Raoul-Marc Jennar, uno de los principales intelectuales comprometidos en el debate sobre el proyecto de Tratado Constitucional europeo, él votará «no» en el referendo francés. Cuando lo esencial está en peligro, hay que saber resistir, escribe. Estima que ese texto no está al alcance de la ciudadanía, que rompe con el objetivo inicial de la Unión Europea, profesa una doctrina neoliberal, niega los valores europeos y, además, que será muy difícil modificarlo.
1. Hay que oponerse a ese tratado al que se le da la fuerza de una Constitución, porque una Constitución es un texto corto, preciso, accesible para la mayoría.
Se nos pide que digamos «sí» a un texto de 448 artículos cuyo verdadero alcance es incomprensible sin la lectura de otras 440 páginas más de anexos.
Se nos pide que digamos «sí» a un texto confuso, que no define cierta cantidad de conceptos como «servicio de interés económico general» y en el que ciertos artículos se contradicen entre sí, un texto que no simplifica ni los tratados existentes ni las instituciones existentes.
Finalmente, se nos pide que digamos «sí» a un texto tan complejo que se hace a menudo incomprensible.
¿Cómo se puede decir «sí» a lo que no se entiende?
2. Ese tratado es inaceptable porque rompe con lo que constituyó durante cerca de 50 años la razón de ser y el motor de la construcción europea: la harmonización.
La esperanza europea es ante todo una esperanza de igualdad entre los pueblos: igualdad en cuanto al nivel de vida, igualdad de oportunidades.
Ese tratado abandona la harmonización para favorecer la competencia ya que la harmonización dependerá en lo adelante de las reglas del mercado y no de la voluntad común de los Estados miembros (art. 209).
3. Ese tratado es inaceptable porque no es una Constitución sino un catequismo neoliberal.
Ese texto reduce las funciones esenciales de los Estados a funciones de seguridad (art. 5).
Ese texto subordina todas las políticas sociales y las políticas ligadas al medio ambiente a las leyes del mercado -a una economía de mercado que no es ya la economía de mercado reglamentada que se ha venido aplicando desde la Liberación y que es compatible con un fuerte nivel de protección social, sino una economía de mercado que responderá a las reglas de la OMC (Organización Mundial de Comercio), una economía de mercado en la cual «la competencia es libre y no falseada» (art. 3).
Esa Constitución consagra el principio según el cual «todos los poderes emanan del dinero».
4. Lo que caracteriza ese «tratado que establece una Constitución para Europa» niega los valores nacidos en Europa:
– el laicismo nació en Europa.
La Constitución no lo consagra y decide reconocer y subvencionar los cultos. Permite la manifestación de opiniones religiosas en los lugares y establecimientos públicos.
– fue en Europa que logró imponerse -¡y a qué precio!- el principio de que «todos los poderes emanan del pueblo».
Ese principio fundador de la democracia ni se inscribe ni se aplica en ese tratado con fuerza de Constitución.
– fue en Europa que se establecieron las principales características de la democracia: separación de poderes y control del poder por el parlamento.
El texto que se nos pide que aceptemos organiza la confusión de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo y constitucionaliza lo que desde hace cerca de 50 años se ha dado en llamar «el déficit democrático europeo», o sea que la Comisión (cuya composición no depende del sufragio universal) conserve el monopolio de toda iniciativa y que la institución suprema de la decisión europea -el Consejo de Ministros- no tenga que rendir cuentas a nadie de sus decisiones políticas, ni a nosotros, ni a aquellos que nosotros elegimos para que nos representen en los Parlamentos nacionales o en el Parlamento Europeo.
– fue en Europa que se logró, a costa de luchas políticas y sociales extremadamente duras, imponer los derechos colectivos, los derechos sociales que organizan la sociedad como una sociedad de libertad.
Los derechos que la Constitución y la ley francesas consagraron -y que se encuentran también plasmados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, redactada en lo esencial por los europeos-, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la cultura, los derechos a las prestaciones (como el derecho al alojamiento, a lo mínimo que se necesita para sobrevivir, al trabajo, a un salario mínimo, al subsidio por desempleo, a la jubilación) no aparecen en el texto que nos piden que aceptemos.
Con excepción del derecho a la educación, ninguno de esos derechos se menciona en esa Constitución espuria que se circunscribe a otorgarnos el «derecho a trabajar» o que no va más allá de «reconocer y respetar» lo que existe pero sin adoptarlo.
– Fue en Europa donde se concibieron los servicios públicos, instrumentos que dan a los poderes públicos locales, regionales y nacionales la posibilidad de poner al alcance de todos los servicios a los que todos tienen derecho.
La Constitución que quieren imponernos desconoce la noción de servicio como proceso de implementación de los derechos colectivos. Desconoce los servicios públicos -que no pueden ser sometidos a las reglas de la rentabilidad- y menciona únicamente servicios de interés económico general sometidos a las leyes de la competencia y a la lógica de la rentabilidad.
– finalmente, fue en Europa que se conceptualizó la noción de un orden mundial basado en la fuerza del derecho en vez del derecho de la fuerza.
La Constitución que nos quieren imponer somete la política exterior y la defensa de Europa a la OTAN, de la que se dice claramente que es «la base de la defensa colectiva y la instancia para su implementación.»
¿Quién dirige la OTAN en última instancia?
El presidente de los Estados Unidos de Norteamérica.
5. Finalmente, esa Constitución es inaceptable porque no podremos cambiarla.
Siendo actualmente 25 países, 27 dentro de dos años, con países cuyos gobiernos, en manos de liberales de derecha o de izquierda, nos dicen que quieren unanimidad para que no haya la menor modificación en materia fiscal, en el aspecto social, en lo tocante al medio ambiente; con países que consideran que las concesiones hechas para entrar en la Unión Europea representan el máximo esfuerzo de una generación, la regla de la unanimidad -única en el mundo- nos impondrá esa Constitución no sólo a nosotros sino también a nuestros hijos y a nuestros nietos.
Recordemos el llamado de alerta de Mirabeau: «los hombres pasan la mitad de su vida forjando sus cadenas y la otra mitad quejándose de tener que cargar con ellas.»
Aceptar esa Constitución equivale a entregarnos y a entregar las generaciones venideras.
Es aceptar las cadenas que rompieron nuestros antepasados.
Rechazar ese texto es hacer que el trabajo vuelva a la máquina.
El rechazo de esa Constitución no significa el fin de Europa.
No habrá vacío ni caos. El tratado de Roma de 1957, modificado por los tratados sucesivos, se mantiene.
Ese texto no es Europa, sólo es un texto malo con una visión de Europa que no tiene nada que ver con Europa.
No somos ni banqueros, ni hombres de negocios. No somos tecnócratas ni políticos. Somos el pueblo.
Rechazar la Constitución propuesta es hacerles saber a los gobiernos y a los parlamentarios que queremos una Europa europea en la que la solidaridad se organice con libertad, donde la igualdad se imponga respetando la diversidad, donde el hombre viva en armonía con la naturaleza, en la que la relación con los demás pueblos rompa definitivamente con todas las formas de neocolonialismo y de imperialismo.
Estamos ante la decisión más importante que hayamos tenido que tomar desde 1945: resignarse o resistir.
Cuando lo esencial está en peligro, hay que saber decir «NO».
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