presidente. Batlle finalmente firmó la resolución de archivar.

Sin embargo, ahora, ante la eventualidad de que otro presidente defina que el caso no está comprendido en la ley, Moller se adelantó a los acontecimientos y declaró que para él “es cosa juzgada” y que mantendrá el archivo del expediente. Según El País, “si el fiscal, que es el titular de la pretensión punitiva del Estado, se mantiene en la decisión de archivarlo, no será posible reabrirlo”.

Las cosas no son exactamente así: quien decidiría es el juez en función de una notificación del Poder Ejecutivo. Para ello es necesario que Vázquez decida, primero, revocar las decisiones adoptadas por Batlle; de hecho, al afirmar que los dos casos están fuera de la ley, Vázquez está afirmando que tanto Sanguinetti como Batlle se “equivocaron” al incluirlos en ella. Pero por ahora no habrá confrontación (y sobre todo Batlle no tendrá que explicar, todavía, por qué amparó al criminal Medina si no fue un acto de servicio el asesinato de María Claudia): Vázquez pretende llegar primero a la dilucidación de qué pasó con los restos de la nuera de Gelman, impulsando las excavaciones en el Batallón de Infantería 13 donde, según testimonios, fue enterrada la joven.

Los estudios de los técnicos de la Universidad confirmaron que en los predios del cuartel hay varios lugares donde pudieron producirse primero los enterramientos (entre 1975 y 1978) y después las remociones de los restos, la llamada Operación Zanahoria, entre 1984 y 1985. Insólitamente la justicia, que en su momento ordenó “no innovar” para que no se realizaran obras de saneamiento allí donde se supone que estuvieron las tumbas, y para preservar el terreno para los estudios antropológicos y forenses, ahora se toma su tiempo para levantar esa decisión de “no innovar”, cuando lo que se pretende es iniciar las excavaciones. Tanto sigilo y tanto tacto sólo confirman las sospechas: el 13 de Infantería guarda en sus entrañas una “caja de Pandora”.

BRECHA