Desafíos de las sociedades de la información y la comunicación

Si bien la Organización de Naciones Unidas y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) la convocaron formalmente con un carácter tripartito -gobiernos, sociedad civil y sector privado, donde los dos primeros tienen el poder de decisión y los dos últimos el carácter de observadores con derecho a proponer aportes-, en la práctica, el peso específico y el rol de cada uno de los actores es muy diferente.

En las mesas de negociaciones, básicamente han participado los gobiernos y el sector privado, quienes han buscado imprimir su sello en los acuerdos sobre principios, reglamentos y normas que orientarán al mundo de la comunicación y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en las próximas décadas. El tercer sector -las organizaciones de la sociedad civil- han peleado, paso a paso, espacios de incidencia, a fin de que sea aceptada una visión de la sociedad de la información centrada en el ser humano, poniendo énfasis en sus derechos y necesidades fundamentales.

Los organismos del sistema de Naciones Unidas, tales como la Unesco, la OIT y otros, han intervenido en el proceso de la CMSI con un status de observadores y aportando sus propios puntos de vista.

Los gobiernos no conforman un bloque homogéneo, siendo evidente la existencia de enormes diferencias entre los países desarrollados del Norte que pretenden, a través de la CMSI, ampliar y reforzar aún más su hegemonía comunicacional e informativa a escala mundial, y los países del Sur que participan con desventaja y en desigualdad de condiciones. Por su lado, el sector privado-transnacional que participa en la CMSI a través del Comité Coordinador de Interlocutores de Negocios y también a través de sus propias ONGs, pretende moldear a la "sociedad de la información" de acuerdo a sus intereses corporativos, proponiendo levantar todas la barreras que obstaculicen las inversiones y el comercio electrónico global de bienes y servicios.

Las negociaciones y los debates previos a la CMSI entre los gobiernos y el sector privado, se han centrado en torno a temas como apertura y estímulo a las inversiones en infraestructura en los países del Sur, el financiamiento del desarrollo de las telecomunicaciones en las zonas consideradas poco rentables, la creación de un entorno favorable para el comercio electrónico, y las instancias y mecanismos que regulen la Internet, entre otros. No obstante, los puntos de mayor polémica han girado en torno al rol de los medios de comunicación en la sociedad de la información, la gobernanza de Internet, los derechos de propiedad intelectual, la llamada "seguridad de la información" y el financiamiento para el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación - TIC-.

Tras 18 meses de complejas y arduas deliberaciones, el resultado de la primera fase de la CMSI fue una Declaración y un Plan de Acción que dejaron dudas y más de una frustración, pues pusieron de manifiesto la falta de voluntad política de los líderes políticos mundiales y los compromisos débiles de los gobiernos para superar las desigualdades tecnológicas e informacionales, mientras se ha postergado cualquier decisión de establecer un control democrático de Internet.

En cuanto al financiamiento del desarrollo de las TIC en el Sur, los países en desarrollo no lograron el apoyo de sus similares del Norte para crear un Fondo de Solidaridad Digital que permitiese acortar los enormes desequilibrios entre países ricos y pobres en información. Sin embargo, como una fórmula de compromiso, se acordó crear una Grupo de Trabajo, auspiciado por el Secretario General de la ONU, con el encargo de revisar los mecanismos de financiamiento. Mientras tanto se posicionaba la tesis de los "acuerdos de asociación", promovida por Estados Unidos y empresas como Microsoft destinadas a ampliar las inversiones hacia los países del Sur, conquistar nuevos mercados y consolidar el monopolio de las transnacionales, pero esta vez con el aval de organismos como el Programa de las Naciones Unidades para el Desarrollo, PNUD.
Con respecto al gobierno de Internet, la presión internacional logró que Estados Unidos aceptara discutir el tema, venciendo las posiciones intransigentes adoptadas inicialmente por este país.

Es conocido el control que ejerce Estados Unidos, de la mano de sus corporaciones, sobre la mayoría de aspectos del gobierno de Internet, a través de la organización Icann (instancia responsable de la asignación de nombres de dominio y números en Internet) y de la ubicación en su territorio de la mayoría de los servidores raíz por donde transita la mayor parte de los flujos informacionales a escala mundial. Sin embargo, este tema, como el caso del Fondo de Solidaridad Digital, quedó postergado y será tratado en noviembre de 2005 en Túnez, previo el informe que presentará un grupo de trabajo compuesto por delegados/as de gobiernos, sector privado y sociedad civil. Los países del Sur y la sociedad civil aspiran a que se democratice y haya una representatividad geográfica en el gobierno de Internet.

Los documentos oficiales, en su afán de conciliar visiones opuestas, terminaron conformando una mezcla de retazos contradictorios. Pese a ello, el mérito de la CMSI es haber despejado el camino para debatir estos temas en el marco multilateral de las Naciones Unidas, habida cuenta que anteriormente se ventilaban únicamente en el seno de las corporaciones transnacionales o formaban parte de las agendas acordadas por los países más desarrollados que las imponían unilateralmente al resto del mundo.

Para la sociedad civil, si bien el proceso de la CMSI ha estado lleno de frustraciones, ha abierto también nuevas vías para influir en las decisiones que toman los gobiernos, pero, sobre todo, ha brindado una valiosa oportunidad para encontrarse, intercambiar opiniones y elaborar propuestas alternativas conjuntas que se plasmaron en la Declaración denominada "Construir sociedades de la información que atiendan a las necesidades humanas", la misma que fue presentada a la CMSI y constituye una referencia fundamental para su segunda fase.

Como visión general, la Declaración de la Sociedad Civil esboza el tipo de sociedades de la información y comunicación que se aspira construir, enfatizando en que éstas deben ser sociedades incluyentes y equitativas, fundadas en los principios de la justicia social, el desarrollo sostenible, la democracia, la igualdad de género, la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. "En estas sociedades, todas y todos pueden crear, utilizar, compartir y diseminar libremente la información y el conocimiento, así como acceder a estos, con el fin de que particulares, comunidades y pueblos sean habilitados y habilitadas para mejorar su calidad de vida y llevar a la práctica su pleno potencial".

Respecto a la comunicación, se plantea que esta es "un proceso social esencial, una necesidad humana básica y el fundamento de toda organización social" y que nadie debería ser excluido de sus beneficios. "Esto hace necesario que cualquier persona deba tener acceso a los medios de comunicación y estar en condiciones de ejercer su derecho a la libertad de opinión y expresión, lo que incluye el derecho a tener opiniones y a buscar, recibir y difundir información e ideas a través de cualquier medio de comunicación y con independencia de fronteras nacionales. Del mismo modo, deben también mantenerse el derecho a la privacidad, el derecho al acceso a la información pública y al conocimiento de dominio público, y muchos otros derechos humanos universales que guardan relación concreta con los procesos de información y comunicación".

Respecto a la tecnología, categóricamente se señala que sus impactos sociales no son neutros como sostienen los defensores de las visiones tecnológico-mercantiles. Por esta razón, es importante elegir las mejores opciones técnicas que beneficien a la sociedad en su conjunto, cuidando que estas se conciban y apliquen de manera participativa, para impedir o reducir al mínimo sus impactos negativos.

Las diversas redes y organizaciones de la sociedad civil que participan en el proceso de la CMSI identificaron, en esta Declaración, las siguientes áreas centrales de preocupación, para las cuales demandaron acciones prioritarias por parte de la comunidad internacional:

– 1. Justicia social y desarrollo sostenible centrado en el ser humano "Pese a los enormes progresos realizados por la humanidad en el ámbito del conocimiento y la tecnología, la mayoría de las personas siguen viviendo en condiciones desastrosas", sostiene la Declaración.

"La desigual distribución de las TIC y la falta de acceso a la información que tiene una gran parte de la población mundial, fenómenos que suelen denominarse brecha digital, son de hecho una expresión de nuevas asimetrías en el conjunto de brechas sociales existentes.
Éstas incluyen las brechas entre el Norte y el Sur, los ricos y los pobres, los hombres y las mujeres, las poblaciones urbanas y rurales, aquellos que tienen acceso a la información y aquellos que carecen del mismo".

Combatir todas las formas de discriminación, exclusión y aislamiento que padecen los diferentes grupos y comunidades marginadas y vulnerables exige algo más que el simple despliegue de tecnologías. Su total participación en las sociedades de la información y comunicación requiere que rechacemos en un nivel fundamental la promoción de TIC para el desarrollo orientado al mercado y basado únicamente en la búsqueda de rédito económico.

"Habría que adoptar decisiones tecnológicas con el fin de atender a necesidades humanas esenciales y no sólo para enriquecer a las empresas o hacer posible el control antidemocrático de los gobiernos. En consecuencia, deben tomarse decisiones fundamentales sobre el diseño y la utilización de las tecnologías en cooperación con la sociedad civil, incluyendo a los diferentes usuarios y usuarias finales, y a las personas involucradas en el desarrollo de las tecnologías".

La erradicación de la pobreza y el combate de las desigualdades deben ser prioridades de la CMSI, para lo cual debe permitirse a las personas que viven en extrema pobreza, contribuir con sus experiencias y conocimientos para un diálogo que involucre a todas las partes. Otras medidas importantes son mejorar el acceso local a la información relevante en un contexto específico, impulsar la formación en TIC y asignar recursos financieros.

En tanto la humanidad es una e indivisible y cada miembro del género humano la representa, urge que los pueblos cultiven un sentido profundo de responsabilidad por el destino del planeta y el bienestar de toda la familia humana, siendo asimismo necesario que las personas y comunidades, así como los gobiernos, desarrollen una conciencia global y un sentido de ciudadanía mundial.

La justicia y los principios sobre igualdad de género, no discriminación y habilitación de las mujeres reunidos en la Declaración de Beijing, la Plataforma para la Acción (Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer) y la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw) deben sustentar a las sociedades de la información y la comunicación. Todas las acciones deben demostrar no sólo un fuerte compromiso, sino también un alto nivel de concienciación en pro de un enfoque intersectorial que elimine la discriminación resultante de las relaciones desiguales de poder en todos los niveles de la sociedad.

Las jóvenes son las principales creadores y creadoras, y más tempranos usuarios de las TIC. Por consiguiente, se les debe impulsar para aprender, diseñar, contribuir, crear empresas y tomar decisiones. La atención debe centrarse en los y las jóvenes que aún no han podido beneficiarse plenamente de las oportunidades que ofrecen las sociedades de la información y la comunicación, sostiene la Declaración.

"El acceso a la información y a los medios de información, en tanto bienes públicos y globales, debe ser participativo, universal, inclusivo y democrático. Debe eliminarse cualquier desigualdad de acceso en términos de brecha Norte/Sur, así como de desigualdad entre las naciones desarrolladas y menos desarrolladas. Los obstáculos que hay que superar son de naturaleza económica, educativa, técnica, política, social, étnica y de edad, y en todas ellas van incorporadas desigualdades de género que deben atacarse específicamente".

Las tecnologías de la información centradas en las personas pueden facilitar la erradicación de enfermedades y epidemias y contribuir a que las personas tengan comida, abrigo, libertad y paz. De la misma forma pueden contribuir a los esfuerzos para alfabetizar, educar e investigar pues "solo pueblos informados y educados pueden acceder y participar eficazmente en las sociedades del conocimiento".

– 2. Importancia crucial de los derechos humanos La Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, deben ser la base de las sociedades de la comunicación y la información, dejando plasmadas la universalidad, la indivisibilidad, la interrelación y la interdependencia de todos los derechos humanos -civiles, políticos, económicos, sociales y culturales-, incluidos el derecho al desarrollo y los derechos lingüísticos. Esto implica la plena integración y la aplicación y el cumplimiento concretos de todos los derechos, así como el reconocimiento de su importancia crucial para la democracia y el desarrollo sostenible.

Contraponiéndose a los intentos de muchos gobiernos de establecer censura, control arbitrario y limitaciones para la transmisión de información, la Declaración de la Sociedad Civil propone la vigencia plena del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que estipula que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, así como el derecho a investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. "Esta idea lleva implícita la libre circulación de opiniones, el pluralismo de las fuentes de información y los medios de expresión, la libertad de prensa y la disponibilidad de los instrumentos necesarios para acceder a la información e intercambiar conocimientos".

De la misma forma, enfatiza en la importancia del derecho a la privacidad consagrado en el artículo 12 de la misma Declaración, en circunstancias en que el acceso que tienen los gobiernos y el sector privado a los datos personales incrementa el riesgo de cometer abusos, incluidos el control y la vigilancia.

El acceder a la información producida y mantenida por el Estado y a documentos de empresas relativos a actividades de especial interés público; los derechos de los trabajadores y trabajadoras; de los pueblos indígenas; de la infancia; de la mujer y de las personas con discapacidades, constituyen otras tantas preocupaciones de la sociedad civil.

– 3. Cultura, conocimiento y dominio público La variedad de culturas e idiomas que se conservan o transmiten a través de la tradición oral o de diversos medios de expresión, nutren las sociedades de la información y la comunicación y contribuyen al acervo del conocimiento humano, que es la herencia del ser humano y el origen de la creación de todo conocimiento nuevo. Por eso es fundamental la protección de la diversidad cultural y lingüística, la libertad de los medios de comunicación, y la defensa y divulgación de los bienes comunes del conocimiento mundial, como parte del dominio público.

La diversidad cultural y lingüística no sólo debería protegerse, sino que ha de fomentarse. Esto implica tener la capacidad de expresarse, en su propio idioma, en todo momento, por cualquier medio, incluidos los medios de comunicación tradicionales y las TIC. Estas últimas pueden utilizarse para reducir brechas culturales y lingüísticas; siendo que ellas han contribuido, con demasiada frecuencia, a agudizar las desigualdades, como por ejemplo al reforzar el predominio de los idiomas basados en el alfabeto latino (sobre todo el inglés), marginando idiomas locales, regionales y minoritarios.

La libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación son la esencia de cualquier modelo de sociedad de la información y la comunicación. Desempeñan una función fundamental en la producción, recopilación y distribución de contenido diverso que integre a todos los ciudadanos y que permita la participación activa de éstos. Las consideraciones en materia de seguridad o de otro tipo no deben menoscabar la libertad de expresión y de los medios de comunicación. El pluralismo y la diversidad de los medios deben garantizarse mediante una legislación adecuada, a fin de que no haya una centralización excesiva de estos.

Los medios comunitarios gestionados por las comunidades y basados en la sociedad civil, tienen una función especial que desempeñar a la hora de posibilitar el acceso y la participación de todos y todas, en particular de las comunidades más pobres y marginadas, en las sociedades de la información y la comunicación. Es absolutamente fundamental la existencia de un marco jurídico y reglamentario que proteja y promueva los medios de comunicación comunitarios y a su vez garantice el acceso de los grupos más vulnerables a la información y la comunicación.

La privatización del conocimiento amenaza con restringir la disponibilidad de los conocimientos de dominio público. En lugar de ampliar y favorecer la divulgación de los conocimientos mundiales, los últimos avances tecnológicos están privatizando cada vez más la información, en tanto que la participación del sector privado en la investigación científica ha fomentado la creación de patentes y la privatización de los conocimientos científicos que han dejado de ser de dominio público.
En el caso de los pueblos indígenas, se han registrado muchos intentos de comercializar y explotar conocimientos indígenas tradicionales sin consultar a las comunidades, que son las legítimas propietarias de dicho conocimiento.

Los regímenes de propiedad intelectual existentes son insuficientes para proteger estos derechos de propiedad intelectual y la cultura de los pueblos indígenas. Se debe impedir cualquier intento de patentar conocimientos tradicionales. Los pueblos indígenas son los que han de decidir libremente si su patrimonio es de dominio público o no.

Además, estos deben tener el derecho de decidir si su patrimonio puede comercializarse y de qué modo.
Se están patentando, asimismo, programas informáticos (e incluso ideas), lo que ha dado lugar a una reducción de la innovación y al fortalecimiento de los monopolios. Los períodos de validez de los derechos de autor se amplían más y más haciéndolos prácticamente indefinidos, lo que va en contra del propósito legítimo de la protección de los inventos.

Los programas informáticos constituyen el medio y el marco reglamentario para la información digital, y el acceso a los mismos determina el acceso a esa información. Es fundamental que exista un acceso equitativo a los programas informáticos para integrar y fomentar las sociedades de la información y la comunicación digitales, para lo cual es esencial que haya plataformas diversas. En este marco, se debe fomentar el software libre y la libertad que permite utilizarlo, copiarlo, distribuirlo, intercambiarlo y mejorarlo. Por los beneficios que ofrece y los bajos costos, los gobiernos deben promocionar el uso de software libre en los colegios, en la educación superior y en la administración pública, plantea la sociedad civil.

Entorno habilitador. Las organizaciones de la sociedad civil sugieren que las consideraciones éticas y los principios de democracia y de gobierno responsable, deben sustentar a las sociedades de la información y la comunicación. La reglamentación nacional e internacional de estas últimas debe ajustarse a las normas internacionales de derechos humanos, agregando que el gobierno democrático de las sociedades a todos los niveles, desde el ámbito local, nacional e internacional, tiene que orientarse por los principios de apertura, transparencia, responsabilidad e imperio de la ley.

En cuanto al financiamiento e infraestructura, se apoya la propuesta de África de crear el Fondo de Solidaridad Digital que podría ser una "auténtica esperanza para los pueblos de África, si se gestiona de forma transparente y se orienta al fomento de los servicios públicos primarios, especialmente de poblaciones que viven en zonas desatendidas y aisladas". También se propone la creación del Fondo de Medios Comunitarios mediante una asociación de donantes de la sociedad civil que apoye e invierta en medios de comunicación basados en y dirigidos por las comunidades, así como en iniciativas de información y comunicación que se valgan de los medios de comunicación tradicionales y de las nuevas TIC.

Finalmente, las organizaciones de la sociedad civil se comprometen a llevar a la práctica la visión de las sociedades de la información y comunicación por ellas presentada, a la vez que hacen un llamado a los líderes mundiales para que asuman urgentemente sus propias responsabilidades, para, alcanzar, en forma conjunta, sociedades que se sustenten en los derechos humanos y en la capacidad de satisfacer las necesidades fundamentales para la vida de los seres humanos.