America Latina - Europa: hacia la integración de los pueblos

La Declaración cuestiona particularmente el rol de las transnacionales europeas en América Latina, las cuales, -como fue evidenciado con casos concretos en las sesiones del Tribunal Permanente de los Pueblos [1], realizadas en los dos primeros días del Foro-, "han dado lugar a conflictos masivos especialmente entre usuarias(os) de servicios públicos poniendo en riesgo el acceso a servicios básicos", y han causado un fuerte impacto ambiental. Resalta, a la vez, las expresiones de resistencia al modelo económico que han ido creciendo en ambos continentes, incluyendo el rechazo popular a la Constitución Europea, que califica de "neoliberal y militarista", por parte de los pueblos francés y holandés, y las luchas en América Latina y el Caribe contra los tratados de libre comercio; y expresa esperanzas por “la irrupción de gobiernos transformadores como el de Venezuela y el de Bolivia”, en esta región.

La Declaración concluye que "Nuestro mayor logro… ha sido el de poner en evidencia la convergencia de nuestros análisis y acciones contra las políticas neoliberales y los gobiernos que las impulsan". Luego del primer Enlazando Alternativas, realizado en Guadalajara en mayo de 2004, los organizadores señalan que se ha fortalecido la red bicontinental y se ha avanzado en la definición de posicionamientos comunes. Hacia adelante, una de las principales actividades de seguimiento será la continuación del Tribunal de los Pueblos sobre Políticas Neoliberales y Transnacionales Europeas en América Latina, con sesiones de consulta y profundización en varios países donde hay problemas clave, hasta la próxima Cumbre bicontinental que tendrá lugar en Lima en 2008, donde emitirá su veredicto.

Por un diálogo para solucionar problemas de los pueblos

Los temas centrales debatidos, en el tercero y cuarto día, fueron Orden neoliberal, Cooperación, Integración, Militarización y Derechos humanos y Diálogo político, que fueron objeto de cinco foros temáticos, además de decenas de talleres y seminarios autogestionados; eventos que a su vez aportaron a la elaboración de la Declaración.

La imposición del orden neoliberal ha redundado en la desindustrialización y en el desmantelamiento de los servicios públicos, lo cual, fue destacado en el foro, ha contribuido a colocar a Latinoamérica en una situación crónica de pobreza y exclusión social. En cambio, se considera que la defensa de servicios públicos modernizados puede ser un vector de justicia e igualdad entre las personas. Hubo consenso en la importancia de seguir luchando para impedir la privatización de los servicios públicos (agua, educación y salud, en particular). En cuanto al combate a las políticas de las instituciones financieras internacionales, se concluyó que implica también interpelar a los gobiernos que votan estas políticas.

Asimismo, el proceso de desestructuración del Estado ha ido de la mano con una reorganización del capital, expresada en más de 2000 tratados de protección a las inversiones firmados en la región desde 1994. Tales tratados establecen tribunales de arbitraje, donde se ventilan más de 50 juicios de empresas transnacionales contra Estados nacionales de la región. Ello implica ceder soberanía a un organismo que no rinde cuentas a nadie, se denunció.

El foro analizó tambien el cambio que se ha producido en el concepto de la cooperación europea con América Latina, pues ya no se destina principalmente al apoyo a iniciativas de los sectores populares, sino que se ha puesto al servicio de los objetivos comerciales de la UE. Además, se observa un enfoque diferenciado entre la política hacia los países más pobres, donde la prioridad son las Metas del Milenio, y hacia los países menos pobres, donde se trata de favorecer la inversión europea y el libre comercio. En este marco, la sociedad civil no tiene espacios para opinar. Por lo tanto, hubo acuerdo en la necesidad de reclamar espacios democráticos para poder incidir sobre las decisiones y en las evaluaciones de proyectos, como también en reclamar que la cooperación vuelva a vincularse a propuestas que surjan de los pueblos.

En el tema de los subsidios agrícolas, que a veces ha suscitado malentendidos entre organizaciones de ambos lados del Atlántico, se logró un consenso significativo: de que los gobiernos europeos deben mantener los subsidios a la producción del campesinado europeo (sobre todo a los pequeños productores), más no a la exportación de alimentos; y que en América Latina se necesitan también políticas públicas de apoyo al campesinado. En ese continente, a veces existen subsidios indirectos a la exportación; no obstante, éstos no siempre favorecen a los productores (ni siquiera a los grandes), pues fue demostrado que quienes más se benefician son las transnacionales de la comercialización.

La propuesta de la Cumbre oficial de establecer un diálogo político, no fue tal, pues no existe diálogo sino imposición desde Europa, según se afirmó en el foro. Un verdadero diálogo implicaría buscar soluciones a los problemas que vive la gente; y es lo que proponen emprender las redes sociales de los dos continentes, que apuntan a construir una alianza social más amplia, involucrando a nuevos actores (particularmente de Europa). También hubo intercambios sobre la relación entre movimientos sociales, organizaciones políticas y gobiernos progresistas, logrando cierto reconocimiento de la necesaria autonomía de los primeros con relación a los otros dos.

El evento condenó el uso del militarismo como brazo armado de la política neoliberal, y el servilismo de la Unión Europea respecto a la política belicista de los Estados Unidos, además de sus mutuos intereses armamentistas. Hubo denuncias del uso de las bases militares de Aruba-Curaçao, como centro de recopilación de información; y censura a la ocupación británica de las Islas Malvinas; como al uso del narcotráfico y del terrorismo como pretexto de la política militarista. Se pide, además, la salida de las tropas extranjeras de Haití.

En el acto de clausura, los y las participantes expresaron con una fuerte ovación su respaldo a la nacionalización de los hidrocarburos, anunciado el 1 de mayo por el presidente de Bolivia, Evo Morales, quien estuvo presente en el acto junto con el presidente venezolano Hugo Chávez y el vicepresidente de Cuba, Carlos Lage. Morales, a la vez que expresó su afinidad y solidaridad mutua con Venezuela y Cuba, destacó que el proceso boliviano es distinto, porque surge de las luchas sociales, y pidió a los movimientos presentes que lo controlen permanentemente.